La operadora del Hotel Boutique Patio Andaluz en Cali presentó una denuncia formal por una presunta deuda millonaria de la Embajada del Estado de Catar en Colombia, luego de un desacuerdo surgido durante la COP16 de Biodiversidad, realizada en octubre de 2024.
El conflicto llegó a instancias legales tras la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la empresa hotelera ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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En el documento, la empresa Veleros reclama perjuicios superiores a 266 millones de pesos, derivados —según su versión— de un incumplimiento contractual por parte de la misión diplomática catarí, informó La FM.
Según el relato, todo comenzó en septiembre de 2024, cuando Daniel Esteban Arévalo Chaparro, identificado como Oficial de Enlace de la Embajada de Catar, contactó al hotel para reservar la totalidad del establecimiento durante la cumbre ambiental. El alojamiento estaba destinado al embajador Issa Jaber Ahmed Alkuwari, al tercer secretario Rashed Abdulla Ibrahim Budanash Alrumaihi y a varios miembros de la delegación.
Según el artículo, la intermediación comercial fue adelantada por BARAS S.A.S., empresa representada por Mónica Barona Rasmussen, quien —según Veleros— realizó inspecciones presenciales, revisó protocolos de seguridad y envió registros fotográficos a la embajada. Por estos servicios, el hotel pagó una comisión del 10 %, equivalente a $24,8 millones.
La documentación aportada por la empresa señala que el 10 de septiembre de 2024, la Embajada de Catar envió una carta oficial al representante del hotel, Alfredo Arana Velasco, garantizando el bloqueo total del establecimiento entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre.
Para Veleros, este oficio constituía una garantía de pago. El 30 de septiembre, bajo la gestión de Arévalo, se pagó un anticipo del 50 % del contrato: $208,9 millones.
La delegación comenzó a hospedarse el 20 de octubre sin reportar inconformidades. Sin embargo, el 28 de octubre, varios funcionarios abandonaron el hotel de forma abrupta.
Argumentaron que no existía una habitación blindada para la eventual llegada de Abdulallah Bin Abdulaziz Al-Subaie, una exigencia que Veleros asegura nunca fue pactada. El hotel permaneció cerrado al público durante todo el período reservado, lo que para la empresa generó una pérdida equivalente al 50 % restante del contrato: $222 millones.
El 30 de noviembre, Veleros emitió una factura por $430,9 millones, enviada a los correos oficiales sin recibir objeciones formales.
Pero el 17 de diciembre, el abogado Martín Ruiz Candamil, en representación de la embajada, rechazó la factura y pidió la devolución del anticipo, alegando incumplimientos y falta de estándares de calidad. La empresa negó las acusaciones, de acuerdo con la investigación.
Ante la falta de respuesta, Veleros convocó a once personas naturales y a BARAS S.A.S. a conciliación, reclamando además $44,7 millones en intereses moratorios. La compañía sostiene que la Convención de Viena y el Decreto 615 de 1935 no amparan actos comerciales como contratos hoteleros, por lo que los funcionarios serían responsables patrimonialmente.
La SIC investiga presunta cartelización hotelera durante la COP16
En septiembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación paralela que puso bajo escrutinio a Cotelco y a trece hoteles de Cali, por presuntos acuerdos para coordinar tarifas de alojamiento durante la misma COP16.
La Delegatura para la Protección de la Competencia investiga si el capítulo Valle de Cotelco participó en prácticas restrictivas y si la organización nacional facilitó el intercambio de información comercial sensible a través del Sistema de Información Hotelero (SIH).
Según la SIC, el sistema habría permitido que cualquier hotel afiliado consultara libremente datos estratégicos de sus competidores, afectando la libre competencia.
Ante los señalamientos, Cotelco adoptó compromisos para corregir conductas, entre ellos la adecuación del SIH, la creación de un programa de cumplimiento, la modificación de su código de ética y la obtención de un certificado de buenas prácticas en libre competencia del Icontec. Estas medidas tendrán una vigencia de tres años, bajo supervisión de la SIC.
La entidad también indaga reuniones y conversaciones por WhatsApp en las que presuntamente los hoteles compartieron tarifas y niveles de ocupación para atender la alta demanda generada por la cumbre. La SIC no ha revelado los nombres de los establecimientos involucrados debido a que la investigación sigue en curso.
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