El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que Hollman Morris, gerente de RTVC, aprobó pagos mensuales por más de 71 millones de pesos a la Revista Raya para la realización de “investigaciones independientes” en el marco de un contrato de coproducción de veinte programas para Señal Colombia y plataformas digitales.
A través de sus redes sociales, Daniel Briceño difundió partes del documento que confirma el contrato entre RTVC Sistema de Medios Públicos y la Fundación Raya.
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Según el concejal, “Hollman Morris le paga 71 millones de pesos mensuales a Revista Raya para que hagan ‘investigaciones independientes’ para RTVC. Con esa plata atacaron a los senadores que votaron contra la reforma laboral y a los magistrados que ordenaron la libertad de Álvaro Uribe. Propaganda”.
El contrato, firmado en febrero de 2025, contempla la coproducción del proyecto periodístico “Señal Investigativa”, que incluye la realización de 20 episodios de una hora cada uno para emisión en Señal Colombia y difusión en plataformas digitales.
Condiciones y montos del convenio
El documento, del que Briceño compartió apartes, especifica el alcance técnico y administrativo del proyecto. RTVC destina un aporte económico de 357 millones de pesos, que representa el 68% del valor del proyecto, mientras que la Fundación Raya realiza un aporte en especie estimado en 165 millones de pesos, lo que corresponde al 32% restante.
El valor del contrato se desembolsa en cuotas mensuales vencidas, cada una por 71.400.000 pesos, IVA incluido, sujeto a la entrega de cuatro capítulos y previa verificación de cumplimiento por parte del supervisor designado. El formato del producto exige altos estándares técnicos en video y audio, así como la entrega en plataformas televisivas y digitales.
Las obligaciones para la Fundación Raya incluyen cumplimiento de objetivos, observancia de directrices de RTVC, y presentación periódica de documentación fiscal y de seguridad social.
Debate sobre la neutralidad y el destino de los recursos
La denuncia se produce tras la publicación de un análisis de la Revista Raya titulado “Ibáñez, el magistrado antiderechos que preside la Corte Constitucional”, en el que la revista describe el papel de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, en el trámite y la posible suspensión de la reforma pensional aprobada por el Congreso. El texto cuestiona su postura en la Corte y repasa aspectos de su vida personal y profesional.
Briceño afirma que con los recursos del convenio público se financiaron investigaciones para señalar o deslegitimar a senadores y magistrados que han votado en contra de iniciativas del Gobierno o han tomado decisiones polémicas, como la liberación de Álvaro Uribe. La acusación plantea dudas sobre la independencia editorial de los proyectos financiados por entidades estatales y reaviva el debate sobre el uso de fondos públicos en la producción de contenidos periodísticos.
Alcance del programa y antecedentes del magistrado
“Señal Investigativa”, la serie respaldada por el contrato, tiene como objetivo realizar y difundir investigaciones semanales relacionadas con temas nacionales de actualidad. Cada episodio tendrá una duración cercana a 60 minutos y podrá visualizarse a través de Señal Colombia y múltiples plataformas, según lo estipulado contractualmente.
El artículo de Revista Raya sobre el presidente de la Corte Constitucional sostiene que Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia para hundir la reforma pensional Ley 2381 de 2024, alegando vicios de trámite, y señala que esa postura facilitaría la continuidad del modelo privado de pensiones. El texto refiere también antecedentes relacionados con la despenalización del aborto, la denominada “Paz Total” y aspectos de su vida privada vinculados a procesos de reconocimiento de paternidad.
Reacciones y contexto
El convenio obliga a la Fundación Raya a responder por la producción y entrega de los contenidos, certificando periódicamente el cumplimiento de sus aportes y obligaciones fiscales y laborales, bajo la supervisión de RTVC.
La denuncia de Briceño ha generado debate en redes sociales sobre los límites de la inversión estatal en medios considerados independientes y el riesgo de que se utilicen recursos públicos para respaldo de posiciones vinculadas a una agenda política o a intereses partidistas.
El caso emerge en el contexto de un agudo debate sobre la reforma pensional y la función de la Corte Constitucional, además de la relación entre medios públicos, periodistas y entidades estatales. El desarrollo del contrato y la respuesta de los involucrados seguirán bajo la observación de los actores políticos y sociales interesados en la transparencia de los recursos públicos y la libertad de prensa.
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