Colombia se blinda ante el acero barato: así será el nuevo arancel del 35% que busca salvar miles de empleos

En medio de la creciente presión que enfrentan las industrias locales por la entrada de acero barato desde el exterior, el Gobierno colombiano decidió mover ficha. A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se anunció una medida que busca blindar al sector siderúrgico, un incremento del arancel al 35% para trece subpartidas de productos metálicos, entre ellos varillas, perfiles, tubos, tornillos, estructuras y artículos de aluminio.

La decisión, recomendada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, quedó oficializada mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Con este ajuste, Colombia aplica el gravamen máximo permitido bajo el Arancel de Aduanas vigente, en línea con la estrategia regional para proteger a las industrias frente al acero subsidiado que circula en los mercados internacionales.

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“El objetivo es promover la competitividad y la generación de empleo, garantizando condiciones de equidad para la producción nacional”, señaló el decreto, que además advierte sobre los efectos de la competencia desleal en la pérdida de competitividad de las empresas locales. Según el documento, parte de las importaciones ingresan al país a precios por debajo de los costos internos, muchas veces favorecidas por subsidios o distorsiones globales de precios.

La medida no surge en el vacío. Países como México, Brasil y Argentina ya habían adoptado decisiones similares para frenar la avalancha de acero proveniente de China, Turquía y Rusia, cuyas exportaciones presionan los precios y puesto en riesgo a los fabricantes latinoamericanos. Colombia, ahora, se suma a esa corriente de defensa comercial, con la expectativa de estabilizar su mercado interno y fortalecer la cadena productiva metalúrgica.

El decreto no solo ajusta los aranceles, también busca establecer “criterios técnicos objetivos y transparentes” en los procesos de importación, de manera que exista un marco claro y consolidado para la nacionalización de este tipo de productos. En la práctica, esto significa que cada operación deberá ceñirse a un gravamen uniforme, evitando los vacíos o ventajas arancelarias que antes podían distorsionar la competencia.

Antes de entrar en vigor, el texto del decreto será publicado durante cinco días hábiles para recibir comentarios ciudadanos, conforme al artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, que permite usar el procedimiento abreviado en casos de urgencia económica y social. Una vez concluido ese periodo, la medida comenzará a regir quince días después de su publicación oficial.

El aumento de aranceles al acero importado llega en un momento clave para la economía colombiana, marcada por la desaceleración industrial, la caída de la demanda interna y la creciente presión de los productos extranjeros en sectores estratégicos. La decisión del Gobierno de aplicar un gravamen del 35%, el máximo permitido, no solo tiene un componente técnico, también un fuerte trasfondo económico, proteger la producción nacional y evitar que el país siga perdiendo capacidad manufacturera frente a competidores internacionales con costos artificialmente bajos.

Durante los últimos años, el mercado del acero ha sido uno de los más golpeados por las distorsiones del comercio global. El ingreso masivo de productos provenientes de China, Turquía y Rusia —en muchos casos subsidiados o con precios por debajo de los costos de producción— generó una competencia asimétrica que puso en jaque a las empresas colombianas. Esto se tradujo en cierre de plantas, pérdida de empleos calificados y una creciente dependencia de las importaciones para sectores como la construcción y la infraestructura, que dependen directamente del acero.

Con esta medida, el Ejecutivo busca equilibrar las condiciones del mercado y ganar tiempo para que la industria local recupere competitividad. El impacto inmediato podría sentirse en una leve alza de precios para los consumidores finales, pero los expertos advierten que el costo sería menor comparado con el riesgo de un colapso productivo. En el mediano plazo, el decreto podría incentivar la inversión en modernización tecnológica, ampliar la producción nacional y generar empleos directos e indirectos.

En un contexto global donde cada país redefine sus instrumentos de defensa comercial, Colombia opta por alinearse con sus pares regionales y reforzar su autonomía industrial. La medida, más que una respuesta coyuntural, representa una apuesta por reactivar el músculo productivo y proteger uno de los pilares de la economía real.