Riesgos y advertencias tras la integración de Tigo y Movistar: foco en competencia y tarifas

La autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la integración de Tigo y Movistar transformará el acceso a los servicios de telecomunicaciones en Colombia, pero trae consigo advertencias sobre riesgos considerables para la competencia y los usuarios.

Más del 90% de los consumidores quedarán cubiertos por dos grandes empresas, Claro y el nuevo operador fruto de la fusión, mientras que Wom, Virgin y otras firmas más pequeñas tendrán una presencia cada vez más limitada.

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En el análisis de la Comisión de Regulación de Comunicación (CRC), el principal riesgo detectado es la posibilidad de que los operadores de mayor tamaño logren armonizar sus políticas comerciales. Felipe Díaz, comisionado experto de la CRC, destacó ante W radio que el efecto más sensible podría verse en los mercados donde:

“los problemas de competencia que nosotros anunciamos eran básicamente efectos sobre los mercados minoristas de servicios móviles, que son los que usan todos los ciudadanos, básicamente se materializan en un incremento en la probabilidad de que las dos grandes empresas resultantes, Claro y la empresa que resulte de la operación entre Tigo y Movistar, tengan la facilidad de coordinarse en sus estrategias comerciales y que los precios pudieran incrementarse para el consumidor final”.

Esto significa que con dos grupos controlando casi la totalidad de las líneas móviles, se incrementan los incentivos y la facilidad para tomar decisiones comerciales similares, lo que podría traducirse en aumentos en las tarifas u ofertas menos competitivas para los usuarios finales. Según los fundamentos de la operación, los organismos de control buscan impedir la existencia de acuerdos tácitos entre los líderes, que puedan afectar el acceso a servicios vitales como la telefonía móvil y la conectividad de internet.

La fusión también impacta de manera directa sobre los operadores móviles virtuales (OMV) y los proveedores alternativos, quienes enfrentan el riesgo de depender en mayor medida de los precios y condiciones impuestos por la nueva empresa dominante. La preocupación de las autoridades es que, tras la operación, la compañía fusionada cuente con poder para modificar unilateralmente las condiciones de acceso de sus rivales a las redes y, a través de aumentos de tarifas o cambios en los contratos, limite el margen de maniobra de estos actores minoritarios.

Para mitigar ese riesgo, la SIC dispuso que la nueva empresa otorgue a Wom un descuento de entre 12,5% y 24,3% en el precio de acceso a las redes, mientras que Virgin y otros OMV podrán acceder a rebajas que van del 11% al 46% en función de su escala y tipo de acuerdos.

Esta condición se fijó como obligatoria y debe mantenerse durante el periodo de vigilancia posterior a la fusión. La SIC exige además que todas las modificaciones contractuales entre la empresa fusionada y los pequeños operadores sean reportadas semestralmente e incluyan información clara sobre el tipo de decisión (si fue unilateral, resultó de consenso o responde a la regulación).

El posible impacto en el segmento de internet fijo residencial también encendió las alarmas. Colombia cuenta actualmente con cerca de 10 millones de accesos domiciliarios a internet fijo, y la estructura resultante de la integración podría agravar la concentración de mercado en grandes ciudades.

En ese sentido, Felipe Díaz argumentó que “hoy en Colombia nosotros tenemos cerca de los 10 millones de accesos de Internet fijo y es importantísimo los efectos que pueden ocurrir producto de esta operación porque precisamente el Internet fijo tiene un alcance local, municipal y lo que ocurre es que vamos a tener a dos grandes agentes que en algunos lugares pueden alcanzar a tener cuotas del 80% o del 90%”.

Esta advertencia cobra especial relevancia en ciudades como Medellín y Barranquilla, donde la fusión podría crear condiciones de cuasi duopolio en el acceso a internet residencial, limitando la pluralidad de planes y el poder de negociación de los usuarios. Según la lógica del regulador, la falta de competencia efectiva en estos mercados locales incrementa el riesgo de aumentos de precios y restricciones en el acceso a soluciones tecnológicas.

Para resguardar la competencia, la SIC obligó a la empresa resultante a mantener la transparencia en facturación y respetar la tarifa máxima regulatoria vigente, bajo supervisión periódica. Toda alteración en la estructura tarifaria, el acceso a redes o paquetes de servicios debe ser reportada y auditada en ciclos semestrales. Además, la autoridad prohibió ejecutar campañas exclusivas destinadas a captar clientes de operadores pequeños y estableció restricciones específicas en la participación de sociedades vinculadas, como ONNET, para prevenir el uso indebido de información.

La superintendente Cielo Rusinque advirtió respecto a la posibilidad de sanciones económicas si la empresa fusionada incumple las obligaciones asumidas, indicando que “el incumplimiento de los condicionamientos establecidos puede acarrear sanciones cuyos montos ya conocen, con topes que podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Estas restricciones tienen vigencia por cuatro años, plazo en el que autoridades como la SIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones mantendrán auditorías técnicas y jurídicas sobre todas las decisiones relevantes para el sector. El objetivo final es que la consolidación empresarial no derive en una disminución de la competencia ni en desventajas para los usuarios colombianos, quienes seguirán bajo supervisión en cuanto a las condiciones y precios de sus servicios móviles, de internet y televisión residencial.