Las acciones militares ordenadas en Guaviare contra un grupo disidente de las Farc han colocado al presidente Gustavo Petro en el centro de la polémica, luego de reportarse la muerte de menores de edad utilizados como combatientes por esa organización. Según registros de la Defensoría del Pueblo, serían seis las víctimas infantiles, mientras que Medicina Legal eleva ese balance a siete.
A pesar de los severos señalamientos recibidos por parte de numerosos críticos, uno de los opositores más reiterados de Gustavo Petro, Enrique Peñalosa, en un mensaje en su cuenta de X dijo que “estaba de acuerdo” con Gustavo Petro. “Eso tiene costos dolorosos” comentó el exalcalde de Bogotá en su mensaje.
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El presidente Gustavo Petro abordó públicamente en su cuenta de X las consecuencias del operativo militar en Guaviare, afirmando que toda pérdida de vidas es un hecho lamentable, en particular la de menores de edad.
Explicó que la decisión se tomó para evitar una posible emboscada a jóvenes soldados, ya que de haber permitido el avance de los ciento cincuenta hombres de Iván Mordisco por la selva, estos habrían podido atacar a las tropas que se encontraban a pocos kilómetros. Petro señaló que asumió el riesgo con el objetivo de proteger a los uniformados y que la elección implicaba afrontar consecuencias difíciles.
Añadió que es sencillo criticar desde la distancia, mientras que en terreno resulta complejo evaluar los riesgos al intentar recuperar zonas bajo control de organizaciones armadas, lo que requiere tomar decisiones bajo presión y con costos significativos.
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, escribió el jefe de Estado en su publicación.
Fue a este mensaje al que Peñalosa contestó. En su respuesta el político opositor manifestó que compartía el planteamiento presidencial sobre la necesidad de enfrentar con decisión los desafíos impuestos por los grupos armados ilegales. Reconoció, además, que el crimen organizado ha forzado a la sociedad colombiana a participar en una confrontación que nadie deseaba, pero en la que considera imprescindible avanzar para recuperar la estabilidad, aún cuando ello implique enfrentar consecuencias difíciles.
“En esto estoy de acuerdo con @petrogustavo. El crimen organizado nos metió en una guerra. Ningún colombiano la quería. Pero ahora tenemos que ganarla y eso tiene costos dolorosos”, contestó el exalcalde de la capital de Colombia por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.
A diferencia de Enrique Peñalosa, otros opositores cuestionaron con dureza la posición del presidente. Uno de los señalamientos más críticos provino del precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, que se refirió al operativo y a la postura adoptada por Gustavo Petro en medio de la controversia. Cárdenas consideró contradictoria la justificación del mandatario, recordando sus posiciones previas y enfatizando las consecuencias trágicas de la acción militar.
“La Paz Total no solo es un fracaso, no solo ha inundado al país de coca, sino que cuesta vidas. Un presidente que se opuso a los bombardeos en campaña, que ha pedido la renuncia de ministros de Defensa por hechos similares en el pasado, hoy sale a justificar un bombardeo que dejó seis menores muertos. Inaceptable”, escribió el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.
Con respecto a las palabras del mandatario, estas evidencian el dilema que enfrenta el Gobierno al elegir entre salvaguardar a la población civil o garantizar la integridad de sus propios militares durante enfrentamientos con organizaciones armadas fuera de la ley.
La acción militar dirigida contra Iván Mordisco y su grupo, en la que fallecieron niños y adolescentes, volvió a colocar en primer plano la discusión acerca de hasta dónde puede llegar el Estado y cuáles son sus obligaciones al intentar retomar áreas bajo dominio de fuerzas ilegales.
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