Tigo y Movistar harían que suban los precios de los planes de datos y haya menos cobertura: hay petición de WOM a Petro

La inminente decisión sobre la integración Tigo Movistar encendió las alarmas en el sector de las telecomunicaciones en Colombia. WOM, uno de los principales operadores alternativos, solicitó de manera pública al presidente Gustavo Petro que intervenga para frenar la operación, al advertir que su aprobación crearía un duopolio telecomunicaciones junto a Claro, con el control de más del 90% del mercado. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene hasta el 21 de noviembre de 2025 para pronunciarse, en un proceso que podría redefinir la competencia y el acceso a servicios para millones de usuarios.

En una carta abierta fechada el 13 de noviembre de 2025, WOM expuso sus argumentos ante el mandatario, al señalar que la integración “creará una estructura duopolística en el mercado de las telecomunicaciones, con dos grandes actores, Claro y Tigo-Movistar, que controlarán más del 90% del mercado. Esto no se puede permitir”.

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Según la compañía, la operación traería consecuencias negativas como el aumento de precios al consumidor, reducción de la cobertura, ampliación de la brecha de conectividad y profundización de la desigualdad territorial y socioeconómica. WOM instó a que, en caso de autorizarse la integración, se impongan “condicionamientos estrictos, que permitan que los pequeños operadores sobrevivan, crezcan y puedan competir eficazmente, en beneficio de todos los usuarios”.

La postura del presidente Gustavo Petro es clara en el rechazo a los monopolios y carteles empresariales. Por medio de publicaciones en X, Petro afirmó que “la orden de la constitución es competencia, comunidades y Estado. El mundo empresarial privado no debe estar compuesto de carteles y monopolios”. Además, resaltó que “la SIC tiene la indicación del presidente de atacar toda formación monopólica y de carteles, en el mundo empresarial colombiano”.

Dichas declaraciones se produjeron ante la sanción impuesta por la SIC por $8.000 millones a la Dimayor y cinco clubes de fútbol profesional por prácticas anticompetitivas que restringieron la movilidad de jugadores y afectaron la competencia en el mercado laboral deportivo.

Frente a las preocupaciones regulatorias y del mercado, Tigo y Movistar presentaron propuestas de compromisos ante la autoridad de competencia. En una de ellas ofrecieron vender el servicio de roaming nacional a operadores como WOM a un precio de $1,6 por megabyte, cifra que la SIC consideró insuficiente.

Posteriormente, ajustaron la tarifa a $1,4 por megabyte, con el objetivo de mejorar las condiciones y responder a las inquietudes del regulador.

La definición del precio resulta crucial, ya que determina la capacidad de los operadores de menor tamaño para competir en igualdad de condiciones frente a los grandes actores que buscan fusionarse. El acceso equitativo a la infraestructura y tarifas competitivas de roaming nacional se han convertido en puntos centrales del debate, pues de ellos depende la diversidad y la competencia en el sector.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) identificó tres áreas sensibles en la integración: acceso y originación móvil, servicios móviles e internet fijo residencial. En los segmentos, la operación podría aumentar la concentración y reducir la competencia, en especial, en las principales ciudades del país.

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) manifestó su apoyo a la integración y autorizó el uso compartido del espectro radioeléctrico entre Tigo y Movistar, aunque insistió en la necesidad de establecer salvaguardas para proteger la libre competencia. El MinTIC considera que la operación puede aportar beneficios, siempre que se implementen condiciones que eviten la consolidación de un duopolio y garanticen la pluralidad de opciones para los usuarios.

La inquietud por el futuro del mercado no se limita a WOM. En una carta dirigida a la superintendente, Cielo Rusinque, representantes de operadores alternativos como Suma Móvil, Lov Telecomunicaciones, Velonet, Legon Telecomunicaciones, IP Technologies y Finetco solicitaron que, en caso de autorizarse la integración, se impongan condiciones estrictas para salvaguardar la competencia.

Los firmantes argumentaron que los compromisos presentados por Tigo y Movistar “no garantizan un entorno competitivo ni incentivan nuevas inversiones, debido a la ausencia de mecanismos de replicabilidad, auditoría continua y una vigencia adecuada”.

En la comunicación, advirtieron: “Tal y como están planteados estos compromisos, con medidas débiles, que no consideran la replicabilidad efectiva ni la auditoría continua, hacen insostenible nuestra permanencia en el mercado”.

Además, alertaron que una aprobación sin condiciones robustas podría modificar de manera irreversible la estructura competitiva del sector, limitando la diversidad de opciones para los usuarios y obstaculizando los avances en la reducción de la brecha digital.