El debate sobre el uso de bombardeos en operaciones militares volvió a tomar fuerza tras recientes operativos en zonas del sur del país donde han resultado fallecidos menores de edad. En medio de las discusiones sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la responsabilidad del Estado en la protección de niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales, el presidente Gustavo Petro reiteró la legitimidad de las operaciones autorizadas durante su gobierno y compartió un artículo que critica directamente los ataques en los que mueren menores.
Petro defendió nuevamente las operaciones aéreas ordenadas por su administración y afirmó que cumplen con el DIH, mientras difundió un artículo de 2021 titulado “Bombardear niños no es una operación exitosa”, cuyo contenido cuestiona la validez de cualquier ataque militar que produzca la muerte de menores reclutados por organizaciones armadas.
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El mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje en el que se refirió al estatus de los menores en escenarios de guerra y acompañó el texto con el artículo elaborado por la organización Dejusticia. En su mensaje afirmó: “Esclarezcamos que pasa cuando mueren menores en la guerra, sin decir que son máquinas de guerra, un menor siempre es una víctima. ¿Cuándo es combatiente? Cuándo se comete un crimen de guerra según el DIH. ¿No queremos que menores mueran en la guerra? El camino es establecer inteligencia donde se puede pero en el fondo siempre es la paz”.
El documento citado por el presidente fue publicado el 25 de octubre de 2021, y en él se analizan tres bombardeos realizados por las fuerzas armadas en 2019, 2021 y septiembre de 2021. En estos operativos murieron 8, 3 y 4 menores de edad, respectivamente.
El artículo plantea la pregunta: “¿Es realmente exitosa, o quirúrgica, una operación en la que el Estado mata, intencionalmente, menores de edad?”. El texto señala que lo que inicialmente parecía un episodio aislado se convirtió, con el paso del tiempo, en un patrón donde diversas autoridades calificaron como exitosas operaciones militares pese a la muerte de menores reclutados.
El documento recuerda que las autoridades de la época justificaron los bombardeos con el argumento de que los grupos armados convertían a los menores en parte activa de sus estructuras. En su análisis, el autor señala que la discusión jurídica exige determinar si estos niños pueden ser considerados combatientes, y si los ataques respetaron los principios de proporcionalidad, precaución, necesidad militar y humanidad.
El artículo concluye con la afirmación: “Tal vez debamos cambiar lo que entendemos por éxito, porque en la guerra el verdadero éxito no puede implicar la muerte de niños, niñas y adolescentes”.
Cabe recordar que Petro ha autorizado 12 bombardeos desde el inicio de su administración. Según el mandatario, estas operaciones han sido dirigidas contra estructuras armadas ilegales que califica como “ejércitos privados del narcotráfico”, entre ellas disidencias de las Farc y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El presidente ha explicado que estos ataques se realizan bajo criterios del DIH y contra personas que considera objetivos militares al haber tomado parte en hostilidades. En relación con el reciente operativo en Guaviare, Petro indicó que tomó personalmente la decisión porque la inteligencia advertía la posibilidad de una emboscada contra un grupo reducido de soldados.
Entre tanto, la discusión pública sigue abierta. Los hechos en Guaviare y la difusión del artículo de 2021 han reactivado un debate de fondo: ¿cómo asegurar la protección de menores reclutados por grupos ilegales sin limitar las capacidades operacionales de la fuerza pública? ¿Qué estándares deben prevalecer en contextos donde la frontera entre combatiente y víctima es impuesta por los mismos grupos armados?
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