El inicio de la negociación salarial para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 puso en evidencia posturas divergentes entre el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos. El Ejecutivo, encabezado por el presidente Gustavo Petro, propuso un incremento del 11%, lo que elevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.580.085 mensuales.
La discusión se desarrolla en un contexto de alta inflación anual y a la espera de los resultados de la Productividad Total de los Factores, con un calendario que marca el 1 de diciembre como inicio formal de las sesiones de concertación y el 30 de diciembre como fecha límite para la fijación del nuevo salario.
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El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre y, de no lograrse consenso, se habilitarán jornadas extraordinarias a partir del 19 de diciembre. Si persiste la falta de acuerdo, el Gobierno podrá fijar el salario mínimo por decreto el 30 de diciembre. La ley colombiana exige que el aumento del salario mínimo supere la inflación anual, que se ubicó en 5,51% a octubre de 2025.
En este escenario, el Gobierno propuso un incremento del 11%, mientras que Fedesarrollo sugirió un ajuste entre el 6% y el 7% para evitar presiones inflacionarias y favorecer la formalización laboral. Por su parte, las centrales sindicales, incluida la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), insisten en que el aumento no debe ser inferior al 11%, con el argumento de que el salario vital para una familia promedio debería superar los $2.000.000.
Advertencias y argumentos de Acopi sobre el aumento
Ahora, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) advirtió sobre los riesgos de aprobar un aumento superior al 7% ($99.645), lo que lo llevaría de $1.423.500 a $1.523.145, por lo que señaló posibles efectos negativos en el empleo, la inversión y la estabilidad económica.
Dicho gremio gremio sostiene que “un incremento desproporcionado solo serviría para impulsar la inflación, anulando los beneficios que el alza busca generar en el poder adquisitivo de los trabajadores”. Según el análisis, un aumento excesivo podría reducir el salario real, afectar la inversión y poner en riesgo la estabilidad del empleo.
Además, advirtió que mayores costos laborales derivados de un ajuste elevado podrían frenar la contratación formal, incentivar despidos o incluso llevar a algunas empresas a la informalidad.
También, la asociación señala que “un escenario de inflación más alta obligaría al Banco de la República a mantener tasas de interés elevadas, restringiendo el acceso al crédito y limitando la inversión y el crecimiento empresarial”.
Propuesta técnica
Frente a este panorama, propone que el ajuste al salario mínimo se base en criterios técnicos, con lo que se tome como referencia la inflación proyectada para 2025, cercana al 5%, y la productividad total de los factores, que al primer trimestre se ubica en 1%.
Ante esto, argumenta que “el país enfrenta un contexto de productividad históricamente baja, lo que exige decisiones prudentes y sustentadas en evidencia técnica. Nuestra propuesta busca un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de las empresas”.
Impacto potencial en las mipymes y el empleo formal
Las mipymes, que generan la mayor parte del empleo formal en Colombia, serían las más afectadas por un aumento salarial superior al 7%. Acopi advierte que un incremento desproporcionado se traduciría en mayores costos laborales, lo que podría frenar la contratación formal y provocar despidos.
Por eso, alertó sobre el riesgo de que algunas empresas se vean forzadas a recurrir a la informalidad para sobrevivir, lo que impactaría negativamente en los avances logrados en materia de empleo formal.
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