Estaciones de servicio hicieron un llamado de atención por el alto precio de la gasolina y del Acpm: dicen si van a cerrar o no

Las estaciones de servicio en Colombia atraviesan una coyuntura compleja, marcada por la presión de los precios de los combustibles, la regulación de los márgenes de comercialización y una creciente carga fiscal. Este servicio público esencial, operado por privados, cuenta con unas 6.400 puntos que generan más de 50.000 empleos directos en el país.

Es más, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, por medio de su presidente ejecutivo, David Jiménez Mejía, mostró preocupación porque la gasolina corriente mostró un crecimiento acumulado del 2,38% en lo corrido de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, este repunte contrasta con la fuerte contracción de años anteriores, cuando el precio por galón subió un 67% desde finales de 2022, lo que redujo la demanda debido a la alta sensibilidad de los consumidores al costo.

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“La coyuntura nacional impacta a todas las estaciones, sin importar tamaño o ubicación, porque cualquier situación que afecte la movilidad —inseguridad, bloqueos o paros— tiene un efecto directo y proporcional sobre las ventas minoristas de combustibles”, advirtió el dirigente a El Tiempo.

La regulación vigente establece que los operadores reciben un margen fijo por galón, determinado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). “Reciben un margen fijo por galón, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el cual no siempre cubre los costos operativos, sobre todo en municipios alejados de los centros urbanos”, señaló. El margen actual es de $1.099 por galón, una cifra que, según el vocero, resulta insuficiente para cubrir los gastos en zonas apartadas, donde la operación se vuelve financieramente inviable.

Además, el Gobierno influye en más del 80% del precio final por medio de impuestos y sobrecostos, lo que deja poco margen de maniobra a los distribuidores.

La presión sobre la rentabilidad se agrava ante la posibilidad de implementar un precio diferencial para el diésel, una propuesta impulsada por el Gobierno. El gremio advirtió sobre las dificultades operativas y los altos costos que implicaría esta medida. “El gremio ha señalado al Gobierno las dificultades que tendría la implementación de un precio diferencial para el diésel, especialmente en término de costos operativos”, afirmó el dirigente al medio. Aunque la tecnología para diferenciar precios existe, los costos de inversión, operación y mantenimiento serían elevados, por lo que el sector sugiere explorar alternativas menos gravosas antes de avanzar con la iniciativa.

A pesar de los retos regulatorios y el aumento de los costos laborales, el sector no registra cierres de estaciones. Jiménez Mejía destacó que cada punto de venta mantiene la operación y contribuye a la economía local, lo que prioriza la eficiencia en los gastos y evitando despidos, aunque los márgenes de rentabilidad se hayan reducido. Esta resiliencia permitió que la red actual, que representa cerca del 80% de las estaciones del país, siga abasteciendo al parque automotor colombiano.

No obstante, la sostenibilidad del suministro enfrenta desafíos logísticos. Factores como la infraestructura vial, la capacidad de los poliductos y la dependencia de la gasolina importada —que representa cerca del 40% del consumo de corriente— pueden generar situaciones de desabastecimiento, especialmente cuando se presentan bloqueos en las rutas. Dichas dificultades evidencian la necesidad de fortalecer la infraestructura y diversificar las fuentes de abastecimiento.

Asimismo, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), vigente desde 2009, también se encuentra en el centro del debate. Su déficit actual genera presión fiscal y podría traducirse en aumentos del precio interno, con impacto directo en la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

Jiménez Mejía resaltó que la política pública debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, la estabilidad del suministro y la rentabilidad del sector.

Para mejorar la rentabilidad y garantizar la sostenibilidad, el gremio propone que la tasa de retorno refleje las condiciones de mercado regionales y que, en territorios apartados, se permita una mayor libertad regulada para fijar los márgenes de comercialización. “Que en esos territorios se promueva más el régimen de libertad vigilada, es decir, que el margen de comercialización pueda ser fijado libremente por los operadores de los puntos de abastecimiento”, plantea .

La medida, según el vocero, incentivaría la inversión privada y aumentaría la competitividad en regiones donde la operación resulta más costosa.

El contrabando y la informalidad constituyen otro obstáculo para la competitividad del sector. El Ministerio de Minas y Energía dispone de herramientas legales para supervisar y sancionar irregularidades, pero el gremio insiste en la necesidad de una colaboración estrecha con el Estado para asegurar el cumplimiento de la normativa y evitar que el contrabando afecte a los operadores legales. “Ser un servicio público esencial para los colombianos implica buscar siempre trabajar de la mano con el Estado para encontrar las mejores soluciones y evitar cuellos de botella o situaciones de desabastecimiento”, recalcó Jiménez a El Tiempo.

La preocupación central del sector se resume en dos conceptos: “competitividad y competencia”. El presidente ejecutivo del Comce enfatizó en que “es clave que la cadena de distribución tenga márgenes justos y que exista un mercado equilibrado para evitar concentración, garantizar inversión y asegurar el abastecimiento en todo el país”.