Sobreviviente a un red de trata de personas denunció complicidad de la Policía: “No nos dieron el mínimo de dignidad humana”

La historia de Allison Vivas expone con crudeza el funcionamiento de las redes internacionales de trata de personas y la vulnerabilidad de miles de mujeres latinoamericanas que, en busca de un futuro mejor, terminan convertidas en mercancía y viviendo bajo violencia psicológica y física.

Su testimonio, recogido por Blu Radio en el programa Relatos al Límite, reveló los mecanismos de engaño, explotación de este delito y cómo una persona cercana fue la encargada de engañarla para involucrarla en esa situación, calificada como un infierno.

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La oferta laboral llegó a través de una amiga cercana, que ya se encontraba en México y compartía en redes sociales imágenes de una vida aparentemente próspera: playas, compras y un empleo estable en un restaurante. La promesa incluía apoyo para los trámites migratorios y la gestión de un permiso de trabajo, lo que permitía viajar como turista y luego regularizar la situación laboral: “Yo podía trabajar, gastar poco y enviar el resto a mi casa o ahorrar para la universidad”, relató la afectada.

Del mismo modo, agregó que la persona que le ofreció trabajo le inspiraba confianza porque habían compartido por años: “Yo conocí a mis amigas en el 2013, saliendo del colegio, entre una cosa y otra, coincidí con ellas, hicimos como mucho clic, nos llevamos muy bien. Entonces, éramos un grupito, las más allegadas éramos tres. Y una de ellas fue quien consiguió la oferta de empleo y se fue primero. Entonces, empezó como a hacer publicaciones, como a sembrarnos la duda a todas de, de lo que ella estaba viviendo“.

Además, su decisión de migrar a México surgió por las presiones socioeconómicas, así como el interés de mejorar su vida y la de los suyos y el hecho de ver a su amiga con buena posición económica.

El proceso de viaje estuvo cuidadosamente orquestado, Allison recibió dinero para tramitar el pasaporte y justificar solvencia económica ante las autoridades migratorias.

Al llegar al aeropuerto, debía seguir instrucciones precisas: pasar por un filtro específico y declarar que visitaba a su supuesto novio, un representante de eventos: “Ellos saben perfectamente quién viaja, en qué vuelo va, cómo está vestida, por qué filtro va a pasar... Ellos saben absolutamente todo”, por lo que la víctima sugirió que existe una red con conexiones dentro de los controles migratorios.

Al llegar a México, fue recibida por un hombre que, aunque no inspiraba confianza, se comportó de manera respetuosa. Junto a otra joven recién llegada, fue trasladada a una casa ubicada en un fraccionamiento privado, donde conoció a Angélica, una mujer colombiana encargada de la vivienda y de la logística interna.

Allí, la tranquilidad comenzó a cambiar, debido a que le solicitaron el pasaporte bajo el pretexto de formalizar el contrato laboral y gestionar la documentación: “Tú ciegamente entregas tus cosas sin ningún inconveniente, porque es igual que en cualquier otro trabajo”, explicó Vivas.

El contrato que le presentaron incluía una deuda, que sumaba gastos de viaje, hospedaje, alimentación y otros conceptos, incluso el dinero que había devuelto tras pasar migración: “Hasta que no pagues tu deuda, no puedes empezar a recibir un sueldo completo”, detalló Vivas sobre lo comunicado por parte de los organizadores. Además, aclaró que la cifra superaba los $40 millones.

La dinámica laboral resultó ser una trampa

El supuesto restaurante era en realidad un establecimiento donde se ofrecían servicios sexuales. Las jornadas se extendían desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., con un solo día de descanso semanal. Las multas eran constantes: por ausentarse, por negarse a sentarse con un cliente, por estar indispuesta o por cualquier motivo que los explotadores consideraran: “Todo se convertía en multas. Si te emborrachabas, había una multa. Si no te querías sentar con un cliente, había una multa”. El sistema de comisiones apenas permitía reducir la deuda, ya que nunca recibían dinero en efectivo.

