El Gobierno de Gustavo Petro ha intentado sin éxito desmantelar el dominio de una empresa que lleva en el negocio estatal por dos décadas y que estaría relacionada con la familia Char en la provisión de medicamentos para la Policía Nacional, según una investigación de la revista Cambio.
A pesar de directrices presidenciales y múltiples procesos contractuales, las empresas vinculadas a este grupo económico mantienen el control del negocio, lo que evidencia las dificultades del Estado para diversificar proveedores y fomentar la competencia en la contratación estatal.
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Desde 2005, la provisión de medicamentos para la Policía y otras entidades públicas en Colombia ha estado centralizada en un solo operador logístico, aparentemente con la familia Char como protagonista a través de empresas como Éticos Serrano.
En los últimos siete años, tres grandes convenios han sido protagonistas el sector: el primero, entre 2018 y 2023, a cargo de la Unión Temporal Medipol 16; el segundo, de 2023 a mayo de 2025, adjudicado a Éticos Serrano Gómez; y el más reciente, también en manos de esta compañía. La magnitud del sistema es considerable: solo en 2024, la Policía reportó 6.289.448 atenciones a 527.992 usuarios, con una demanda de medicamentos en aumento.
La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia trajo consigo una directriz clara: romper la concentración del negocio y ampliar la lista de proveedores. El mandatario expresó públicamente su inconformidad con el esquema heredado, señalando en marzo de 2025 en la red social X el supuesto ‘amarre’ que le había dejado Iván Duque antes de terminar su periodo.
“Dieciséis días antes de mi posesión como presidente, Duque entregó un billonario contrato de medicamentos a políticos”, escribió el presidente en marzo de 2025.
Aunque no mencionó a la empresa de medicamentos, el mensaje hacía referencia al Acuerdo Marco de Precios firmado en junio de 2022 por Colombia Compra Eficiente (CCE), que otorgó la exclusividad de suministro a empresas seleccionadas para abastecer a entidades públicas de 15 departamentos, incluyendo la Policía y el Ejército, hasta finales de 2025. Entre los ganadores figuraron Éticos Serrano, la unión temporal Audidrogas (con mayoría de Audifarma) y Productos Hospitalarios.
No obstante, el proceso pronto se vio envuelto en controversias. En enero de 2023, CCE terminó anticipadamente el convenio con Productos Hospitalarios S.A., dejando a Éticos Serrano y Audidrogas como únicos proveedores.
Posteriormente, en abril de 2024, la agencia alertó a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre posibles prácticas restrictivas de la competencia en favor de Éticos Serrano, situación que se repitió en varios oficios.
El detonante fue la negativa de Audidrogas, que ofrecía los precios más bajos, a suministrar medicamentos por falta de “capacidad instalada”, lo que obligó a entidades como el Sena del Huila a comprar directamente a la empresa de los Char o declarar desierta la cotización. Audidrogas argumentó que su incapacidad era temporal y propuso una alianza con Éticos Serrano, lo que en la práctica consolidaba el control de la familia barranquillera sobre el proceso.
La situación se agravó cuando, en marzo de 2024, CCE suspendió el contrato tras detectar inconsistencias en el catálogo de medicamentos y el simulador de precios. Poco después, Audidrogas quedó inhabilitada para contratar con el Estado al no renovar su inscripción en el Registro Único de Proponentes, lo que dejó a Éticos Serrano como único proveedor autorizado. CCE consideró que esta situación contravenía la ley de contratación y decidió terminar el acuerdo seis meses antes de lo previsto, el 2 de mayo.
La reacción de Éticos Serrano no se hizo esperar. En un recurso de reposición dirigido a CCE, la empresa manifestó su inconformidad, alegando que la terminación del contrato fue “apremiante”, “sin motivación” y con apreciaciones “subjetivas”.
Según el documento conocido por Cambio, la compañía sostuvo: “El interés de la ANCP - CCE por terminar de cualquier modo el contrato Acuerdo Marco de precios de medicamentos CCE-247-AMP-2022, afectando los derechos de los proveedores contratistas, hace que se incurra en graves errores como la indebida notificación de la Resolución que excluye a un proveedor y termina el contrato, afectando entre otros, la transparencia y el principio de publicidad para que en término, los afectados puedan interponer los recursos que por Ley correspondan”.
CCE negó el recurso, argumentando que las notificaciones se realizaron correctamente y que las motivaciones para suspender el acuerdo estaban debidamente fundamentadas.
Ante la negativa, Éticos Serrano acudió a la vía judicial e interpuso una tutela contra CCE en agosto de este año, reiterando sus argumentos y sumando el impacto de la cancelación en la Dirección de Sanidad de la Policía.
El proceso de cotización para proveer medicamentos, abierto por la Policía en marzo, se cerró abruptamente antes del plazo oficial, generando desconcierto en la institución y en los oferentes. Un usuario externo a la Policía modificó la hora de cierre, y poco después, CCE notificó la suspensión del Acuerdo Marco, lo que sumió a la Dirección de Sanidad en un periodo de incertidumbre y llevó a solicitar acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Frente a la urgencia de garantizar el suministro de medicamentos a más de 600.000 afiliados, la Policía declaró una urgencia manifiesta en abril y buscó inicialmente a Drogas La Rebaja, entidad bajo control del Ministerio de Salud, para asumir la tarea. Sin embargo, según documentación técnica de la Policía citada por Cambio, Drogas La Rebaja carecía de la capacidad operativa necesaria. Por ello, el contrato de urgencia, por $217.000 millones, se adjudicó nuevamente a Éticos Serrano, mientras se preparaba una nueva licitación.
El proceso culminó a principios de noviembre con la adjudicación de un contrato por $271.000 millones a la unión temporal Polpharma, conformada por Éticos Serrano y la Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales, cuyo representante legal es José Manuel Carbonell, presidente del grupo Olímpica.
Actualmente, Colombia Compra Eficiente mantiene mesas de discusión con actores del sector farmacéutico para diseñar un nuevo acuerdo marco de medicamentos. Mientras tanto, la tutela de Éticos Serrano fue rechazada en primera y segunda instancia, y el expediente se remitió a la Corte Constitucional.
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