Cinco soldados que permanecían en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 9 de noviembre de 2025 recuperaron su libertad en Tame, Arauca, tras ser entregados a una comisión humanitaria.
Los militares liberados son Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Montive Sandonas, José Alejandro Moreno Pardo, Edgar Muñoz Castro y Leider Javier Navarro Barrientos; sus nombres se hicieron públicos tras confirmarse su entrega a representantes humanitarios, quienes facilitaron el proceso de retorno a la libertad.
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El secuestro de estos cinco uniformados se registró el 9 de noviembre, cuando el Frente de Guerra Oriental del ELN los retuvo en la vereda Santo Domingo, zona rural de Tame, Arauca.
Este grupo armado, conocido por su presencia en la zona, mantuvo a los soldados bajo su custodia durante poco más de una semana, hasta que se concretó la liberación.
La entrega de los militares se llevó a cabo con la mediación de una comisión humanitaria, que actuó como garante y facilitador del proceso.
Y es que la participación de este tipo de comisiones resulta fundamental en contextos de conflicto armado, ya que permite establecer canales de diálogo y asegurar la integridad de las personas retenidas.
Según explicaron desde el grupo armado a través de un comunicado en redes sociales, los uniformados fueron tratados de manera “respetuosa”, acorde con sus “condiciones de guerra”.
Además, los criminales afirmaron que la liberación y su comportamiento hacia los soldados serían una muestra del supuesto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario desde su perspectiva.
Por otra parte, los delincuentes hicieron un llamado a los jóvenes del país para que —según su narrativa— no se dejen “engañar con empleos mercenarios”, asegurando que podrían terminar expuestos a la guerra.
“A sus familiares les decimos, los entregamos sanos y salvos, el ELN siempre estuvo al tanto de sus preocupaciones por los seres queridos que hoy regresan a su lado”, finaliza el comunicado.
Y es que el secuestro de los soldados no es un caso aislado en la región.
Por ejemplo, en esta misma zona permanece privados de su libertad Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, de la Fiscalía, así como los integrantes de la Dijín Yordyn Pérez Mendoza y Franque Hoyos Murcia, todos aún en poder del ELN.
El fenómeno del secuestro, persistente en el departamento y en otros puntos de Colombia, se refleja en los datos más recientes: entre enero y noviembre de 2025, 437 personas han sido víctimas de secuestro, de las cuales 304 corresponden a civiles.
Quince de estos ciudadanos —incluidos funcionarios judiciales— siguen bajo retención ilegal. El resto de los casos afecta de modo directo a las fuerzas de seguridad.
Las cifras oficiales describen la magnitud del problema en el sector uniformado. En lo transcurrido del año, 133 militares y policías han sufrido secuestros; en siete eventos actuales, las víctimas continúan en cautiverio, divididas entre cuatro militares y tres policías.
Todas estas privaciones ilegales de la libertad se concentran en áreas con presencia activa de grupos armados ilegales.
Esta dinámica genera un clima de temor generalizado, dificulta la denuncia y multiplica los efectos del control territorial que ejercen esos grupos en zonas rurales y fronterizas.
Además, existe un conjunto de acciones que muestran el control social y militar que ejercen esas organizaciones ilegales sobre la población civil: amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y presencia persistente de minas antipersonal, lo cual agrava la situación humanitaria local.
En la zona también se advierte la posibilidad de enfrentamientos directos entre los grupos (por ejemplo entre ELN y facciones disidentes de las Farc) lo que podría elevar aún más los riesgos para comunidades rurales.
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