El gobierno de Gustavo Petro decidió reducir a 0% el arancel para diez subpartidas de hilados sintéticos y de algodón importados desde países sin acuerdo comercial, con una vigencia de un año. La medida, anunciada el 14 de noviembre de 2025, tiene como objetivo disminuir los costos de insumos y reforzar la competitividad de la industria textil y de confecciones Colombia, un sector que emplea a más de 1,5 millones de personas y agrupa a más de 70.000 empresas.
Sin embargo, la decisión generó controversia entre los gremios productivos, el sector privado y el Gobierno, debido a las posibles repercusiones en la producción nacional, el empleo y el comercio exterior.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que lidera Diana Morales, expidió el Decreto 1197 como parte de la consolidación de la Política de Reindustrialización. Según la funcionaria, la reducción arancelaria responde a la necesidad de “reducir costos de insumos, aliviar el desabastecimiento y fortalecer la competitividad del sistema moda frente a la creciente importación de bienes finales a precios reducidos”.
La ministra destacó que Colombia importa más de 100.000 toneladas de hilados, lo que representa alrededor de USD250 millones, mientras que las exportaciones de confecciones superan los USD450 millones. “Por cada dólar destinado a importar materia prima, el país está exportando casi 2 dólares en producto terminado”, indicó la funcionaria, que considera que la medida permitirá ampliar la capacidad exportadora y el valor agregado del sector.
Sin embargo, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), pese a que acepta que la norma busca aliviar los costos de producción y combatir el contrabando, dice que hay riesgos asociados a las reglas de origen en el comercio con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones del sector.
Qué dicen los algodoneros
La Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), que representa a los pequeños y medianos productores de algodón, expresó su rechazo al Decreto 1197. Según la organización, “esta medida, cuyo anuncio ya había impactado la cosecha del segundo semestre del año, disminuyendo el nivel de siembras, hoy termina por darles a los productores la estocada final, al punto de tener en vilo la comercialización de la cosecha Costa – Llanos 2025/2026”.
Sostiene que el sector ya enfrenta una situación crítica debido a los altos costos de producción, los bajos precios internacionales y la caída de la tasa de cambio, factores que obligaron a los productores a invertir en regiones como los Llanos Orientales.
La entidad lamenta que el decreto no contemple mecanismos de protección para la industria nacional, como la absorción prioritaria de la producción local antes de permitir importaciones a arancel cero. “Una medida que no consideró ningún tipo de protección para la industria nacional, como en su momento se propuso por parte de los productores e hilanderos a los Ministerios de Comercio y Agricultura”, señaló Conalgodón. Además, advierte sobre el riesgo de cierre de hilanderías como Fabricato, Colhilados, Hilandería Universal, Miratex y Lafayette, que tienen capacidad para procesar 45.000 toneladas de fibra de algodón y generan 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, en su mayoría mujeres cabeza de hogar.
El impacto del Decreto 1197 se extiende a las regiones productoras de algodón, como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, La Guajira, Meta, Casanare y Vichada, donde la cadena algodonera contribuye al desarrollo rural y la generación de empleo.
Advertencias sobre exportaciones y reglas de origen
AmCham Colombia también puso el foco en las implicaciones del Decreto 1197 para las exportaciones confecciones a Estados Unidos, que representan el 31% de las ventas externas del sector textil y de confecciones colombiano.
El gremio que preside María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo, advierte que el uso de hilados importados de países sin tratado de libre comercio (TLC), como India o China, puede hacer que las prendas pierdan la condición de originarias bajo la regla yarn-forward del TLC Colombia-Estados Unidos. Dicha norma establece que para que un producto textil sea originario de la región y obtenga beneficios arancelarios, el hilo (yarn) y todos los procesos posteriores (tejido y confección) deben haberse fabricado en uno de los países miembros del tratado.
En ese caso, las exportaciones dejarían de beneficiarse del arancel preferencial y pasarían a pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF), que promedia el 18,3%, más una tarifa recíproca adicional del 10%, para una carga total de 28,3%.
“La diferencia es contundente: la misma camiseta puede entrar a Estados Unidos con un 10% de arancel si cumple las normas de origen, o con cerca de 28,3% si se utilizan insumos del Decreto 1197 provenientes de países sin TLC y se pierde el beneficio del acuerdo”, advirtió AmCham Colombia. La entidad instó a las empresas del sector a evaluar de manera cuidadosa el impacto de la medida en sus operaciones de exportación, ya que el incumplimiento de las reglas de origen puede acarrear sanciones, multas y pérdida de competitividad en el mercado estadounidense.
Respuesta y justificación del Gobierno
Ante las críticas, la ministra Diana Morales defendió la decisión del Gobierno al argumentar que la oferta nacional de materias primas es insuficiente para cubrir la demanda de la industria confeccionista. Morales explicó, por medio de X, que “una parte de las exportaciones del sector confeccionista a EE. UU. paga aranceles por regla de origen, precisamente porque la oferta nacional de materias primas es insuficiente y la industria debe importar los hilados que requiere para producir”.
La ministra también destacó que la reducción de aranceles busca combatir el contrabando y fortalecer la formalidad y la competencia leal en la cadena productiva.
De paso, resaltó el potencial del sector moda en Colombia, que emplea a 1,5 millones de personas y reúne a más de 70.000 empresas, dentro de un ecosistema que involucra a 2,5 millones de personas. “Este valor agregado es la base de la industrialización moderna, sostenida en gran medida por mujeres y por unidades productivas de la economía popular”, afirmó la funcionaria al insistir en que la política industrial del Gobierno está orientada a corregir los costos estructurales de la producción y a potenciar una industrialización inclusiva.
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