La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia presentó una ponencia de archivo ante el Congreso con el fin de cerrar el paso al proyecto que busca reactivar el Ministerio de la Igualdad.
El documento, elaborado en conjunto con el senador Germán Blanco, expone mediante cifras y reportes oficiales una serie de observaciones sobre la ejecución de recursos y la estructura administrativa de la entidad, cuestión que ha reabierto el debate acerca de la viabilidad y el funcionamiento del ministerio.
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Por medio de su cuenta de X, Valencia plantea que el fondo destinado para la Superación de Brechas presenta riesgos de manejo irregular de recursos.
Según la senadora, la propuesta gubernamental abriría la puerta a la administración de 1,9 billones de pesos sin los controles habituales del Estado al amparo de un mecanismo diseñado para operar bajo derecho privado.
Valencia advierte que el uso de estos fondos, gestionados a través de una fiducia, implicaría contratar sin el proceso público de licitación, sin registrar la información en plataformas oficiales ni establecer el destino ni el monto definitivo de cada contrato.
En palabras de Valencia, se trataría de “dinero listo para gastar como quieran en las elecciones de 2026”.
El documento enfatiza que el instrumento creado por el Gobierno Nacional permite ejecutar la mayor parte del presupuesto para el Ministerio de la Igualdad fuera de los procedimientos establecidos en la Ley 80. Según la ponencia, “el Minhacienda gira a Minigualdad, Minigualdad transfiere al Fondo, y la Fiducia contrata sin licitación”.
La también precandidata presidencial hace referencia a la existencia de una estructura duplicada con 541 funcionarios en la planta, 191 contratistas mediante órdenes de prestación de servicios y 259 personas vinculadas por el Fondo, generando lo que Valencia denomina una “nómina paralela”.
El análisis de la ponencia incluye también una revisión sobre la eficiencia de la cartera. Valencia señala que, pese a los recursos asignados, el ministerio ha ejecutado menos del 10% de su presupuesto en tres años, mientras que los avances en los proyectos de inversión apenas alcanzaron el 2,7% según un corte realizado en octubre de 2025.
Los senadores opositores aseguran que la mayor parte de los desembolsos se han orientado a pagos de comisiones fiduciarias y contratación administrativa, retrasando el impacto de las políticas sociales.
La ponencia concluye con un llamado a archivar el proyecto, argumentando que la figura planteada implica una sofisticada operación de triangulación de recursos públicos fuera de los marcos ordinarios de transparencia estatal.
Valencia cuestiona la insistencia del Ejecutivo en insistir con la iniciativa y sostiene que el verdadero objetivo del proyecto radica en facilitar la gestión discrecional de recursos en un periodo preelectoral.
Paloma Valencia radicará incidente de desacato en contra del presidente
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia anunció la presentación de un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro.
Según la congresista, el mandatario no cumplió la orden judicial que le exigía rectificar y ofrecer disculpas públicas por acusaciones que, a su juicio, afectaron su nombre.
La Oficina de Prensa de Valencia informó que la medida se radicará luego de que Petro publicara en X un mensaje que, según la senadora, no cumple los requisitos definidos por el juzgado.
El conflicto surgió el 29 de septiembre de 2025, cuando Gustavo Petro atribuyó a Valencia complicidad en la muerte de 6.402 jóvenes en los llamados falsos positivos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Un juzgado de Bogotá ordenó entonces al presidente retractarse y pedir disculpas, pero la funcionaria sostiene que el texto difundido por el mandatario omitió una disculpa explícita y reiteró señalamientos considerados falsos.
La congresista reiteró que la decisión judicial exigía una aclaración sin ambigüedades ni nuevos cargos.
Entre los argumentos de Valencia figura la afirmación de que Petro vinculó su gestión al periodo 2002-2010, pese a que ella solo ingresó al Congreso en 2014. Además, criticó que la respuesta presidencial no apareció en cuentas oficiales. Resumió: “la orden era clara, pero no fue cumplida”.
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