Defensora del Pueblo hizo un balance del comportamiento del sistema de Salud en las últimas dos décadas: “Hoy en día es el doble de lo que teníamos en el 2021″

El deterioro en el sistema de salud en Colombia se ha convertido en una constante para los usuarios del mismo, debido a las grandes falencias en temas de entrega de medicamentos, asignación de citas y/o procedimientos de importancia y el hacinamiento que se ha venido presentando con el traspaso de cientos de miles de pacientes de una EPS a otra, todo esto constatado en denuncias que se han hecho a las entidades correspondientes y se han trasladado a los medios de comunicación.

Con respecto a la situación, la defensora del pueblo, Iris Marín, hizo un balance del comportamiento de la problemática desde hace casi dos décadas, los intentos de avance y los retrocesos de la misma.

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En un video, la funcionaria no dudó en asegurar que uno de los puntos más álgidos es la entrega de medicamentos y los intentos por entregar soluciones desde los últimos gobiernos.

“Estamos viendo que la problemática de acceso a los medicamentos según las cifras oficiales ha venido incrementando en los últimos años, si bien en el 2008 la Corte Constitucional expidió la sentencia estructural por violación al derecho a la salud. La falta de acceso a medicamentos era de un 37% por parte de los usuarios”, comentó Marín.

La funcionaria explicó cuáles han sido los logros desde la implementación de la sentencia y la caída que sufrió la entrega de los fármacos con la entrada del Gobierno de Gustavo Petro: “Esta cifra habría reducido al 32% en el 2011, en el 2020 estaba en el 20%, o sea, ya se había reducido mucho más y hoy en día se encuentra al 40%; es decir, es el doble de lo que teníamos en el 2021, y además es más de lo que teníamos en el año 2008 cuando la corte empezó su intervención estructural en materia de salud”.

El mensaje fue compartido por la cuenta de Pacientes Colombia, movimiento social conformado por 200 organizaciones de pacientes, en su cuenta de X, reforzó el pronunciamiento de la defensora con el siguiente mensaje:

“Faltan 271 días para finalizar el gobierno de @petrogustavo. Informe de tutelas de @DefensoriaCol estamos PEOR que en 2008, nos hicieron RETROCEDER 17 años en salud, esto no es PROGRESISMO, no es CAMBIO, NO podemos seguir perdiendo VIDAS por una línea ideológica. 39 meses de la toma de la salud de PETRO, Jaramillo y su línea ideológica. Hace 40 años del HOLOCAUSTO del palacio de justicia. No más SILENCIO, NO MÁS PERSECUCIÓN @wilsonariasc @FabianDiazPlata @GA_Jaramillo nos deben regresar la salud como DERECHO, NO como línea ideológica”.

El aumento sostenido de tutelas en el sistema de salud colombiano ha encendido las alarmas entre las autoridades, al evidenciarse un crecimiento acelerado en los reclamos por acceso a servicios y medicamentos, especialmente en regiones apartadas y entre poblaciones vulnerables. Así lo expuso Claudia Vaca, delegada de salud de la Defensoría del Pueblo, que lideró una investigación para determinar la magnitud y las causas de este fenómeno.

La Defensoría del Pueblo detectó que las denuncias sobre la falta de medicamentos, inicialmente visibles en redes sociales, no respondían a casos aislados ni a un sesgo mediático, sino que reflejaban un problema sistemático.

Vaca explicó a Caracol Radio que la situación resulta “mucho más grave en regiones apartadas, en donde hay población vulnerable, población rural y personas que pertenecen a pueblos étnicos”. Este hallazgo llevó a la entidad a profundizar en el análisis, descartando la posibilidad de que se tratara de episodios esporádicos o de un enfoque sensacionalista.

En el caso de los medicamentos destinados a enfermedades huérfanas o de alto costo, la Defensoría subrayó la necesidad de un abordaje diferenciado.

Según Vaca, el informe de la entidad es enfático en que estos casos requieren un tratamiento independiente, ya que presentan desafíos particulares en materia de financiación y reembolso. “Se tendría que entender cuál es la problemática de la financiación, en dónde están las distorsiones de esa financiación, incluso cambiar la manera en cómo se está hoy pagando, remunerando, reembolsando los costos asociados a estos medicamentos para que fluya mejor la atención”, afirmó.

Además, insistió en la importancia de fortalecer las redes de prestación de servicios y de contar con centros especializados que garanticen una atención integral y oportuna para estos pacientes. En contraste, la escasez de medicamentos de uso común fue comparada por Vaca con la ausencia de productos básicos en la canasta alimentaria de un hogar. “Las cosas básicas esenciales no pueden faltar, hacen parte de la atención integral que se tiene que garantizar”, señaló advirtiendo que la falta de estos insumos representa un retroceso preocupante en el sistema de salud.

El informe de la Defensoría también reveló un incremento significativo en el número de tutelas presentadas contra instituciones de salud.

Entre 2021 y 2024, las acciones judiciales pasaron de más de noventa y dos mil a doscientas sesenta y cinco mil, superando incluso las cifras registradas en 2018. Vaca explicó que esta tendencia creciente no es nueva, pero sí se ha acelerado de manera notable en los últimos años, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema. “El hecho de que se hayan acelerado de una manera tan importante en el último cuatrienio sí da cuenta de que algo está sucediendo, es sintomático de que algo está sucediendo”, sostuvo la delegada de salud en la conversación con el medio.

El acceso a la tutela, sin embargo, no es uniforme en todo el país. Vaca advirtió que no todas las personas cuentan con los mecanismos, el conocimiento o la red de apoyo necesarios para interponer este recurso. A pesar de ello, el aumento de tutelas es consistente con el crecimiento de quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud y la propia Defensoría, con un alza de casi el 34% en los requerimientos.

La funcionaria enfatizó que, aunque la tutela es un mecanismo de protección, en muchos casos no garantiza el acceso efectivo a los servicios, ya que existe una proporción importante de desacatos. “Tenemos que prender las alarmas y todos tenemos que ponernos a pensar y analizar qué hay que hacer para evitar que la gente termine en estas circunstancias”, expresó al medio de comunicación.

La relación entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas y el aumento de tutelas también fue objeto de análisis. Vaca explicó que el fenómeno de las tutelas y las quejas se presenta en las EPS con mayor cobertura territorial, pero se agudiza en aquellas que han sido intervenidas, como la Nueva EPS, Cosalud y Sanitas.

Según la delegada, los cambios abruptos en los proveedores de medicamentos dentro de las redes de prestación farmacéutica alteraron la entrega de insumos, ya que muchos de los nuevos proveedores carecen de la capacidad de negociación e infraestructura necesaria. “Esto lesionó y alteró la forma como se entregan los medicamentos en esos territorios”, afirmó Vaca a Caracol Radio.

El diagnóstico de la Defensoría del Pueblo identificó a Vichada, Guainía, Chocó, San Andrés y Providencia como los departamentos donde las vulneraciones al derecho fundamental a la salud resultan más críticas. La entidad concluyó que el sistema enfrenta síntomas claros de disfunción, especialmente en la atención a las poblaciones más vulnerables y en la garantía de acceso a medicamentos esenciales.