La Comisión de Disciplina Judicial amplió la investigación disciplinaria contra la jueza Claribel Rodríguez, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por su presunta responsabilidad en maniobras que habrían demorado u obstaculizado la recaptura del empresario Emilio José Tapia, condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La decisión se produjo luego de que la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico emitiera una nueva compulsa de copias con base en información reciente sobre actuaciones del despacho judicial que, según fuentes del proceso, habrían incidido en la tardanza con la que se ejecutó la orden de captura, de acuerdo con Cambio.
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El caso se centra en la actuación de la jueza Rodríguez, quien el 11 de abril de 2025 otorgó a Tapia el beneficio de libertad condicional, una medida que generó críticas y fue apelada por la Procuraduría General de la Nación.
Para el ente de control, el condenado no cumplía los requisitos de resocialización ni los tiempos de pena exigidos por la ley para acceder al beneficio.
En octubre, seis meses después de la polémica decisión, el Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá revocó la libertad condicional y ordenó la captura inmediata del empresario.
No obstante, la ejecución de la medida se demoró más de veinte días, lapso en el que Tapia continuó libre, lo que despertó suspicacias sobre la gestión judicial en Barranquilla.
El empresario fue finalmente recapturado el viernes 31 de octubre en la clínica Altos del Prado de la capital del Atlántico, donde había ingresado con apoyo de funcionarios del Inpec para tratarse supuestos problemas de hipertensión. Desde entonces permanece recluido en la Penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla.
Tapia, conocido como el “zar de la contratación”, cumple una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su papel en el desvío de 70 mil millones de pesos del anticipo entregado al consorcio Centros Poblados en el contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El dinero, que debía usarse para llevar conectividad a zonas rurales, fue desviado a través de una red de empresas ficticias y sobrefacturaciones, uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país, de acuerdo con informes de El Tiempo.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ya había abierto una investigación formal contra la jueza desde el 22 de septiembre, tras la polémica por la libertad condicional.
Según documentos del proceso, el 22 de abril se compulsaron las primeras copias para determinar si Rodríguez incurrió en faltas disciplinarias al autorizar la salida de prisión de Tapia.
En mayo, el expediente avanzó a investigación formal, y en septiembre se amplió para incluir la presunta demora en resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría contra la libertad condicional.
Ahora, con la nueva compulsa de copias, el proceso adquiere una nueva dimensión. La Comisión investiga si el despacho judicial intervino o se abstuvo de actuar diligentemente tras la revocatoria de la libertad, contribuyendo así a que Tapia permaneciera libre pese a una orden de detención vigente.
En un comunicado, la Comisión de Disciplina Judicial explicó que la decisión de ampliar la investigación se adoptó tras recibir información sobre posibles “maniobras para demorar y obstaculizar la recaptura”. El organismo precisó: “A pesar de la notificación de captura surtida el viernes anterior en una clínica de Barranquilla al señor Emilio José Tapia, 20 días después (…) la Comisión de Disciplina Judicial fue advertida de posibles nuevas irregularidades por parte de la instancia que previamente había avalado su libertad”.
La jueza Rodríguez, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre las nuevas acusaciones. Sin embargo, en comunicaciones previas dentro del expediente disciplinario, ha defendido la legalidad de sus actuaciones y sostenido que la libertad condicional se concedió “con base en los documentos y certificaciones penitenciarias disponibles”.
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