Ministerio de Educación ordena vigilancia especial a la U. del Atlántico por “graves irregularidades” en elección de rector

El Ministerio de Educación decretó vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico tras detectar “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”. La medida se formalizó mediante la resolución 022126, firmada el pasado 14 de noviembre por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

De acuerdo con la cartera, durante una visita preventiva se encontraron inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes, así como documentos contradictorios sobre su trayectoria docente y directiva.

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Aunque la resolución no identifica al candidato implicado, fuentes cercanas confirmaron que se trata de Leyton Barrios, recientemente designado como rector y figura cercana al clan político de los Char.

El Ministerio también detectó acciones disciplinarias inusuales y de alto impacto contra los integrantes del Comité Electoral, quienes habían reportado estas anomalías. Estas actuaciones levantaron alertas sobre un posible uso indebido de los mecanismos disciplinarios para intimidar o silenciar a funcionarios que cumplieron con su deber de informar.

Otro punto crítico fue la negativa o demora de la Universidad del Atlántico en entregar los documentos requeridos por la autoridad de inspección.

“La Universidad no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos. Esta falta de transparencia afecta la confianza institucional y activa las medidas de la Ley 1740”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Esta omisión limitó la capacidad del Ministerio para verificar las hojas de vida de los aspirantes y generó dudas sobre la integridad del proceso.

A raíz de estos hallazgos, la cartera ordenó acciones inmediatas para garantizar la legalidad y estabilidad institucional. Entre las medidas se destacan:

Garantizar la transparencia del proceso de elección de rector, proteger a los funcionarios que denunciaron irregularidades, asegurar el acceso a toda la información requerida por la autoridad de inspección y restablecer la confianza institucional y frenar cualquier violación al debido proceso.

Una de las decisiones más contundentes fue la designación de un “Inspector in situ”, quien tendrá la misión de vigilar de manera permanente la gestión administrativa y financiera de la Universidad del Atlántico. El nombre de este funcionario aún no ha sido revelado.

El Ministerio dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas, modificar las existentes o levantarlas, según los avances que la institución demuestre en la superación de la crisis.

La elección del rector en la Universidad del Atlántico (la institución pública de educación superior más grande del Caribe colombiano) ha estado marcada históricamente por las disputas políticas y el interés de poderosos clanes de la región, como los Char, los Name y los Gerlein.

Para 2025, la universidad maneja un presupuesto cercano a $445.000 millones, lo que convierte la rectoría en un cargo altamente apetecido.

Una de las decisiones más polémicas previas a la elección fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que habilitó la reelección inmediata o diferida del rector por un periodo de cuatro años. Este cambio favoreció al entonces rector Danilo Hernández, figura cercana a la familia Char.

Sin embargo, el clan Char llegó dividido al proceso. En la consulta a la comunidad universitaria (que, aunque no es decisoria, define quiénes avanzan) Hernández obtuvo más de seis mil votos, respaldado por Arturo Char.

Del otro lado estaba Fuad Char, quien impulsó la candidatura de Leyton Barrios, exsecretario de Educación del Atlántico y exconcejal de Cambio Radical, quien quedó tercero en la consulta con 3.496 votos.

El Gobierno nacional, por su parte, veía con buenos ojos la candidatura de Wilson Quimbayo, distante del gobernador Eduardo Verano y cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El Ministerio insistió en que la vigilancia especial no afecta la autonomía universitaria, pero sí busca evitar vulneraciones al debido proceso, frenar presiones indebidas y proteger la integridad institucional.

La Universidad del Atlántico asegura que aún no ha recibido oficialmente la resolución, pero el Gobierno advirtió que las medidas tienen cumplimiento inmediato en cuanto se notifique a la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía.

Con este control reforzado, el Ministerio busca que el proceso de elección del rector avance en un ambiente de transparencia, legalidad y respeto por la comunidad universitaria, en un momento clave para la estabilidad de una de las instituciones educativas más relevantes de la región Caribe.