Nuevo llamado de atención a Petro por posible racionamiento de gas y de energía en Colombia: riesgos se intensificaron

La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva advertencia al presidente Gustavo Petro y al ministro de Energía, Edwin Palama, sobre el riesgo inminente de racionamiento de energía y de gas en Colombia. Por medio de una carta, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló “ha pasado un año desde nuestra advertencia y no se han tomado decisiones para reducir o eliminar los escenarios de riesgo; las condiciones de criticidad se han agudizado”.

La comunicación enfatiza la ausencia de medidas efectivas y el agravamiento de los factores que amenazan la seguridad energética nacional.

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Rodríguez recordó que la Contraloría emitió una advertencia formal el 7 de noviembre de 2024 al Ministerio de Minas y Energía, tras un estudio sectorial sobre la seguridad y confiabilidad energética en el país. En ese momento, el organismo identificó cuatro riesgos principales que, lejos de mitigarse, se han intensificado durante el último año.

“Debo acudir nuevamente a esa cartera ministerial para expresar la preocupación de la Contraloría General de la República en torno a la seguridad y confiabilidad energética del país”, expresó el funcionario en la misiva.

De acuerdo con el contralor, los principales riesgos energéticos identificados son los siguientes:

• Reducción de los ingresos nacionales derivados de la producción y exportación de hidrocarburos:

Esta caída afecta especialmente a las regiones productoras y se refleja en los indicadores de exploración y reservas, lo que compromete la estabilidad del sector. Además, la disminución de ingresos fiscales provenientes de impuestos industriales podría, ante un eventual desabastecimiento o encarecimiento de combustibles como el gas, ACPM y gasolina, llevar al cierre de empresas.

• Presión sobre los recursos públicos destinados a subsidios para servicios como el gas y la electricidad:

Si la producción nacional resulta insuficiente y se recurre a la importación de combustibles, los precios aumentarían debido a la competencia en el mercado internacional. Esto encarecería el costo de la energía para los usuarios subsidiados, obligando al Estado a asumir un gasto mayor sin contar con ingresos adicionales suficientes en el presupuesto.

• Disminución de la inversión extranjera directa, consecuencia de la falta de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos:

Esta situación impacta negativamente el producto interno bruto (PIB) y reduce los ingresos estatales, lo que limita la capacidad del Gobierno para atender las necesidades nacionales. Además, la menor inversión ejerce presión sobre la tasa de cambio, con efectos sobre la economía y el valor de la deuda externa.

• Incremento de los subsidios a los combustibles, derivado de la posible alza en los precios al importar estos productos:

La situación elevó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que en los últimos 15 años ha acumulado un desfinanciamiento cercano a los $100 billones, monto que debe ser cubierto con recursos del Presupuesto Nacional.

El seguimiento fiscal de la Contraloría muestra que:

• La producción diaria de hidrocarburos descendió de un promedio de 772.000 barriles por día (Kbpd) en 2024 a 747.000 kbpd en 2025, lo que representa una reducción del 4,23%.
• Las exportaciones de petróleo y derivados también disminuyeron, pasando de 2,64 millones de toneladas mensuales a 2,48 millones, una caída del 5,9%.
• En términos monetarios, las exportaciones bajaron de USD1.252 millones mensuales en 2024 a USD1.069 millones en 2025.
• El recaudo de regalías experimentó una reducción del 15% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, y el volumen de barriles cayó un 6%.

Asimismo, la deuda de subsidios a servicios públicos alcanzó niveles críticos, sobre todo, en los sectores de gas natural por redes y electricidad. Según datos cotejados por la Contraloría, Andesco, Asocodis y Naturgas, hasta septiembre de 2025 se otorgaron subsidios a usuarios de los estratos 1, 2 y 3 por un total de $3,64 billones, de los que solo se pagaron $0,76 billones. Esto deja una deuda acumulada de cerca de $2,88 billones, con un saldo pendiente cercano al 70%.

La falta de recursos suficientes en la partida presupuestal para cubrir estas obligaciones hace prever a la Contraloría que cualquier incremento en las tarifas de estos servicios ejercerá mayor presión fiscal y pondrá en riesgo la sostenibilidad del esquema de subsidios.

La carta advierte sobre la necesidad de importar combustibles para cubrir la demanda nacional. De acuerdo con el balance de oferta y demanda elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), se requerirá nueva oferta nacional o capacidades adicionales de importación hacia finales de 2026, por un periodo no menor a tres meses, en especial, en escenarios de baja oferta de gas natural.

Se estima que las cantidades adicionales necesarias rondarán los 200 gigas (GBTUD). Además, se proyecta un déficit creciente de gas natural a partir del primer trimestre de 2029, debido a la declinación de los campos productores actuales.

Aunque se amplió la capacidad de importación mediante la Regasificadora de Cartagena, la situación exige nuevas infraestructuras tanto en la costa atlántica como en el Pacífico. El aumento de los volúmenes importados, a precios superiores a los del gas nacional, impactará directamente las tarifas, lo que afecta de gran manera a los usuarios residenciales más vulnerables, que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de facturas.

“La presión sobre las tarifas, producto del incremento en el componente de suministro, originado por el mayor precio de la molécula importada, hace necesario disponer de recursos adicionales en el Presupuesto General de la Nación para atender el pago de subsidios, sin que se disponga de los ingresos adicionales suficientes”, advirtió Rodríguez en la comunicación.

La Contraloría también resaltó la falta de avances en la transición energética. Desde inicios de 2025, el organismo está a la espera de la presentación de un plan concreto de transición y de los proyectos asociados, sin que hasta la fecha se hayan concretado. El contralor aseguró que garantizar la seguridad y confiabilidad energética requiere contar con suficientes hidroeléctricas, térmicas y fuentes renovables, así como interconexiones regionales y políticas que promuevan la eficiencia y la diversificación de fuentes.

No obstante, persiste la ausencia de una infraestructura robusta y de políticas claras para respaldar la transición.