Justicia Penal Militar investigará si hubo irregularidades en bombardeo en el Guaviare donde murieron siete menores

En la mañana del lunes 17 de noviembre de 2025, se conoció que la Fiscalía Militar y Policial abrió una investigación formal sobre la reciente operación militar en la zona rural de Puerto Cubarro, en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, que resultó en la muerte de veinte personas, entre ellas siete menores de edad.

El organismo judicial castrense comunicó que la indagación se llevará a cabo “con la máxima rigurosidad jurídica y técnica”, con el objetivo de analizar las estrategias utilizadas en la operación militar contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, grupo liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.

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“La institución asume este proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la Fuerza Pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”, aseguraron en un comunicado.

Así mismo, la Fiscalía militar aseveró que se respetará el debido proceso para la investigación de este caso.

“Esta Fiscalía reitera el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y de legitimidad del actuar de la Fuerza Pública en el marco de sus operaciones”, manifestaron.

El operativo fue ejecutado el 10 de noviembre de 2025 en el sector conocido como Puerto Cubarro, zona rural del municipio de Calamar, departamento de Guaviare.

Según el Ministerio de Defensa, esta operación militar tenía como objetivo contrarrestar el accionar criminal de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, que se concentran en parte del sur y occidente del país.

La cartera recalcó que esto permitió afectar a 26 miembros de la organización, aunque la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de varios menores y Medicina Legal recibió los cuerpos de siete adolescentes.

También, la operación en Guaviare permitió a las Fuerzas Militares incautar seis ametralladoras, veinticuatro fusiles, tres morteros, unas 30.000 municiones, cincuenta y una minas antipersonal y abundante material de guerra, según la cartera de seguridad.

La confirmación de las muertes de los menores de edad, realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 15 de noviembre, generó una oleada de rechazo y cuestionamientos provenientes de sectores políticos de oposición, organismos de derechos humanos y entidades de control.

Desde el sector defensa y la Presidencia de la República se ha justificado la acción militar. Tanto las autoridades militares como el presidente Gustavo Petro han argumentado que la operación buscaba evitar una emboscada planeada por aproximadamente 150 disidentes contra un pelotón de 20 militares desplegados en la zona.

El mandatario nacional defendió la ofensiva, argumentando que aproximadamente 150 disidentes planeaban emboscar a una veintena de militares, lo que motivó la autorización de un apoyo aéreo que incluyó el bombardeo.

“Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían también ser emboscados o contra emboscados (...) Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado y la sociedad. Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice”, aseveró Petro en uno de sus primeros post en X sobre el tema.

No obstante, la muerte de los menores ha intensificado las críticas hacia el presidente Petro, ya que en el pasado se manifestó enérgicamente en contra de este tipo de acciones cuando, bajo el gobierno de Iván Duque, también se registraron muertes de menores en bombardeos similares.

De hecho, las representantes a la Cámara Katherine Miranda y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, anunciaron que presentarán en el Congreso una moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez, que insiste en que la ofensiva se ajustó a los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En este sentido, la investigación por parte de la Justicia Penal Militar se suma así a la Procuraduría General de la Nación, que también indaga sobre el operativo militar y no descarta que se efectúen sanciones disciplinarias, en caso de hallarse alguna irregularidad.

“El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”, señaló el órgano público.