El retraso en la actualización de la bonificación judicial dejó a 59.000 empleados del sector justicia sin recibir un componente esencial de su salario, lo que encendió las alarmas de la Contraloría General de la República por los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta el Estado colombiano.
A seis semanas de concluir el año, la delegada para el sector Justicia advirtió que el Gobierno nacional aún no ha expedido el decreto que fija el reajuste anual de la bonificación establecida por el Decreto 383 de 2013, la cual debe pagarse mensualmente y actualizarse cada año conforme al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Sin embargo, Infobae Colombia conoció que el decreto 1195 de 2025 sí se firmó, pero aún se están realizando los ajustes internos en las nóminas de los empleados para que pueda hacerse efectivo el desembolso del dinero correspondiente a la bonificación.
Dicho documento fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila el jueves 13 de noviembre del presente año.
No obstante, esta omisión, que ya suma once meses, ha impedido que los servidores judiciales reciban el pago ajustado, afectando directamente sus derechos salariales y prestacionales.
El organismo de control señaló que la falta de definición del reajuste expone al Estado a reclamaciones administrativas, tutelas y demandas que podrían derivar en pagos retroactivos elevados.
Según la Contraloría, esta situación puede traducirse en la constitución de pasivos contingentes y ciertos, lo que comprometería el equilibrio presupuestal del Ministerio de Hacienda y de las vigencias futuras.
Además, la acumulación de obligaciones económicas no reconocidas durante el año genera una brecha entre lo presupuestado y las obligaciones reales, poniendo en riesgo el principio de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal aplicable al sector.
Las entidades del sector justicia han solicitado en repetidas ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional que definan el reajuste y asignen los recursos necesarios para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan saldar la deuda acumulada.
La falta de respuesta ha generado presiones adicionales sobre el gasto de personal y ha afectado los principios de planeación, anualidad y sostenibilidad fiscal, tal como lo establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994).
La Contraloría enfatizó que, una vez se expida el decreto, las entidades deberán reconocer y cancelar la bonificación acumulada, lo que requerirá recursos adicionales y podría significar un incumplimiento de los principios presupuestales. Además, advirtió que la no revelación oportuna de estos pasivos en los estados financieros afecta la transparencia y precisión del reporte contable del sector público.
El organismo de control instó al Gobierno nacional a actuar con eficiencia en el uso de los recursos públicos, evitar reprocesos administrativos y prevenir mayores costos derivados de intereses, sanciones o ajustes tardíos. La Contraloría subrayó que la acumulación de obligaciones no reconocidas puede generar una brecha estructural entre las apropiaciones presupuestadas y las obligaciones reales de la entidad, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y genera impactos sobre la regla fiscal del sector.
En este contexto, la advertencia de la Contraloría General de la República resalta la urgencia de que el Gobierno nacional expida el decreto correspondiente y disponga los recursos necesarios para garantizar el pago oportuno y ajustado de la bonificación a los servidores judiciales, evitando así mayores riesgos fiscales y jurídicos para el Estado colombiano.
Gobierno actualizó bonificaciones judiciales para 2025
El Gobierno nacional oficializó la actualización de los valores de las bonificaciones judiciales para funcionarios y empleados de la Rama Judicial y servidores de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, medida que comienza a regir desde el 13 de noviembre de 2025.
La disposición, publicada mediante el Decreto 1195 de 2025, modifica las cifras establecidas previamente en el Decreto 2090 de 2024, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento salarial en el sector justicia.
Según el documento expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la modificación responde a los ajustes aplicados al régimen de empleo público contemplados en la Ley 4ª de 1992, como también a los procesos de nivelación salarial implementados en los últimos años. La medida tiene como propósito garantizar la equidad salarial y mantener el atractivo laboral dentro de las entidades judiciales.
La actualización incluye un nuevo listado de valores para las bonificaciones judiciales mensuales según los cargos ocupados. De acuerdo con la normativa, el Director Ejecutivo Nacional recibirá una bonificación de $1.781.945 mensuales, mientras que cargos como Subdirector y Asesor tendrán asignados montos de $1.436.091 y $1.223.273, respectivamente.
Otros cargos, entre ellos Auxiliar de Servicios Generales y Técnico, tendrán asignaciones de $545.610 y $753.482.
El decreto también contempla ajustes para los funcionarios de la Justicia Penal Militar y Policial. Aquellos que venían percibiendo valores superiores a $1.500.000 debido a reglamentaciones de los años 2018 y 2020 mantendrán esa cantidad, siempre que persistan las condiciones originales de la normativa excepcional. El resto de los funcionarios percibirán los montos definidos en la reciente actualización.
La medida detalla que los pagos de la bonificación durante 2025 responderán a lo acordado entre el Gobierno nacional y las federaciones y confederaciones sindicales que participan en la Mesa Central Estatal.
Según consta en el decreto, firmado por el ministro de Hacienda y Crédito Público y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, esta actualización busca mantener condiciones laborales competitivas en el sector justicia.
La disposición también deroga las normativas previas que se opongan a los nuevos montos y condiciones, proporcionando criterios unificados para el acceso a estas bonificaciones.
Más Noticias
Protesta en La Calera será indefinida desde el 19 de noviembre: estos son los puntos de bloqueo y restricciones
La comunidad bloqueará varias vías desde las 5:00 a. m. por la actualización catastral, permitiendo solo paso de emergencias y citas médicas, hasta que la Alcaldía responda al pliego de peticiones
ELN repartió café en Casanare para conmemorar 40 años del frente señalado del atentado con volqueta bomba en Tunja
Los guerrilleros dejaron las bolsas en viviendas de las veredas Plan Brisas y El Triunfo, donde los habitantes encontraron empaques con códigos que conducen a una plataforma digital del grupo
Histórica inscripción en Colombia: Hay 91 aspirantes para la Presidencia para las elecciones del 2026
La Registraduría confirmó la inscripción de 91 comités significativos de ciudadanos que buscan avalar candidaturas presidenciales mediante la recolección de firmas
Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este miércoles
Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad
Niño de 3 años murió tras quedar atrapado en un deslizamiento en el barrio La Torre, en Tarazá, Antioquia
Las autoridades reportaron daños en varias viviendas y confirmaron que el terreno donde ocurrió la emergencia presenta inestabilidad por las lluvias recientes
