El aniversario número 40 de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá ha reabierto viejas heridas y reavivado discusiones sobre la verdad histórica, la responsabilidad de los actores y el impacto duradero en víctimas y sobrevivientes.
El abogado Eduardo Matson, quien vivió en carne propia la violencia de aquel 6 de noviembre de 1985, fue enfático durante su conversación con Blu Radio: “La historia no se puede reescribir en beneficio de un puñado de delincuentes miembros del grupo guerrillero M-19, ni tampoco de la cúpula militar del momento”.
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Matson, entonces un joven estudiante de derecho de 21 años, se encontraba en el Palacio realizando una investigación académica cuando comenzó la toma guerrillera a manos del M-19. Estaba cerca de la cafetería, acompañado de su amiga Yolanda Santo Domingo.
Relató que la irrupción de los insurgentes lo sorprendió por la infiltración y modo de operar dentro del recinto. Sostiene que detalles como la actitud de una persona tras el mostrador sugerían que “había infiltrados, en especial en la cafetería”.
Las horas posteriores estuvieron marcadas por el caos, el fuego cruzado y un asedio que terminaría con la vida de 94 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Matson y Santo Domingo fueron rescatados la tarde del 6 de noviembre, pero la pesadilla no terminó ahí.
Ambos fueron trasladados primero a la Casa del Florero, donde sufrieron “vejaciones, golpes, maltrato e insinuaciones de haber participado en la toma”. Más tarde, vendados y en vehículos que Matson identificó como ambulancias del Ejército, fueron conducidos al Batallón Charry Solano.
Allí, según su testimonio, enfrentó amenazas de muerte y simulacros de ejecución: “Me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron que iba a ser arrojado al vacío”.
El alivio llegó solo tras mencionar su vínculo con Miguelito Maza, hijo del entonces general Miguel Maza Márquez, lo que permitió que fuera liberado junto a su compañera en San Victorino. No obstante, los efectos emocionales lo persiguieron durante años.
Matson confesó que, al regresar a Cartagena, el trauma lo empujaba a esconderse bajo la cama ante el menor ruido de pólvora, admitiendo sentirse “desquiciado”.
Consciente de la complejidad legal y moral, Matson se opone a la reescritura simplista de lo ocurrido, insistiendo en que “hay verdades que no se pueden ni se deben ocultar”, y reclamando justicia y verdad para sanar las heridas nacionales.
Acerca de las investigaciones, Matson respalda las conclusiones del trabajo de la familia Gaona, sosteniendo que existen pruebas suficientes para afirmar que el magistrado Gaona Cruz fue asesinado por Andrés Almarales, comandante del M-19, y no durante el cruce de fuego o por fuerza pública.
En cuanto a la propuesta de conceder indultos a militares implicados, el abogado recalca que “tanto la amnistía o indulto concedidos a los miembros del M-19 como la que se propondría a los militares son ilegales, pues los delitos de lesa humanidad no prescriben ni admiten beneficios”.
Sin embargo, Matson plantea que si a unos se les aplicó beneficios irregulares, “para buscar un equilibrio en justicia, veo bien que se pueda indultar o amnistiar a los militares”, aunque matiza que debe hacerse en “justicia entre comillas”.
Matson insta a las nuevas generaciones a estudiar los hechos y evitar la repetición de errores históricos. “La historia no se puede reescribir en beneficio de un puñado de delincuentes”, reiteró.
Eduardo Gatson concluyó y reafirmó en la entrevista que esta vivo gracias a Dios y a su padre, “a mi me salvó Dios y la gracia de Dios, y mi padre que se convirtió en mi psicólogo, mi guía espiritual, emocional, yo estaba loco, desquiciado”.
El debate nacional se ha agudizado por posiciones como la del presidente Gustavo Petro, quien militó en el M-19, y que según familiares de víctimas busca exonerar a la antigua guerrilla de su responsabilidad.
Helena Urán Bidegain, hija de uno de los magistrados desaparecidos, recordó que “desde el día uno hubo manipulación de la información e incluso censura”, mientras que “hay abuso en la memoria de ambos actores armados”.
Urán Bidegain replicó a Petro tras su afirmación en X, donde vinculó al magistrado Carlos Horacio Urán, su padre, con Andrés Almarales, y criticó los relatos que buscan “borrar” el crimen contra el magistrado Gaona Cruz.
A cuatro décadas, voces como la de Matson insisten en que la única salida para cicatrizar las heridas del holocausto del Palacio de Justicia es “justicia y verdad”, sin cuentas selectivas ni apropiaciones políticas del sufrimiento de las víctimas.
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