Francia Márquez calificó como “retroceso” la decisión de la ONU de excluir la verificación étnica

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió el pasado 31 de octubre de 2025 renovar por un año más el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc.

Sin embargo, esta nueva resolución —la 2798— excluyó de sus funciones la verificación del capítulo étnico y las labores relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos pilares fundamentales para la consolidación de una paz integral.

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Con trece votos a favor y dos abstenciones (Estados Unidos y Rusia), el Consejo aprobó la extensión del mandato, pero con un alcance limitado. La medida, impulsada por presión estadounidense, generó fuertes reacciones en Colombia, especialmente por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, quien calificó la decisión como “un retroceso significativo” en los esfuerzos por garantizar justicia para los pueblos étnicos.

A través de su cuenta en X, Márquez expresó su profundo rechazo a la decisión, señalando que la exclusión del componente étnico y de la JEP debilita el compromiso internacional con las comunidades históricamente más afectadas por el conflicto armado.

“Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aún teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”, afirmó la vicepresidenta.

Márquez también destacó que la verificación internacional ha sido esencial para fortalecer la participación comunitaria, abrir espacios de diálogo y garantizar la transparencia en la implementación de los compromisos del Acuerdo.

La alta funcionaria reiteró que el Gobierno no abandonará la implementación del Capítulo Étnico, pese a la exclusión en el mandato de la ONU.

“Nuestro compromiso sigue firme: como Estado y como gobierno no vamos a abandonar nuestra obligación de implementar el Capítulo Étnico para seguir construyendo senderos de paz”, añadió Márquez, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener su acompañamiento.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció, señalando que la exclusión de estos dos componentes es “una demostración de racismo” y refleja la displicencia del Gobierno de Estados Unidos frente a la verdad en Colombia.

La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, lamentó igualmente la decisión del Consejo. En su intervención en Nueva York, subrayó que el país había solicitado mantener tanto la verificación del capítulo étnico como la de la JEP, pues ambos son elementos esenciales del modelo de justicia centrado en las víctimas.

“La integralidad del acuerdo de 2016 exige que su implementación sea coherente, equilibrada y coordinada, pues todos sus puntos contribuyen de manera conjunta a los objetivos de la paz”, sostuvo Zalabata.

La diplomática indicó que, aunque Colombia respetará la decisión del Consejo, continuará con la implementación interna de los compromisos en materia étnica y de justicia transicional.

La Unidad de Restitución de Tierras expresó su “profunda preocupación” ante la exclusión del componente étnico del mandato de verificación, advirtiendo que esto pone en riesgo la garantía de derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, históricamente golpeados por la guerra.

En el ámbito internacional, miembros del Consejo de Seguridad como Guyana, Panamá, Dinamarca y Rusia manifestaron su desacuerdo con la exclusión. La representación de Guyana, en nombre del Grupo A3+, señaló que el cambio “preocupa gravemente”, dado el lento avance en la implementación del capítulo étnico.

“Nos decepciona que no haya sido posible renovar todos los aspectos del mandato de la misión. Un elemento clave faltante es el mandato de supervisar la aplicación del Capítulo Étnico”, indicó la delegación.

Por primera vez en ocho años, el Consejo de Seguridad no alcanzó consenso total sobre la Misión en Colombia. De acuerdo con el Security Council Report, Estados Unidos habría amenazado con vetar la renovación del mandato si no se retiraban las funciones relacionadas con la JEP y el seguimiento étnico.

El embajador estadounidense, Mike Waltz, argumentó que la Misión “se ha extendido más allá de su alcance original” y que su mantenimiento es “insostenible financieramente”. En contraste, el embajador ruso, Vasily Nebenzya, respondió que la Misión en Colombia es una de las más económicas del sistema ONU, sugiriendo que las objeciones de Washington son más políticas que presupuestales.

Con la Resolución 2798, la Misión de Verificación se concentrará únicamente en tres componentes: la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural integral. Los procesos relacionados con pueblos étnicos y con la justicia transicional quedan fuera del mandato internacional.

Francia Márquez concluyó su mensaje reiterando que, pese a las decisiones externas, el Gobierno colombiano continuará trabajando por una paz duradera, incluyente y con justicia social.

“Seguiremos adelante, trabajando por la paz y la justicia social hasta que la dignidad se haga costumbre”, puntualizó la vicepresidenta.