Director del Inpec se refirió al aval extradición de alias Pipe Tuluá a EE. UU.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó el miércoles 12 de noviembre la extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia de alias Pipe Tuluá hacia Estados Unidos.

Gutiérrez señaló que entre las personas extraditadas desde Colombia cada mes, una amplia mayoría tiene a Estados Unidos como destino, según explicó el funcionario.

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“(...) cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas. Salen de Colombia o de La Picota, más bien, a otros países. Casi el 90% son para los Estados Unidos”, afirmó en declaraciones a medios de comunicación.

El proceso, tras el aval de la Corte Suprema, pasa ahora al Ministerio de Justicia, instancia responsable de determinar el paso final de la extradición.

“(...) lo que viene ahora es que pasa al Ministerio de Justicia, y ya el Gobierno, en cabeza del ministerio, se encargarán de determinar si sí o no, pero ya es un procedimiento que directamente se encargarían ellos y no el Inpec”, detalló.

Sobre la situación exacta de Pipe Tuluá, el coronel señaló que actualmente “se encuentra recluido en la estación de policía de Mártires bajo la custodia de la Policía Nacional”.

Gutiérrez destacó que, tras una decisión adoptada en segunda instancia por el tribunal, se autorizó que el detenido continuara privado de libertad en esa estación, considerando las condiciones de seguridad requeridas para su caso.

Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá, es el máximo líder del grupo criminal La Inmaculada y uno de los principales dinamizadores del crimen en el Valle del Cauca.

El país norteamericano lo requiere por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Informes judiciales y de inteligencia indican que Marín habría convertido diferentes celdas de reclusión en centros de mando estratégico, organizando una red que involucra retornados del narcotráfico, excapos condenados en Estados Unidos y antiguos aliados del crimen organizado.

Documentos citados por El Tiempo revelan su conexión con la organización La Alianza, compuesta por exmiembros de los carteles de Cali y del Norte del Valle que regresaron al país tras cumplir condenas en el exterior.

En esta estructura figuran nombres como Henry Loaiza, alias el Alacrán, excapo del cartel de Cali capturado en octubre de 2023, y Fernando Varón, alias Martín Bala, actualmente prófugo tras haber recibido detención domiciliaria en Cali.

El entorno criminal de Marín se habría fortalecido con figuras de alto perfil como alias Guacamayo, Capulina y Diego Optra, consolidando así los cimientos de su estructura delictiva.

Esta red permitió a Pipe Tuluá expandir su dominio en el munipio vallecaucano que lleva el mismo nombre y proyectar influencia hacia Buga y el eje cafetero, mediante un grupo satélite denominado Los Magos, bajo la dirección de Jefferson López, alias Monacho, que también lidera operaciones delictivas desde prisión.

En la misma celda donde se encuentra López permaneció hasta hace poco Mauricio Marín Silva, alias Nacho, hermano de Andrés Felipe. Fuentes de inteligencia atribuyen a ambos una alianza criminal: mientras uno mantiene el control en Tuluá, el otro lo ejerce en Buga, siempre bajo el mando central de La Inmaculada.

En junio de 2023, Marín, condenado a 30 años de prisión por 39 homicidios y otros delitos, fue trasladado desde la cárcel de La Picota a la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá tras notificarse una orden de captura internacional solicitada por Estados Unidos.

Antes de este procedimiento, residía en el pabellón de extraditables de la cárcel, donde recibía un trato privilegiado y disfrutaba de lujos inusuales, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio citado.

Desde su detención en 2015, la Fiscalía reporta que Marín ha transitado por diferentes establecimientos penitenciarios, pero los traslados no han sido efectivos para neutralizar su capacidad operativa. Entre 2011 y 2017, según los expedientes de la autoridad judicial, ordenó 46 homicidios, de los cuales 39 se completaron.

Entre las víctimas se cuentan comerciantes reacios a pagar extorsiones, miembros considerados soplones dentro de su propia organización, un guardia del Inpec y un cerrajero cuyo cuerpo fue desmembrado y arrojado al río Tuluá. En ese mismo lugar, las autoridades hallaron restos genéticos de al menos seis personas aún no identificadas.

Alias Pipe Tuluá también ha sido reseñado como uno de los presuntos responsables de los ataques sicariales contra guardias del Inpec, a través del brazo criminal aliado Los Magos.