La ruta de los desaparecidos del Palacio de Justicia: archivos desclasificados y testimonios revelan cómo una red estatal encubrió su paradero

Al cumplirse 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, trágicos eventos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, un análisis forense exhaustivo reescribe la historia y emerge como un faro contra la oscuridad de la impunidad.

La investigación “Huellas de la Desaparición”, un trabajo realizado por la Comisión de la Verdad en colaboración con la agencia internacional Forensic Architecture, se concentra en las denominadas por la investigación como: “cajas negras de la desaparición forzada” y, aunque forma parte de un esfuerzo más amplio de esclarecimiento que incluye casos del conflicto armado en regiones como el Urabá (ubicada entre Antioquia y Chocó) y el territorio ancestral Nukak (en la Amazonía colombiana), sus hallazgos en Bogotá son fundamentales pues desvirtuaron la versión oficial de la verdad en los acontecimientos de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

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En entrevista con Infobae Colombia, Julián Enrique Penagos Carreño, profesor del Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana y autor del libro Trauma y silencio: la memoria informativa de la toma y retoma del Palacio de Justicia, explicó que este tipo de trabajos forenses y de reconstrucción “confirma lo sabido y lo insinuado por informes, sentencias e investigaciones periodísticas, pero lo eleva a estándar probatorio: pasa de la narrativa a la prueba espacial, sincroniza las secuencias de los desplazamientos de los rehenes y fija cada hecho en coordenadas precisas de tiempo y lugar. Da orden al caos y a la confusión de lo ocurrido ese día”.

El enfoque de la investigación fue claro: no se concentró en la confrontación armada, sino en lo que le sucede a un grupo de rehenes –trabajadores de la cafetería, visitantes, guerrilleros y jueces– que fueron clasificados como “especiales” o “sospechosos”. Las conclusiones señalan que, por esta clasificación, fueron detenidos y trasladados a diferentes instalaciones militares en Bogotá, donde fueron torturados y, en algunos casos, asesinados.

El trabajo se apoyó en investigaciones judiciales, testimonios de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Su análisis demostró que lo que se presentó como un escenario caótico y confuso de liberación de rehenes sirvió, por décadas, para encubrir una planificada y organizada operación contrainsurgente. La investigación recalca que la desaparición forzada también contiene destrucción de evidencia, configurando un delito de ejecución permanente perpetrado por agentes del Estado.

La primera parte del estudio, recogida en el documental Cajas Negras, se enfocó en el análisis audiovisual y espacial para reconstruir la formación del cordón de seguridad en la plaza de Bolívar durante el 6 y 7 de noviembre de 1985. Para lograrlo, se sincronizaron 50 horas de video del evento y se situaron en un modelo 3D del lugar. Este posicionamiento permitió relacionar la información visual y entender las operaciones y movimientos de las fuerzas del Estado, determinando que, en este punto, las “cajas negras” se produjeron como resultado de una coreografía que obstruyó las líneas de visión de la prensa y capturó a los detenidos.

El videoanálisis de Forensic Architecture reconstruyó los cinco minutos cruciales durante los cuales siete rehenes, clasificados como ‘especiales’, salieron del Palacio de Justicia y fueron conducidos a la Casa del Florero. Al sobreponer los puntos temporales identificados, se demostró la logística militar utilizada para su detención, trazando los últimos momentos en que estas personas fueron capturadas en cámara.

La investigación fue más allá de los hechos en la plaza, definiendo la “infraestructura” como la red material, burocrática e institucional que permitió la ejecución del crimen en el tiempo. La “logística” se refirió a la coordinación establecida entre diferentes instituciones estatales (militares, policiales y agentes de inteligencia) para ejecutar y sostener la desaparición forzada

Desde el momento en que los rehenes comenzaron a ser evacuados del Palacio, se dispusieron rutas diferenciadas de traslado bajo control castrense, vehículos oficiales y puntos de reclusión temporal en instalaciones militares. La coordinación permitió aislar a determinados sobrevivientes —particularmente trabajadores de la cafetería y civiles sospechosos de colaborar con la insurgencia—, conduciéndolos a lugares donde fueron interrogados y sometidos a tratos crueles, fuera de cualquier control judicial.

