“Nuestra labor no se ejerce desde declaraciones”: así fue la respuesta del Ministerio de Educación ante polémica de Juliana Guerrero

El Ministerio de Educación emitió un pronunciamiento para responder a las críticas y cuestionamientos sobre su papel en el caso de Juliana Guerrero, que enfrenta denuncias por presuntas irregularidades académicas y contratos con entidades del Estado. La institución aclaró que su actuación se basa en la ley y que mantiene un seguimiento riguroso sobre las universidades que presentan posibles fallas en sus procesos de titulación.

La polémica tomó fuerza después del video publicado por la periodista Juanita Gómez para la revista Semana, en el que puso en duda la validez del título universitario de Guerrero y criticó su trayectoria en el Gobierno.

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Tras la divulgación del contenido, en el que la periodista afirmó que “Juliana llegó sin mérito a facturar, con padrinos poderosos y discursos de víctima”, refiriéndose a Armando Benedetti, ministro del Interior, con el que ella llegó a la Casa de Nariño, la cartera que lidera Daniel Rojas Medellín decidió emitir una respuesta institucional para aclarar su posición.

A través de su cuenta oficial en la red X, la cartera educativa publicó un hilo extenso en el que explicó que su trabajo se guía por los procedimientos legales y técnicos que regulan la inspección y vigilancia del sistema de educación superior.

“El Ministerio de Educación Nacional sí actúa. Nuestra labor no se ejerce desde las declaraciones, sino desde la inspección y vigilancia, con el rigor técnico y jurídico que exige la ley”, escribió en un principio.

El pronunciamiento también precisó los mecanismos que se aplican cuando se detectan posibles irregularidades dentro de las instituciones de educación superior: “En los casos donde se reportan posibles irregularidades por parte de instituciones de educación superior, el Ministerio activa los procesos de investigación establecidos en el Decreto 1330 y la Ley 1740 de 2014″.

“Estas investigaciones permiten verificar la información, garantizar el debido proceso y la continuidad del servicio público educativo en condiciones de calidad. Por eso, antes de emitir sanciones o juicios, se deben recaudar pruebas y realizar las actuaciones administrativas correspondientes”, añadió la cartera en X.

La entidad confirmó que abrió una investigación formal contra la Fundación Universitaria San José, institución que anuló el título de Juliana Guerrero por presunto incumplimiento de requisitos para graduarse. El Ministerio detalló que dicha apertura se originó tras varios requerimientos previos y visitas técnicas realizadas a la universidad.

“En el caso de la Fundación Universitaria San José, el Ministerio de Educación Nacional abrió formalmente investigación administrativa el día de ayer, para determinar las responsabilidades y tomar las medidas de fondo que correspondan. Este procedimiento busca establecer si la institución ha incumplido con sus obligaciones de calidad, sostenibilidad o transparencia en la gestión académica y administrativa, en perjuicio de su comunidad educativa”, agregó la institución en la red social.

El Ministerio de Educación insistió en que cada caso bajo su vigilancia recibe atención directa y conforme a las normas vigentes. La institución afirmó que su labor no se basa en reacciones mediáticas, sino en procesos técnicos que garantizan la seriedad de las decisiones.

“Cada denuncia o caso que se pone en conocimiento del Ministerio recibe seguimiento, verificación y actuación conforme a la norma. No hay impunidad ni indiferencia: hay institucionalidad y responsabilidad”, escribió la cartera.

En la parte final del pronunciamiento, la cartera hizo un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas para ejercer un trabajo informado y equilibrado.

“Llamamos al ejercicio periodístico responsable. Antes de desinformar o generar opinión basada en conjeturas, es necesario contrastar fuentes, preguntar y verificar las acciones institucionales. Eso también es rigor: escuchar antes de acusar, informar antes de opinar. Reafirmamos nuestro compromiso con proteger el derecho a la educación, la calidad y la confianza pública en el sistema de educación superior. La prudencia no es silencio: es respeto por la verdad y por el debido proceso”, escribió la cartera.

El caso de Juliana Guerrero continúa bajo análisis de varias entidades estatales, entre ellas la Procuraduría, que indaga posibles irregularidades en el uso de recursos y en la justificación de contratos.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación reiteró que su prioridad es garantizar transparencia en las instituciones académicas y mantener la confianza ciudadana en la formación superior del país.