El secuestro de cinco soldados profesionales en jurisdicción de Tame, Arauca, volvió a encender las alarmas sobre la expansión criminal del ELN y el deterioro de la seguridad en el oriente del país.
En la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025, la Octava División del Ejército Nacional emitió un comunicado confirmando el rapto y atribuyéndolo presuntamente al frente Domingo Laín Sanz, una de las estructuras más activas y violentas de ese grupo armado ilegal en territorio araucano.
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Los hechos, que de inmediato pasaron a ser materia de investigación, se registraron específicamente en el sector de Flor Amarillo, en la ruta que comunica a Tame con la capital departamental.
Según la comunicación oficial, los militares secuestrados hacen parte del Batallón de Artillería de Campaña N.º 18 y estaban en uso de su permiso, movilizándose de civil en un vehículo de transporte público de la empresa Copetrán.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe de seguridad de esa compañía, los uniformados fueron interceptados por hombres armados mientras cumplían su desplazamiento.
El Ejército identificó a los afectados como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.
La institución recordó que, pese a estar en descanso, los uniformados seguían siendo servidores públicos con funciones militares dentro de la estructura de la Décima Octava Brigada.
Una vez se tuvo conocimiento del caso, el comando activó de inmediato la maquinaria institucional para tratar de ubicar el paradero de los uniformados. De acuerdo con el comunicado, se pusieron en marcha los protocolos de búsqueda, se activaron los mecanismos interinstitucionales y se coordinaron operaciones conjuntas con la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
La prioridad, señaló la Octava División, es lograr la pronta liberación de los cinco soldados, dentro de un marco operativo que garantice su regreso “sanos y salvos”.
Así mismo, el Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información a la línea 147 y recordó que cualquier insumo que permita avanzar en la búsqueda será atendido bajo absoluta reserva.
Y es que este nuevo secuestro se registra en uno de los departamentos donde el conflicto armado continúa siendo intenso y donde el control territorial de los grupos ilegales ha aumentado en los últimos meses.
En Arauca, la presencia del frente Domingo Laín Sanz no es coyuntural: se trata del actor armado que históricamente domina corredores rurales, zonas de frontera y rutas con valor estratégico.
La estructura, además, opera en medio de un escenario en el que las disidencias de las Farc también han intentado imponer su presencia en varios municipios, aumentando el riesgo para la población civil, para líderes sociales y para integrantes de la fuerza pública.
A ello se suma el clima de tensión nacional que se intensificó en el mismo fin de semana por el atentado terrorista frustrado en Tunja. Aunque se trata de hechos no relacionados de manera directa, son dos episodios que ponen en evidencia la reiteración del terrorismo como forma de presión y disputa política.
En medio de ese contexto, este secuestro no solo afecta el ámbito militar, sino que se convierte en un nuevo golpe al discurso de paz total del Gobierno. La modalidad, además, recuerda la práctica de los años más violentos del conflicto armado: raptar soldados o policías para presionar al Estado, para enviar mensajes políticos y para demostrar dominio territorial.
La reacción institucional del Ejército fue categórica en el rechazo y en la condena. La Octava División calificó el acto como criminal y denunció la vulneración de derechos fundamentales, enfatizando que incluso estando en descanso, los uniformados continúan siendo objeto del riesgo que se deriva de su condición de servidores públicos.
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