El primer eslabón de esta red fue la Casa del Florero, donde el grupo de “especiales” fue llevado tras cruzar el cordón de seguridad. Basándose en testimonios de funcionarios judiciales, visitantes, magistrados, empleados y militares, y dado que no existen imágenes o videos internos, el estudio identificó cómo la arquitectura del museo fue apropiada por agentes estatales.

Además, la investigación se apoyó en documentos militares que establecieron los protocolos y permitieron concluir que varios espacios fueron reprogramados para crear un filtro de clasificación contrainsurgente:

• Plan Tricolor 83: el plan de defensa nacional activado para la retoma, que detallaba la necesidad de actuar con “toda la fuerza disponible y sin tregua” para destruir al enemigo. La investigación señala que la versión entregada a la Fiscalía General de la Nación se encuentra manipulada, ocultando amplias porciones del documento.
• Memorandos previos a la toma: registran que la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Central del Ejército (D2 EMC) y otras entidades ya tenían conocimiento del plan del M-19.
• Manual de Inteligencia de Combate (1978): detalla lineamientos de operación en el contexto de la “guerra irregular”. Los conceptos de “infiltración” y “agencia de inteligencia” se vieron aplicados en el cordón de seguridad, y la “búsqueda de información”, que explica el procesamiento y clasificación de personas liberadas.
• Plan de Operaciones Especiales de Inteligencia N° 002 (1980): indicaba que la Brigada de Institutos Militares coordinaría operaciones de inteligencia y contrainteligencia, incluyendo a la Escuela de Caballería.

La investigación concluye que la ciudad se transformó en un aparato contrainsurgente y que la red de contrainteligencia desplegada conectó edificios y grupos de acción gracias a las calles y vehículos.

La tercera parte se centró en la Escuela de Caballería, ubicada en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá. En este lugar, entre el 7 y el 15 de noviembre de 1985, alrededor de 20 personas fueron detenidas y sometidas a interrogatorios y torturas.

Los detenidos llegaron en cinco grupos. El análisis cartográfico en 2D, recopilado en el librillo Locaciones, recorridos y vehículos de detenidos, mostró que cada grupo fue transportado por diferentes agentes del Estado en distintos vehículos. Este hecho evidencia una red de coordinación entre distintas unidades de la fuerza pública. Para algunos, la Escuela de Caballería fue el último lugar en el que se les pudo localizar con vida antes de ser asesinados y desaparecidos.

Para validar esta información, la investigación aplicó un análisis forense espacial: el modelado del espectro de colores en la reconstrucción 3D del Cantón Norte. Esta técnica visualiza la frecuencia con la que los detenidos mencionaron un lugar específico en sus declaraciones; así, el espectro ilustra los sitios más cruciales —como áreas de detención e interrogatorio— al asignar colores más brillantes a los espacios que fueron nombrados repetidamente en los testimonios.

Julián Penagos destacó que estas reconstrucciones son clave para la verdad, dado que el análisis de imágenes y la georreferenciación fijan cada acción en coordenadas de tiempo y lugar y revelan patrones y trayectorias de responsabilidad. De hecho, el acadmémico consideró que este tipo de investigaciones fortalecerían las políticas públicas de memoria, dado que permitirían pasar del gesto conmemorativo a decisiones verificables y exigibles: “la verdad pública se construye con método y con las familias en el centro. No basta con conmemorar; hay que probar”, afirmó a Infobae Colombia subrayando que, por ejemplo, “se podría institucionalizar los archivos audiovisuales, de georreferencia y domésticos de las familias, como archivo público, con permiso de la familia desde luego. Esto implica una actualización continua, gobernanza, protocolos de preservación y articulación con bases documentales y archivos familiares”.

