El acuerdo entre Colombia y Suecia para la adquisición de aviones de combate Gripen quedó bajo la lupa internacional, luego de que el profesor Juan Carlos Portilla presentara una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La operación, valorada en varios millones de dólares, involucra a la empresa sueca Saab y su filial estadounidense, y despertó inquietudes sobre posibles irregularidades, especialmente tras conocerse que Verónica Alcocer, esposa del presidente de la República, Gustavo Petro, estaría llevando un estilo de vida lujoso en territorio sueco, según reportes de medios locales.
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El académico especialista en temas de derecho internacional publicó una misiva en la que señaló que es necesario que las autoridades norteamericanas investiguen el contrato, que podría haber sido pactado con conductas irregulares y corruptas por parte de varios funcionarios.
“El profesor y experto anti crimen financiero transnacional, Juan Carlos Portilla, ha remitido a la División Criminal Anti-Soborno Transnacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (ente federal de investigación criminal) una denuncia criminal para que evalúe e inicie, según corresponda, una investigación bajo la Ley Federal contra Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) por presuntas conductas corruptas vinculadas al contrato Gripen E/F con Saab AB suscrito con el gobierno del presidente Gustavo Petro y posibles beneficios a funcionarios del gobierno de Colombia y allegados, incluida Verónica Socorro Alcocer García, señalada en listas OFAC SDN”, se lee en el documento.
Según el experto, la querella se fundamenta en información divulgada por los medios de comunicación y el costo del multimillonario acuerdo. En ese sentido, solicitó que se realice una evaluación del contrato y los registros bancarios para determinar la transparencia del proceso.
“La petición se fundamenta en indicios periodísticos sobre estancias europeas de alto costo, transferencias transnacionales y el presunto uso de intermediarios y vehículos societarios que requieren: (i) evaluación preliminar de nexos con territorio o personas de EE. UU.; (ii) medidas investigativas para obtener registros bancarios, comunicaciones y documentos corporativos; (iii) coordinación con autoridades suecas, la autoridad de la Unión Europea Anti Lavado de Dinero y autoridades colombianas para intercambio de STRs y datos de beneficiarios finales”, puntualiza.
En efecto, Portillo pidió investigar los libros contables, los acuerdos entre las partes y la estancia de la expareja del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, que reside en territorio sueco.
“Examen de libros contables, acuerdos de agentes y controles internos de las entidades implicadas; y (vw) coordinación con OFAC y el Departamento del Tesoro si procede que la coincidencia entre la vida de lujo de Alcocer y la firma del contrato podría ser fortuita, pero subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva”.
A su vez, Portilla dijo que existen antecedentes que justifican la intervención de autoridades estadounidenses, ya que situaciones similares han derivado en pesquisas por parte del Departamento de Justicia en el pasado.
“Es por eso que hemos solicitado y radicado una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la unidad de fiscales especializados ante soborno extranjero, para que haga la investigación y saber si la empresa filial americana estaría también en la estructura corporativa en el contrato con Colombia”, declaró el educador.
La transacción entre Colombia y Suecia replica, en varios aspectos, el acuerdo que Brasil firmó en 2016 con la misma filial de Saab para dotar a su Fuerza Aérea de aviones de combate. En ese caso, el contrato alcanzó casi USD 5,6 millones, y la participación de una filial estadounidense permitió que la jurisdicción de Estados Unidos se activara.
Portilla recordó que, como resultado, en 2024 el Departamento de Justicia estadounidense inició una investigación sobre el contrato brasileño por los mismos aviones. “Brasil con la misma empresa filial de Saab firmó un contrato de casi 5,6 millones de dólares en 2016 a través de esa empresa y una filial americana; por esa razón se activó la jurisdicción de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2024 inició una investigación al contrato Brasil por los mismos aviones”.
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