Estas son las condiciones para que una vivienda sea considerada ‘digna’ en Colombia, según la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia aclaró que una vivienda digna no se limita a disponer de un techo o de un título de propiedad.

Este derecho también abarca otras garantías relacionadas con el entorno y la calidad del inmueble.

Esta postura fue reiterada al resolver un caso donde una obra pública ocasionó daños estructurales en una casa.

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Durante años se ha asumido que tener casa propia, o al menos un lugar donde dormir, es suficiente para hablar de vivienda digna.

Pero la Corte enfatizó que este derecho tiene un alcance mayor. No basta contar con un espacio cerrado; es necesario que ese espacio proporcione protección, que sea seguro y que cumpla estándares mínimos de calidad.

El derecho a la vivienda digna, según la Corte, se compone de siete dimensiones:

1. Seguridad jurídica de la tenencia: las personas deben residir en el inmueble con la tranquilidad de no ser desalojadas sin justificación.
2. Disponibilidad de servicios e infraestructura: la vivienda debe tener acceso a agua potable, electricidad, servicios de saneamiento, vías adecuadas y zonas seguras.
3. Gastos razonables: los costos relacionados con el uso y mantenimiento de la vivienda no deben ser excesivos para sus habitantes.
4. Habitabilidad: la estructura debe resguardar de la lluvia, el viento, riesgos físicos y posibles desastres.
5. Asequibilidad: las condiciones para acceder a la vivienda deben adaptarse a las posibilidades económicas de la población.
6. Ubicación: la vivienda debe estar en entornos que permitan el acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte y actividades comunitarias.
7. Adecuación cultural: el diseño y uso de la vivienda debe respetar las prácticas, tradiciones y formas de vida de sus habitantes.

La Corte sintetizó este enfoque al afirmar que una vivienda es digna si protege a sus residentes de los riesgos ambientales y de las consecuencias no previstas del desarrollo urbano.

La discusión se originó tras la queja de una ciudadana afectada por daños en su casa, atribuidos a trabajos de pavimentación ejecutados por el municipio en las cercanías. Los daños, que se manifestaron en grietas y riesgo estructural, motivaron la presentación de una tutela para exigir la protección de su derecho a la vivienda. Al analizar la petición, la Corte amparó a la demandante.

Pese a que no pudo establecerse con certeza si la obra causó directamente los daños, el tribunal identificó un riesgo evidente que debió ser atendido de manera preventiva por las autoridades. La Corte recordó que cualquier acción urbanística debe mejorar la calidad de vida de las personas, no agravarla ni generar nuevos peligros.

La sentencia ordenó al gobierno municipal realizar estudios técnicos para definir la mejor alternativa de solución y ejecutar las adecuaciones necesarias en un plazo de seis meses. Si durante ese proceso la residencia llegara a representar un peligro, la administración debe asegurar a la afectada un alojamiento temporal seguro hasta que se remedie la situación o se proponga una solución definitiva.

La decisión de la Corte trasciende el caso individual. Señala que el derecho a la vivienda digna es fundamental y no está sujeto a condiciones ni puede verse desplazado por nuevos desarrollos urbanos. El Estado tiene la obligación de garantizarlo en todos sus componentes, incluso durante procesos de construcción, renovación o adecuación del entorno.

Este pronunciamiento cobra especial importancia en Colombia, donde muchas familias residen en zonas vulnerables como laderas, áreas cercanas a cuerpos de agua o sectores sometidos a urbanización acelerada. Las decisiones sobre infraestructura, si no son debidamente planificadas, pueden incrementar riesgos y afectar directamente las condiciones de vida de la población.