La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la gravedad de la situación en Rionegro, Santander, donde la disputa territorial entre grupos armados ilegales ha colocado a la población en un estado de vulnerabilidad extrema.
En la Alerta Temprana 016 de 2025, la entidad subraya que “el complejo escenario de riesgo derivado de la ubicación geoestratégica del territorio y la disputa entre actores armados por su control” motivó la emisión de la alerta para los corregimientos San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, según informó la Defensoría del Pueblo.
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El documento identifica dos escenarios principales de amenaza. Por un lado, el avance del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que “busca consolidar desde el sur de Bolívar y Puerto Wilches su control sobre el narcotráfico y la extorsión, reactivando corredores que fueron dominados por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, según la Defensoría del Pueblo.
Por otro, la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desde el sur del Cesar, que “desafía la hegemonía del EGC y genera una alta probabilidad de confrontación armada en medio de la población civil”, advirtió la entidad.
La alerta también señala la preocupación de las comunidades ante la posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que podría realizar tareas de vigilancia en la zona. La Defensoría del Pueblo describe la estrategia del EGC como “multifacética”, orientada al “dominio de corredores estratégicos para el narcotráfico, la consolidación de áreas de resguardo para sus mandos y la proyección de un estatus político en el marco de la ‘Paz Total’”.
Para ello, el grupo ejerce “una gobernanza criminal mediante homicidios selectivos y ejemplarizantes, amenazas, extorsiones a ganaderos y palmicultores, y un férreo control social sobre las juntas de acción comunal (JAC), a las que obliga a informar sobre sus actividades”.
El impacto de esta violencia se refleja en el debilitamiento del tejido social y en el ambiente de temor que paraliza la acción colectiva. Según la Defensoría del Pueblo, “los grupos armados instrumentalizan las vulnerabilidades estructurales del territorio, como la ausencia estatal y los conflictos socioambientales, por la tenencia de los ‘playones’ del río Lebrija, presentándose como mediadores para afianzar su poder”.
El asesinato de los líderes Teófilo Acuña y Jorge Tafur, defensores de tierras comunales, ilustra el nivel de riesgo que enfrentan los liderazgos sociales.
La población civil, y en particular ciertos grupos, enfrenta un riesgo acentuado. La Defensoría del Pueblo advierte que “las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) son vulnerables a la utilización, vinculación y violencia sexual, así como a la instrumentalización para tareas de vigilancia y al enganche mediante el consumo de sustancias psicoactivas”.
Además, “lideresas y líderes sociales, campesinas, campesinos, pescadores hombres, comerciantes y mujeres están bajo amenaza constante”, según el informe.
Las limitaciones institucionales agravan la crisis. El acceso a la justicia es precario, ya que “las denuncias deben interponerse en otro departamento”; el sistema educativo sufre “graves fallas en infraestructura, transporte y alimentación escolar, lo que aumenta la deserción”, y la falta de saneamiento básico “genera graves riesgos para la salud pública”, detalló la Defensoría del Pueblo.
Ante este panorama, la entidad ha formulado “un total de 28 recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, a fin de que implementen acciones de disuasión de la amenaza, prevención y protección de la población, fortalecimiento del acceso a la justicia y ejecución de políticas públicas”.
El objetivo, según la Defensoría del Pueblo, es “mitigar las vulnerabilidades sociales que perpetúan el conflicto armado en la región”.
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