Procuraduría abrió investigación contra exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, salpicada en el escándalo de la Ungrd

El avance de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que empezaron a quedar al descubierto con el megaescándalo de los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira tendría una nueva protagonista. Se trata de Alethia Arango, exsubdirectora de la entidad y exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

La Procuraduría General de la Nación confirmó el miércoles 12 de noviembre de 2025 un proceso disciplinario en su contra, tras ser mencionada en el entramado de direccionamiento de contratos y sobrecostos que involucra a varios exfuncionarios de alto nivel. Según el órgano de control disciplinario, existen motivos para determinar cuál fue el rol que cumplió la exdirectora Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres en la capital antioqueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de esta investigación se remonta a la colaboración entregada por Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la Ungrd, que desde prisión proporcionó a la Fiscalía una matriz de colaboración. En ese documento, expuso detalles sobre el presunto esquema de adjudicación irregular de contratos y sobrecostos, y señaló a Arango como una de las implicadas de una serie de actuaciones irregulares en la unidad, durante la administración de Olmedo López Montaño.

En específico, se le acusa de la adjudicación de 16 contratos por un valor superior a 400.000 millones de pesos, durante su gestión como subdirectora para la Reducción del Riesgo. Según los informes, estos contratos registraron anomalías y no han mostrado avances significativos, pese a que los contratistas recibieron anticipos cercanos al 20% del valor total, en una situación que denunció el hoy director de la Ungrd, Carlos Carrillo.

Este testimonio ha sido clave para que la Procuraduría avance en la recolección de pruebas y en la citación de la exfuncionaria, con el objetivo de esclarecer los hechos bajo investigación. Frente a este proceso, el concejal de Medellín Alejandro de Bedout instó de manera pública a Arango para que colabore con las autoridades y revele toda la información que posea sobre las supuestas irregularidades tanto en la UNGRD como en la Alcaldía de Medellín.

“Prenda el ventilador, cuente todo lo que sabe, lo que vio y lo que le ordenaron. Cuente lo que tuvo que hacer, tanto en la Alcaldía de Medellín como en la Ungrd. Busque beneficios jurídicos con principios de oportunidad antes de que sea tarde. No se hunda sola”, expresó el cabildante distrital en su perfil de X, haciendo énfasis en presuntas fallas disciplinarias graves en la adjudicación y manejo de contratos durante su paso por la unidad de gestión.

La relación de Arango con Quintero ha sido objeto de debate público. Diversos sectores la han señalado como una figura de confianza del exalcalde, al ocupar cargos estratégicos en la administración local, como la dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público y la Subsecretaría de Asuntos Sociales, en el periodo que se extendió entre 2020 y 2023.

Tras la salida de Quintero de la alcaldía, en octubre de 2023 -pues renunció tres meses antes de finalizar su mandato para empezar, tras bambalinas, su campaña presidencial, Arango fue designada como subdirectora para la Reducción del Riesgo en la Ungrd, lo que alimentó las versiones sobre su condición de “cuota política” del exmandatario en el Gobierno nacional. No obstante, Quintero ha negado de manera reiterativa cualquier vínculo de ese tipo con la mujer.

En el plano judicial, Arango enfrenta múltiples procesos. En el denominado caso Aguas Vivas, por el que fue imputado Quintero de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, la Fiscalía la llamó a juicio junto con otros exfuncionarios, por presuntas irregularidades en el cambio de uso del suelo de un predio en Medellín, procedimiento que, según la acusación, se llevó a cabo sin cumplir los requisitos legales.

Además, el Ministerio Público ya le formuló cargos por su presunta participación en este caso. A estas controversias se suma la denuncia por el uso de vehículos oficiales para fines personales, como desplazamientos al gimnasio, lo que ha generado cuestionamientos adicionales sobre su conducta administrativa. Así pues, el proceso disciplinario abierto por la Procuraduría continuará con la práctica de pruebas y la toma de declaraciones contra la funcionaria.