Gobierno Petro desafía advertencias de expertos sobre cambios en las tarifas de energía: “Todas aceptarán la nueva fórmula”

El constante enfrentamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro y los gremios energéticos alcanzó un nuevo nivel tras la respuesta pública del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a la carta enviada por 14 asociaciones del sector. El funcionario defendió el proyecto de ley 432 de 2025, que busca regular y democratizar el sector energético, y cuestionó la falta de propuestas concretas de los gremios, al tiempo que insistió en la urgencia de avanzar con el debate legislativo en el Congreso de la República.

La postura del ministro Palma recibió el respaldo inmediato del ministro del Interior, Armando Benedetti, que confirmó la solicitud de trámite urgente para la iniciativa.

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La controversia se desató luego de que Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, ACCE, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera remitieran una carta al ministro de Minas. En la misiva, los gremios advirtieron que el proyecto de ley 432 no reduciría las tarifas de energía y gas y podría provocar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio.

Además, señalaron que la iniciativa introduce artículos que, a su juicio, ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía.

Ante estas críticas, Palma respondió por medio de X al resaltar que “el Congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto”.

Además, cuestionó la insistencia de los gremios en solicitar nuevos estudios técnicos. “Ahora piden un estudio que dure seis meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca. La carta no dice nada nuevo”, expresó al dejar claro su escepticismo frente a la postura gremial.

El ministro también manifestó su respeto por la comunicación enviada por las asociaciones, pero reiteró la determinación de avanzar con el trámite legislativo. “Respeto la misiva, pero insistiré al Congreso adelantar el debate. Ya estamos conciliando ponencia para primer debate y pediré al ministro del Interior que imprimamos mensaje de urgencia”, sostuvo.

Ante esto, Armando Benedetti intervino para respaldar la solicitud de Palma y garantizar la celeridad del trámite. “Sí señor, ya mismo proyectamos la comunicación del mensaje de urgencia e insistencia”, aseguró en X al confirmar la coordinación entre ambas carteras para impulsar la discusión del proyecto en el Legislativo.

Incluso, el presidente Gustavo Petro se sumó a la discusión: “Todas las empresas de generación eléctrica públicas aceptarán la nueva fórmula tarifaria que empieza a regir en el 2027 y que bajará de manera estructural las tarifas de generación para cumplir con la constitución nacional: las tarifas deben estar referidas a sus costos de generación (sic)”.

Las preocupaciones de los gremios energéticos se centran en los posibles efectos negativos de la reforma sobre las tarifas y la estabilidad del sistema. En su carta, las asociaciones advirtieron que “varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio”.

Además, alertaron que “el texto adiciona artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía”.

El análisis, enviado también al procurador Gregorio Eljach y al contralor Carlos Hernán Rodríguez, también alerta por desafíos estructurales del sector. Los firmantes sostienen que el principal reto energético del país es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, una meta que consideran amenazada por la insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional.

Según los datos presentados, en los últimos cinco años menos del 30% de la generación comprometida entró en operación y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. La situación, advierten, exige decisiones de política pública que destraben proyectos, impulsen nuevas inversiones y restablezcan la confianza en las reglas del mercado.

En cuanto a la situación financiera, los gremios señalaron que a septiembre de 2025 los comercializadores de energía acumulaban saldos por recuperar cercanos a los $6 billones, de los cuales cerca del 68% corresponde a deuda pública del orden nacional y territorial. Esta carga, según las asociaciones, compromete la liquidez de los prestadores y la estabilidad del sistema.

Frente a este panorama, las asociaciones propusieron priorizar medidas inmediatas como:

• Garantizar el pago de subsidios.
• Honrar los compromisos con la opción tarifaria.
• Asegurar la ejecución de proyectos que garanticen el abastecimiento energético.

Además, solicitaron que las reformas sean evaluadas mediante estudios técnicos independientes, con el objetivo de mitigar riesgos y fortalecer la toma de decisiones en el sector.