Un aspecto crucial fue el manejo de los cuerpos posterior a la retoma. Los diagramas en el librillo Manejo de cuerpos y rutas demuestran que el proceso de identificación fue irregular y producto de varias manipulaciones, resultando en identificación falsa, confusión, e inhumación equivocada. Agentes estatales obstruyeron al personal competente para los levantamientos, siendo reemplazados por jueces militares, lo que llevó a que los cuerpos tuvieran diferentes recorridos y destinos, siendo algunos enterrados en fosas comunes.

El concepto de “Evidencia Negativa” se plasmó en un mural de acceso público que lleva este nombre y detalla la rigurosa búsqueda de respuestas por parte de las víctimas de desaparición forzada desde 1985. Esta visualización de datos registra todos los principales eventos, victorias y bloqueos que las familias enfrentaron, ilustrando cómo la información y las pesquisas fueron obstruidas por las instituciones durante años, y cómo, con el paso del tiempo, estas obstrucciones se transformaron en respuestas clave gracias a la persistencia de las familias.

Esta pieza es el resultado de una rigurosa minería de datos que mapeó la trayectoria de los elementos probatorios, como documentos y restos humanos que fueron sistemáticamente alterados, perdidos, rechazados o destruidos por el Estado. El mural ilustra cómo las condiciones políticas definieron la posibilidad de que un objeto fuera aceptado como prueba; por ejemplo, documentos rechazados en 1985 fueron aceptados en 2006.

La investigación reconoce que el trabajo de las familias de los desaparecidos fue una fuente crucial. Documentos como el Diario de un familiar, utilizado por los allegados de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio y posteriormente desaparecido, contienen valiosas pistas y eventos que demuestran la rigurosa búsqueda adelantada. Además, en una colección de cartas de la familia Rodríguez se evidencian la tensión entre las víctimas y el Estado, que decidió no profundizar en las investigaciones sino hasta veinte años después de los hechos.

En los días posteriores a la toma, la angustia de los familiares de varios desaparecidos se plasmó en escritos desesperados enviados a las más altas esferas del poder, como se evidencia en estos fragmentos de las cartas que hoy son parte de la prueba:

• El 12 de noviembre de 1985, la esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera y otras familiares escribieron al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González, reportando la desaparición del grupo de la cafetería: “Hemos estado presentes en medicina legal, todas las clínicas y centros hospitalarios, Dijin, F2, Das, brigadas de institutos militares y demás organismos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, sin tener datos hasta el momento“.
• El 18 de noviembre, el padre de Carlos Augusto, Enrique Rodríguez Hernández, imploraba al ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, su ayuda, basándose en la evidencia de que su hijo no estaba entre los muertos: “Mi hijo no estando entre las víctimas, debió salir vivo del aleve entuerto y puede encontrarse en poder de las autoridades, por razones de la investigación, como una serie de indicios lo acreditan“.
• Un día después, el 19 de noviembre, el abogado y fiscal Enrique Rodríguez Hernández escribió al procurador Delegado para las Fuerzas Militares, mayor general Nelson Mejía Henao, revelando la información que la sociedad civil ya manejaba sobre el destino de los desaparecidos: “Hemos sido objeto de una serie de llamadas anónimas en una de las cuales quien llamó y habló conmigo, dijo ser integrante del B-2 de las Fuerzas Armadas y me afirmó que él personalmente había intervenido en el traslado del personal de la cafetería del Palacio de Justicia al Cantón Militar del Norte (...) pero que a partir del sabado 16 habían sido entregados a otro grupo del mismo B-2, que los estaba torturando“.

Al referirse al valor de la búsqueda de verdad de las familias, el profesor Penagos sostuvo que “es dignificar la lucha por la verdad de las víctimas. Es hacer visible la tortura de décadas de trabas, censura y amenazas por conocer la verdad de lo ocurrido. Aquí, lo doméstico, lo privado, se convierte en memoria pública y evidencia que se puede utilizar para desenmarañar el caos de los hechos”.

Para acceder a la investigación completa, ingrese a este link.