Después de que el Estado colombiano formalizara la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, fabricados por la empresa sueca Saab, mediante un contrato valorado en 16,5 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro sacó pecho por su gestión en el negocio.
Sin embargo, esta operación, una de las compras militares más grandes en la historia reciente del país, en realidad culminó un proceso de cerca de 15 años que atravesó los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Petro.
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La firma del acuerdo, realizada el 14 de noviembre de 2025, generó controversia por supuestos sobrecostos, la presunta injerencia de la primera dama Verónica Alcocer y cuestionamientos sobre la pertinencia técnica de los aviones.
La necesidad de reemplazar la flota de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se identificó como prioritaria desde el gobierno de Santos, según una reciente investigación de El Espectador.
En 2013, el entonces brigadier general Carlos Eduardo Bueno incluyó al Gripen de Saab entre las opciones evaluadas, junto a modelos de Estados Unidos, Francia y Rusia.
Sin embargo, el contexto político, marcado por la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, desvió la atención y los recursos hacia ese proceso, lo que postergó la decisión. Las quejas por la antigüedad y los accidentes de los Kfir persistieron, pero el Ministerio de Hacienda descartó la compra por falta de fondos.
Durante la administración de Iván Duque, la urgencia de renovar la flotilla se mantuvo. El entonces ministro de Defensa Diego Molano defendió la necesidad de adquirir nuevas aeronaves para combatir el narcotráfico y proteger la soberanía nacional.
En ese periodo, Saab volvió a figurar entre los oferentes, junto a empresas estadounidenses y francesas. La pandemia de covid-19 en 2020 obligó a redirigir los recursos, lo que frenó la negociación.
El gobierno Duque dejó estructurada la compra y asignó USD 678 millones, pero el instrumento legal que habilitaba la operación venció sin que se concretara el contrato, según detalló El Espectador.
Al asumir Gustavo Petro la presidencia, las propuestas de Saab, Dassault (Francia) y Lockheed Martin (Estados Unidos) seguían vigentes. Aunque inicialmente Petro sugirió que los aviones franceses Rafale serían los elegidos, el alto costo y la imposibilidad de realizar una compra inicial rentable para la empresa francesa llevaron a reconsiderar la decisión.
El Gripen se consolidó como la opción preferida por su precio, la transferencia tecnológica y las compensaciones industriales ofrecidas.
El gobierno argumentó que la propuesta sueca incluía alrededor de 1,6 billones en compensaciones industriales y tecnológicas, el desarrollo de la industria aeronáutica nacional, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la financiación de plantas desalinizadoras para La Guajira.
Además, la transferencia tecnológica y la posibilidad de aterrizar y despegar en carreteras, sin necesidad de construir nuevas pistas, fueron factores decisivos. El anuncio oficial de la elección de Saab se realizó el 2 de abril, tras una reunión entre Petro, la embajadora de Suecia Helena Storm y el CEO de Saab Micael Johanson.
El nuevo Conpes y el Decreto 1001 de 2025 establecieron la hoja de ruta financiera y técnica, y la firma del contrato se concretó el 14 de noviembre, según la información recogida por El Espectador.
El paquete adquirido por Colombia incluye garantías de mantenimiento, apoyo logístico y entrenamiento hasta 2032. Los aviones Gripen pueden operar en carreteras, lo que elimina la necesidad de nuevas infraestructuras aeroportuarias.
Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa destacaron a El Espectador que la oferta sueca resultó la más competitiva en términos de precio y beneficios adicionales, como la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades industriales y de ciberseguridad en el país.
La firma del contrato desató una ola de críticas. La Contraloría General solicitó explicaciones al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la compra de las 17 aeronaves y la documentación de las alternativas evaluadas, motivada por el impacto fiscal y las dudas sobre la trazabilidad de la decisión.
En el contexto preelectoral, surgieron versiones sobre la supuesta participación de la primera dama, Verónica Alcocer, en las negociaciones, alimentadas por fotografías de su visita a Suecia. El presidente Petro negó cualquier injerencia de Alcocer y ordenó la publicación del contrato para disipar las sospechas.
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