Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, se refirió a muerte de menores en bombardeos contra las disidencias: “Siguen siendo niños, pero también combatientes”

Sigue el acalorado debate sobre las consecuencias de operaciones militares donde han muerto menores reclutados por grupos armados.

De hecho, sigue reuniendo posturas encontradas en el ambiente político colombiano del país. Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos y exministro de Justicia del presidente Gustavo Petro, expuso en declaraciones dadas ante la complejidad legal que rodea estos episodios.

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Allí Osuna afirmó que “el derecho internacional humanitario habla de que los niños reclutados como militares siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y, por lo tanto, si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”, citó Semana.

En la última semana, en el país presenció una ola de rechazo por parte de múltiples sectores ante los bombardeos en Arauca y Amazonas, hechos en los que más de una docena de adolescentes perdieron la vida.

De hecho, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió cinco indagaciones preliminares el martes 18 de noviembre para establecer si las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa respetaron todos los protocolos de precaución humanitaria antes de ejecutar las operaciones.

En ese sentido, sobre la responsabilidad legal, el procurador Osuna reiteró que bajo el derecho internacional, “la responsabilidad por haber reclutado menores es exclusiva de quien los ha reclutado, no del ejército que los combate”.

Añadió: “Si durante una operación militar una estructura criminal utiliza como combatientes a menores y el ejército neutraliza a toda esa estructura, la responsabilidad, porque sean niños, recae en la estructura criminal, no en la fuerza militar”, dijo.

Estas declaraciones coinciden con otras dadas por el exministro en agosto del año en curso, con respecto al secuestro de 33 militares del Ejército Nacional en el municipio de El Retorno, Guaviare, que fue calificado como un acto criminal con posibles implicaciones de menores de edad en labores de instrumentalización por parte de estructuras armadas ilegales.

En esa oportunidad, Néstor Osuna, comentó sobre el crecimiento del “uso indiscriminado” de menores de edad en las actividades de estos grupos. “Hay menores de edad involucrados, lamentablemente tengo que decir que sí. Ha incrementado el reclutamiento de menores”.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo instó al presidente Gustavo Petro a suspender los bombardeos contra objetivos donde se sospeche la presencia de menores reclutados.

El procurador Osuna describió la presencia de menores durante bombardeos como “una situación mucho más compleja”, y señaló que las investigaciones buscan precisar si esos niños estaban en medio de una operación en curso o si resultaron afectados en la fase de bombardear un blanco estratégico.

Una vez abiertas las investigaciones, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y la Dirección de Investigaciones Especiales iniciaron la recolección de pruebas necesarias, incluyendo testimonios y material fotográfico en las áreas de los operativos militares.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió los recientes operativos militares en los que murieron menores reclutados por grupos armados, y aseguró que las acciones ocurrieron en medio del uso de mecanismos de defensa legítimos por parte del Gobierno.

Según informó el propio Sánchez, los menores fallecidos en estas intervenciones participaron en actos dirigidos contra tropas estatales, motivo por el cual fueron considerados combatientes dentro de los enfrentamientos reportados.

Durante su intervención en medios, el ministro expresó que “intentaban matar a soldados y policías”, refiriéndose a los menores presentes en los combates. Detalló que, hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo confirma al menos 15 menores muertos en operativos recientes. Según el Ministro, el Gobierno ha realizado ocho bombardeos durante 2025, distribuidos entre acciones contra las disidencias del denominado “Mordisco” y el Clan del Golfo.

Sánchez afirmó que las acciones del Estado siguen los criterios del Derecho Internacional Humanitario y el principio de distinción, detallando que la finalidad siempre es proteger a la población y recuperar a menores víctimas del reclutamiento armado.

Asimismo, aclaró que los reportes de víctimas mortales menores de edad se publican únicamente tras la verificación de Medicina Legal, en cumplimiento de los protocolos de transparencia.

El titular de Defensa negó categóricamente que los bombardeos hayan tenido por objetivo a menores y explicó que estos hacían parte de estructuras criminales, responsables, entre otros delitos, del secuestro de militares.

Añadió además que, según la clasificación legal, los adolescentes de 12 a 18 años que participan activamente en hostilidades pueden considerarse objetivos legítimos bajo la normativa internacional.