La reciente instrucción del presidente Gustavo Petro de interrumpir el flujo de información de inteligencia entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las autoridades de Estados Unidos provocó desconcierto en los más altos niveles del sector defensa.
La orden, comunicada directamente por el mandatario a través de su cuenta oficial en redes sociales, no fue consultada previamente ni con el Ministerio de Defensa ni con la cúpula militar.
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Según confirmaron fuentes castrenses a medios como Caracol Radio y Blu Radio, tanto el ministro de Defensa Pedro Sánchez como los comandantes de las Fuerzas Militares se enteraron de la decisión al mismo tiempo que el resto del país, tras la publicación del mensaje en el que Petro instruyó suspender “el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.
En su declaración, el presidente escribió: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
El anuncio implica una suspensión inmediata del intercambio de información entre los organismos de inteligencia colombianos y sus contrapartes en Estados Unidos, un pilar histórico de la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha antidrogas.
La interrupción de la cooperación se mantendrá, según el propio presidente, mientras persistan los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe. Petro insistió en que la política antidrogas debe priorizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades afectadas, lo que introduce un cambio de enfoque respecto a la estrategia tradicional compartida con Washington.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, el mensaje presidencial fue recibido con sorpresa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde hasta el momento no se había emitido comunicación oficial sobre la medida.
El silencio institucional del Ministerio de Defensa también alimentó la incertidumbre sobre el alcance real de la suspensión y sus implicaciones operativas en las misiones conjuntas de inteligencia, especialmente en el seguimiento a organizaciones narcotraficantes y redes transnacionales del crimen organizado.
El mandatario explicó que su decisión fue adoptada tras conocer la postura del Reino Unido, que suspendió su cooperación en inteligencia argumentando que no desea ser cómplice de acciones militares que varias organizaciones internacionales califican como ilegales.
Según Petro, Colombia no puede seguir participando en operaciones que contradigan los principios humanitarios o pongan en riesgo a poblaciones civiles.
Sin embargo, la medida desató una fuerte ola de críticas en el ámbito político. Voces de la oposición calificaron la decisión como un error diplomático que podría deteriorar las relaciones con el principal aliado estratégico de Colombia en materia de seguridad.
Horas después de la polémica, Petro amplió su posición en otro mensaje publicado en su cuenta de X:“El comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia es el presidente de la República, dice la Constitución, y es orden. Las posibilidades de articulación de los cuerpos de inteligencia sí se han discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. Sobre todo cuando miembros de esas agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política. Eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional”.
El precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, fue uno de los primeros en pronunciarse: “¡El presidente Gustavo Petro juega con fuego! Romper la cooperación de inteligencia con EE. UU. no es soberanía, es irresponsabilidad. Está dejando a Colombia sin defensa ante el crimen organizado y exponiendo la tranquilidad de los colombianos. Suspender esa cooperación debilita al Estado y fortalece a los delincuentes. La seguridad es un derecho, no un capricho”.
Por su parte, la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez subrayó que, lejos de debilitar la colaboración con Washington, lo que el país necesita es fortalecerla: “En lugar de acabar la cooperación en inteligencia con EE. UU., lo que se necesita es más y mejor cooperación para detectar juntos las rutas del narcotráfico y actuar con contundencia contra ellas”, declaró.
Desde el Gobierno y el Pacto Histórico, en cambio, la decisión fue respaldada como una acción necesaria frente a lo que califican como “intervenciones militares injustificadas” en el Caribe.
La senadora Isabel Zuleta defendió la postura presidencial y advirtió sobre la necesidad de proteger la soberanía nacional: “Por la gravedad de la situación de amenaza de intervención militar que vivimos, el Senado debe estar en sesión permanente para acompañar al presidente en las decisiones necesarias para defender nuestra soberanía. Urge que se agende el Proyecto de ley de Defensa Nacional”.
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