Asimismo, narró que la vigilancia era permanente, pues las mujeres solo podían salir acompañadas por miembros de la red, y los traslados al trabajo y de regreso estaban estrictamente controlados. En los bares, los clientes pagaban por los servicios y una persona de la organización se encargaba de llevar y traer a las víctimas. Incluso los intentos de propina fueron neutralizados: los billetes fueron reemplazados por papeles sin valor, eliminando cualquier acceso al dinero.

La presión psicológica y el miedo a represalias impedían cualquier intento de denuncia: “Yo no quería hacer un escándalo de sáquenme de aquí y me quiero ir porque yo sabía que me iba a ir en un cajón o simplemente me desaparecían y yo ya no iba a volver a ver a mi familia”, confesó.

Allison relató que su salud se deterioró durante el cautiverio. Una infección estomacal la llevó a la Cruz Roja, donde permaneció hospitalizada varios días y, al regresar, la organización le sumó el costo de la atención médica a la deuda: “Yo ya no tenía poder de decisión ni siquiera sobre mi cuerpo. Sentía que me había separado físicamente de todo lo que yo era”, relató.

La complicidad de las autoridades

Para la víctima era evidente que la Policía era cómplice del funcionamiento de esta red: “Cuando tú ves que la Policía entra a un lugar de esos y ves que todas son colombianas o que todas son extranjeras, ¿y eso no te resuena? ¿No te parece rarísimo? Ellos lo sabían”, denunció.

Sin embargo, un día llegó un operativo que puso fin a su pesadilla llegó de manera inesperada. Las autoridades realizaron una redada y deportaron a todas las mujeres, aunque el trato recibido fue degradante: “Nos dieron un trato inhumano en México, no nos dejaron bañarnos, no nos dejaron llamar. Nos encerraron en un salón de cristal, en un calor impresionante”, describió Vivas.

Posteriormente, fueron trasladadas a una estación migratoria en condiciones precarias, donde permanecieron hacinadas y sin acceso a servicios básicos.

Antes de ser repatriadas, las víctimas debieron firmar un amparo que, según descubrió Allison al leer el documento, exoneraba a los responsables de cualquier cargo y negaba que hubieran trabajado en contra de su voluntad: “A ellos los dejaron en libertad. El amparo fue simplemente firme acá, firme acá, firme acá”, explicó. La impunidad con los encargados de la organización es total: “Está haciendo exactamente lo mismo desde el 2011. En muchos países, con muchas mujeres. Lo han encerrado mil veces y nunca pasa nada”.

El regreso a Colombia no significó el fin del sufrimiento. Las autoridades las transportaron en un avión de la policía militar, esposadas y en condiciones indignas: “No nos dieron el mínimo de dignidad humana ni siquiera para deportarnos”, lamentó Vivas, asegurando que muchas de las mujeres no tenían recursos para regresar a sus ciudades de origen, y Allison acogió en su casa a dos de ellas hasta que pudieron volver con sus familias.

“No soy víctima, soy sobreviviente”, dijo Allison

Después de su experiencia, la afectada se convirtió en activista contra la trata de personas. Su historia, difundida masivamente, ha servido de apoyo a otras víctimas y de advertencia para aquellos que podrían caer en redes similares: “Se convirtió en un propósito de salvar vidas cuando tú a través de tu historia haces activismo para que a nadie más le pase”.

Allison participó en la Cumbre contra la Trata de Personas en Cartagena, en la que se refirió a la falta de conocimiento sobre las distintas formas de explotación: “El tráfico de personas no es solamente con fines de explotación sexual. Hay explotación laboral, fines de servidumbre, matrimonio servil, hay un montón de cosas que desconocemos”.

Allison insistió en la necesidad de crear conciencia social y de reducir la demanda que alimenta estas redes: “Lo principal es que si no hay clientes, no hay demanda, no hay negocio. Sin clientes no hay tráfico”.