Toma del Palacio de Justicia: 40 años de una masacre televisada que sigue fracturando a Colombia

La década entre 1980 y 1990 puede ser considerada la más violenta en la historia de Colombia; durante esos años, el país fue noticia por el narcotráfico, la intervención de criminales en el fútbol profesional, la muerte de políticos, magistrados, jueces y policías, hasta la explosión de medios de comunicación.

Entre los actores del conflicto interno del país estaba el cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar, el cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, además de varios grupos guerrilleros como las Farc-EP y el M-19.

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En la mitad de la década, luego de que quedó en evidencia que varios sujetos que se vendían públicamente como empresarios, en realidad eran narcotraficantes que lideraban el envío de cocaína, principalmente a Estados Unidos, el gobierno, encabezado por Belisario Betancur optó por tener una postura de paz, en la que buscó negociar con los asesinos del ministro Lara Bonilla (cartel de Medellín), al unísono de un intento de proceso de diálogo con el M-19.

De hecho, esa postura hizo que el inicio de 1985 fuera, en varios aspectos, tranquilo, en comparación con lo registrado previamente o la cadena de muerte y violencia que se llevó a cabo en los años posteriores.

A nivel de hechos, antes de noviembre lo más relevante era ligado al proceso de paz entre el Estado y el M-19, como lo fue el atentado contra Antonio Navarro Wolf en mayo, o el operativo en el que fue abatido el comandante del grupo guerrillero Iván Marino Ospina.

Mientras el Estado aseguraba que negociaba un acuerdo con los grupos armados y con las organizaciones del narcotráfico, en el país la noticia del momento era el subcampeonato de América de Cali en la Copa Libertadores tras perder la final ante Argentinos Junior.

Tras el fracaso deportivo, Colombia fue protagonista de las primeras planas de los medios en el mundo por uno de los crímenes más recordados en la historia del país, la toma del Palacio de Justicia.

Como si se tratara de una olla a presión destapada antes de tiempo, el 6 de noviembre quedó en evidencia que la “calma” que se vendía en Colombia no era más que una bomba que ese día explotó.

Sobre las 11:30 a. m., un bloque del M-19 ingresó al Palacio de Justicia, en teoría, uno de los sitios más protegidos del país, pero que, sin que exista una explicación oficial, no estaba asegurado en esa jornada.

Tras un cruce de disparos contra los escoltas de algunos magistrados, 29 de los 35 hombres y mujeres del M-19 ingresaron al palacio con el objetivo de enjuiciar al mandatario nacional, al que culpaban de haber violado un cese al fuego firmado en agosto de 1984.

Desde el inicio de la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, las cosas no salieron como las tenía planificadas el grupo armado, ya que en la confrontación inicial murió la enfermera de la misión, lo que disminuía el margen de error que tenían los guerrilleros.

Tras tener el poder en el edificio, el comandante del M-19 anunció la toma del Palacio de Justicia, en el que se presume había alrededor de 350 personas. De manera inmediata, la zona fue rodeada por miembros de la Policía y el Ejército, algo que estaba en los planes de los guerrilleros para comenzar con una posible negociación; por ejemplo, cinco años atrás habían pedido la liberación de 300 de sus hombres en prisión y cinco millones de dólares para abandonar la embajada de República Dominicana.

Este fue el segundo aspecto que no tenían en sus planes los hombres del M-19; lejos de buscar un acuerdo, la orden del presidente fue “restablecer la Constitución” protegiendo la vida de los rehenes.

Tras menos de dos horas desde que comenzó la toma, las autoridades atacaron por primera vez para recuperar los primeros tres pisos del edificio, provocando una conflagración que se mantuvo durante varias horas.

En uno de los informes que se han publicado sobre la toma se afirma que, reconociendo que habían sido derrotados, los hombres del M-19 permitieron que el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, hablara con un medio de comunicación para pedir que cesara el fuego, solicitud que no fue escuchada.

Con la mayoría de guerrilleros y rehenes ubicados en el cuarto piso, las autoridades ingresaron por tierra y aire al edificio; de hecho, las transmisiones de los noticieros captaron como descendían uniformados de helicópteros que sobrevolaban el palacio, algunos de ellos resultaron heridos tras aterrizar de manera abrupta contra el suelo de la terraza.

