En una intervención pública, el presidente Gustavo Petro sorprendió al revelar que había tenido una conversación personal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que sugirió que ambos deberían someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este anuncio fue hecho durante un evento en Santa Marta, donde Petro cumplía con su agenda de pedir perdón en nombre del Estado colombiano a las víctimas del genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica (UP), una tragedia que marcó la historia del país, evento que hizo tras su participación en la Cumbre Celac-UE.
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En su discurso, Petro no solo se limitó a las palabras de perdón, sino que abordó con dureza varios temas pendientes de la historia de Colombia, al revelar su postura frente a los hechos que marcaron la violencia política en las décadas de los 80 y 90.

Reconciliación o justicia, Petro lanza un mensaje claro
“¿Saben por qué arrasaron el Palacio de Justicia? Porque ahí estaban los expedientes de tortura sobre 10.000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia y los quemaron”, dijo Petro, estableciendo una conexión entre la destrucción de documentos cruciales de justicia de las víctimas de la UP y los crímenes de lesa humanidad que aún siguen sin esclarecerse completamente, al referirse a la toma que perpetró el M-19 en 1985.
El presidente denunció que la impunidad sobre estos crímenes sigue presente en el país y señaló que aún existen temas pendientes que no se abordaron adecuadamente, como la ley de pensiones, la reforma a la salud y la jurisdicción agraria que se pactó en los acuerdos de paz.
“¿Dónde está la verdad y dónde están juzgando a los victimarios que mataron a la Unión Patriótica?”, cuestionó Petro, al dirigir sus críticas a las figuras responsables de la violencia contra este movimiento político.

Petro dijo estar del lado de la seguridad y de la riqueza de Uribe y su familia
Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Petro mencionó al expresidente. “Y los que fundaron las Convivir (mismas Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—) tuvieron el aval del gobernador y, pues, presidente de esta República, el señor Álvaro Uribe Vélez”, afirmó, refiriéndose a la vinculación del exmandatario con los grupos paramilitares, que fueron en parte responsables de la exterminación de miles de personas, en su mayoría militantes y simpatizantes de la UP.
Lo que sorprendió aún más fue la revelación de que, en una conversación personal con Uribe, Petro le sugirió que ambos se sometieran al mecanismo de justicia transicional para enfrentar los crímenes que se les imputan: “Se lo dije personalmente, ‘hermano, vamos a la JEP ambos’”.
“No me interesa que lo juzguen afuera. Me interesa cuidarlo a él, a sus hijos y a sus bienes. Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación o, como decía el filósofo (Jacques) Derrida, el perdón social”, explicó Petro, al dejar en claro que su intención no es atacar las riquezas de Uribe, ni que a él o a sus hijos —Tomás y Jerónimo— les ocurra algo, a pesar de las diferencias políticas.

El presidente aclaró que su propuesta no tenía un trasfondo de venganza, sino más bien una llamada al perdón y la reconciliación en el marco de la paz social que busca fomentar en el país. De acuerdo con sus palabras, el perdón social no solo era una cuestión personal, sino una necesidad estructural para superar las divisiones que marcaron la historia de Colombia.
La intención del presidente, según declaró, es debido a la relación de las acusaciones legales de soborno a testigos y fraude procesal, delitos que el expresidente negó. Uribe estuvo bajo una condena en primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria, pero en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá falló a su favor y quedó en libertad, sin cargos pendientes.
Petro vinculó este proceso con las denuncias sobre la vinculación del expresidente con el paramilitarismo, señalando que los crímenes relacionados con los grupos paramilitares, como la masacre de miembros de la UP, deben ser juzgados en la JEP.

Además, Petro afirmó que no solo se trata de una cuestión judicial, sino también de una necesidad de justicia para las víctimas del paramilitarismo, que quedaron en gran parte sin reparación ni justicia: “¿Dónde está la justicia para los miles de muertos que ha dejado el paramilitarismo en Colombia?”.
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