El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, reavivó la discusión nacional sobre el reclutamiento forzado de menores al revelar una cifra que calificó como alarmante.
El congresista aseguró que este delito habría aumentado un 160% en los últimos años, señalando directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro por el incremento documentado en ese periodo.
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La declaración fue divulgada por Semana y se produjo en un contexto marcado por cuestionamientos públicos tras operaciones militares recientes en las que murieron menores de edad.
Triana sostuvo que el comportamiento del reclutamiento refleja un crecimiento sostenido durante la actual administración, y enfatizó que las advertencias sobre la presencia de menores en zonas de riesgo no fueron atendidas con políticas eficaces para prevenir la vinculación de niños y adolescentes a estructuras armadas.
Según dijo, los casos registrados en 2025 ya igualarían el total observado en 2023, lo que, a su juicio, demuestra la gravedad de la situación.
El congresista señaló que la información disponible muestra un avance considerable de los grupos armados en regiones donde históricamente han operado organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. De acuerdo con lo difundido por Semana, Triana afirmó:
“Este delito creció 160% entre 2021 y 2024 y, bajo esta administración, aumenta 38% anual. En 2025 ya igualamos todos los casos de 2023. Esa es la raíz del problema que el Gobierno no puede seguir ignorando. Si este Gobierno realmente quiere proteger a la niñez, la prioridad debe ser una política seria y efectiva para impedir que los grupos criminales sigan llevándose a nuestros niños”.
El representante añadió que, en su criterio, el Estado no tomó acciones suficientes para frenar que menores fueran reclutados, lo que terminó generando escenarios críticos durante operaciones recientes de la Fuerza Pública.
En su declaración afirmó que esta falta de reacción derivó en que adolescentes permanecieran dentro de campamentos donde se han efectuado bombardeos contra estructuras armadas.
Triana también reaccionó al mensaje publicado por el presidente Petro, quien difundió un video acompañado del texto “Invito a gritar Colombia Libre”. Frente a ese mensaje, el congresista respondió:
“Debería gritar por los niños que hoy están atrapados en medio de la guerra. No hable de libertad mientras nuestros menores siguen siendo reclutados y usados en el conflicto. Bajo su Gobierno, el reclutamiento forzado de menores ha aumentado un 160%: otra consecuencia lamentable de su fracasada paz total”.
La posición del congresista se enmarca en un debate que tomó fuerza después de que se confirmara la muerte de más de una docena de menores de edad en bombardeos ordenados contra estructuras asociadas a Iván Mordisco. Estos hechos llevaron a que diversos sectores solicitaran clarificaciones al Gobierno sobre los protocolos que se aplican en las operaciones aéreas y sobre los criterios utilizados para determinar los blancos de alto valor.
En las observaciones divulgadas por Semana, representantes de organizaciones de derechos humanos y autoridades como la Defensoría del Pueblo han insistido en que las alertas sobre riesgos de reclutamiento han sido reiteradas, pero la persistencia de estos casos demuestra que las medidas implementadas no han logrado revertir la tendencia.
La Defensoría ha identificado regiones donde se incrementaron las presiones sobre familias y menores, especialmente en zonas de presencia sostenida de grupos armados.
El congresista también recordó que el Gobierno Petro abrió nueve mesas de negociación con distintos grupos armados ilegales en el marco de la denominada paz total. Según lo recogido por Semana, Triana afirmó que ninguna de esas mesas produjo resultados favorables en términos de reducción de actividades delictivas, mientras que, en paralelo, se registró expansión territorial de dichas estructuras.
En diferentes entrevistas publicadas por Semana, algunos mandos de organizaciones armadas han expresado que no contemplan desmovilizarse ni entregar sus armas en el actual proceso. Estas declaraciones han generado dudas entre analistas sobre la viabilidad de avanzar en conversaciones mientras persisten acciones violentas y continúa el reclutamiento de menores en zonas de difícil acceso.
El representante insistió en que el país necesita medidas concretas para proteger a la niñez en los territorios más vulnerables y precisó que el aumento en los indicadores de reclutamiento exige una evaluación integral del enfoque de seguridad adoptado. Triana sostuvo que, sin una estrategia que limite la capacidad de los grupos armados para atraer o retener menores, el país seguirá enfrentando situaciones que afectan de manera directa a las comunidades rurales.
En medio del debate público, distintas organizaciones han reiterado que los protocolos de prevención y atención deben fortalecerse, especialmente en regiones donde existen antecedentes de reclutamiento intensivo. El pronunciamiento de Triana ha reactivado la discusión sobre las responsabilidades institucionales y los retos para impedir que niños y adolescentes continúen siendo utilizados en escenarios relacionados con el conflicto armado.
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