Al mismo tiempo, antes de que llegara la noche, comenzó un incendio en la biblioteca del primer piso, que se extendió hasta el cuarto piso; en los informes se afirma que el cuerpo de bomberos no pudo intervenir a tiempo porque los uniformados no les permitieron acceder al lugar.

Debido a las imágenes que estaban apareciendo en televisión nacional, de manera improvisada se ordenó el traslado de equipos de transmisión hasta el estadio El Campín para que se emitiera a nivel nacional el compromiso entre Millonarios y Unión Magdalena; la orden desde la Presidencia de la República fue que no se mostrara más lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia.

Después de confrontaciones entre las autoridades y el M-19, además de varios hechos que siguen sin ser explicados hasta la fecha, sobre las 2:30 p. m. del 7 de noviembre se confirmó que se había recuperado el control del Palacio de Justicia.

Sobre las decisiones que se tomaron para este final, hay hipótesis en las que se menciona un presunto golpe de Estado y que Belisario Betancur no tuvo voz de mando en las órdenes, pero esto fue desmentido categóricamente por el mandatario.

En el informe oficial se confirmó la muerte de más de 100 personas (inicialmente se habló de 96), entre magistrados, escoltas, uniformados, civiles y guerrilleros; Sin embargo, hasta la fecha solo han sido identificadas alrededor de 70 víctimas.

Además, aunque se responsabilizó por completo al M-19, en los informes también se denunciaron las irregularidades protagonizadas por la fuerza pública, comenzando por el nivel de violencia que utilizó durante la remota.

Esto ha hecho que se tengan dudas sobre el asesinato de la mayoría de los rehenes, puesto que se ha especulado que fueron víctimas de los cruces entre las Fuerzas Militares y el M-19.

Una muestra de la ausencia de verdad que hay por este hecho se expone con el caso del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, que según un informe de la Comisión de la Verdad, fue asesinado con balas del Ejército Nacional.

11 personas fueron catalogadas como desaparecidas y años después fueron ubicados los restos de seis. En video quedo captado el momento en que rehenes y una guerrillera salieron con vida del Palacio de Justicia, pero después fueron reportados como no encontrados.

Al respecto, el historiador Julián Penagos relató a Infobae Colombia algunos de los aspectos irregulares de la retoma, comenzando con la forma en la que trasladaron todos los cadáveres a una zona común del palacio.

“Organizaron los muertos al lado de la estatua de Francisco de Paula Santander, eso entorpece las investigaciones, hay un informe de Medicina Legal que está perdido, en el que se hablaba de las dudas sobre las balas que asesinaron a los magistrados, el caso de Urán (Carlos Horacio Urán), que salió del palacio, pero aparece desnudo con un tiro de gracia”.

Todo lo que paso después del 7 de noviembre relacionado con la toma tuvo las mismas irregularidades que el operativo con el que se recuperó el edificio, afectando principalmente a las familias de las víctimas.

Hasta la fecha sigue sin haber claridad sobre casos puntuales en los que rehenes fueron vistos salir con vida del palacio, pero horas más tarde sus cuerpos aparecieron en Medicina Legal.

Además, varias familias recibieron los cuerpos de otras personas, pero no se enteraron de ello, sino varios años más tarde. Hay casos en los que en una tumba se encontraron restos de hasta tres sujetos diferentes a los del nombre que aparecía en la lápida de la tumba.

Mientras tanto, el presidente Belisario Betancur afirmó durante el último año de su mandato que, como antes de la toma del Palacio de Justicia, él siempre tuvo bajo control todo lo que pasaba en el país.

“El gobierno es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones que los encarnan, los tiernos afectos de quienes han sido sacrificados en esta absurda e incalificable tragedia. Los que la han sufrido en su propia carne, los familiares, todos, a quienes el dolor los llena de justa indignación. Los familiares y allegados de los soldados, de los oficiales, de los agentes, de los servidores públicos, de cuantos fueron sacrificados. Los familiares de los guerrilleros, que todos son nuestros compatriotas. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas”, fue parte del discurso de Belisario Betancur en una alocución transmitida en televisión nacional luego de la retoma.