Consejo Superior de la Judicatura rechazó los insultos de Armando de Benedetti contra magistrada Lombana: “Lo invito a reflexionar”

La tensión entre la política y el poder judicial colombiano llegó a un punto álgido luego de las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que se viera envuelto en una controversia tras el allanamiento a su residencia ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Al denunciar lo que ocurrió en el proceso, Benedetti lanzó duros ataques hacia la magistrada Cristina Lombana, que encabezaba la investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias vinculados a su pasada gestión como congresista.

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En respuesta a estas declaraciones, el Consejo Superior de la Judicatura emitió una carta oficial dirigida a Benedetti, en la que expresó su preocupación por los señalamientos realizados contra la magistrada Lombana. La misiva, firmada por el presidente de la alta corte, recalcó la importancia de la independencia judicial e hizo un llamado a la prudencia a los funcionarios para evitar generar un clima de confrontación que pueda vulnerar los principios democráticos del país.

El 10 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la residencia de Armando Benedetti como parte de una investigación sobre presuntos delitos cometidos durante su etapa como congresista. El caso se centra en la adquisición de una propiedad cuyo origen y justificación no están claros, lo que dio pie a una serie de denuncias por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

En medio de este operativo, Benedetti reaccionó en sus redes sociales con un video y varios mensajes en X, donde acusó a la magistrada Cristina Lombana de ser la responsable de una “persecución judicial” y calificándola de “loca” y “obsesionada” por su caso. Además, ministro consideró que el allanamiento fue un abuso de poder, al denunciar que la togada regresó “con las manos vacías” y que la investigación carecía de fundamento.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también respaldó a Benedetti y calificó el operativo como “ilegal”, comparándolo con un “secuestro”. Estas declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo a la autonomía de la Corte Suprema, lo que llevó al Consejo Superior de la Judicatura a tomar cartas en el asunto.

La misiva enviada al ministro Benedetti resalta la gravedad de sus declaraciones contra la magistrada Lombana. En el documento, el presidente de la alta corte, Jorge Enrique Vallejo, recuerda al ministro del Interior que, si bien cualquier ciudadano tiene el derecho de expresar su desacuerdo con las decisiones judiciales, estas deben ser planteadas de manera respetuosa y dentro de los canales adecuados para garantizar el debido proceso.

“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia”, expone la carta.

Además, el Consejo recuerda que, en un reciente encuentro con la Conferencia Episcopal de Colombia y con la presencia activa del presidente Gustavo Petro, se había hecho un compromiso público para “desescalar el lenguaje” y promover un diálogo institucional respetuoso: “Es necesario preservar el imperio de la civilidad, el respeto mutuo y la observancia de la ley como fundamento de nuestra convivencia pacífica”.

Además, el Consejo Superior de la Judicatura, en su carta, insistió en la necesidad de proteger la independencia judicial, un principio fundamental que asegura que los jueces puedan actuar sin interferencias externas.

Según se lee en la misiva: “Los pronunciamientos agresivos constituyen un grave atropello hacia la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial, que es pilar esencial del Estado social y democrático de derecho”.

De igual manera, la corte hizo un llamado a evitar que los enfrentamientos públicos entre los actores políticos y judiciales generen un clima de desconfianza y debilitamiento de las instituciones. Recordó que las críticas deben estar basadas en el respeto y centradas en los procedimientos legales establecidos, sin caer en ataques personales o injuriosos.