El reciente anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la continuidad de la verificación de sus sentencias a través de un sistema propio marca un nuevo capítulo en el seguimiento a los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz en Colombia.
La decisión se produce tras la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país, aunque con la exclusión expresa de la función de monitoreo sobre el cumplimiento de las sentencias y las sanciones propias impuestas por la jurisdicción transicional.
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La JEP comunicó que, pese a la modificación en el alcance de la misión internacional, la observación y el control sobre el cumplimiento de las condenas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad se mantendrán activos mediante su propio sistema de monitoreo.
En un comunicado, la jurisdicción explicó que el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva y la Sección de Reconocimiento de Verdad serán los encargados de esta labor, en coordinación con las comunidades afectadas y la Procuraduría General de la Nación, que también podrán ejercer seguimiento sobre la ejecución de las sentencias.
La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de no renovar el mandato de la Misión de Verificación en lo relativo al monitoreo de las sanciones propias y al cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz fue recibida por la JEP con reconocimiento de los desafíos que implica.
No obstante, la jurisdicción enfatizó que la medida no compromete la vigilancia sobre las sanciones. Según la JEP, durante los últimos años, en colaboración con la Misión de Verificación de la ONU, se diseñó un mecanismo riguroso que integra trabajo en terreno y tecnología avanzada para el registro de información en tiempo real, lo que permite documentar las actividades de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas ordenadas en las sentencias.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, subrayó que la decisión de la ONU no alterará la vigilancia sobre las condenas.
Ramelli afirmó: “En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las sanciones propias. Durante los últimos años, de la mano con la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, según recogió la jurisdicción en su comunicado.
La JEP destacó que su sistema propio de monitoreo y verificación se consolidó gracias al trabajo técnico y la cooperación sostenida con la Misión de Verificación de la ONU, lo que le permite mantener la observación sobre el cumplimiento de las sentencias condenatorias.
Además, la jurisdicción saludó la renovación por un año más del mandato general de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aunque sin la función específica de monitoreo sobre las sanciones propias.
La jurisdicción reiteró que, pese a los retos que plantea la nueva configuración del mandato internacional, la verificación de las sentencias y el seguimiento a las acciones restaurativas continuarán bajo su responsabilidad, apoyados en un sistema que combina la experiencia acumulada y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
Petro denuncia racismo tras decisión de la ONU sobre misión en Colombia
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la extensión por un año del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, pero excluyó de sus funciones la supervisión de la justicia transicional y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
El presidente Gustavo Petro criticó la medida, calificándola como una señal de racismo y desinterés por la verdad en Colombia.
“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del gobierno actual de los Estados Unidos con la verdad en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Petro también atribuyó la decisión a intereses políticos y económicos de Washington, afirmando que los aliados actuales de ese país en Colombia “son también aliados del narcotráfico y responsables del genocidio y la violencia”.
Añadió: “Cuando lo importante no es la cocaína sino el petróleo, cambia la estructura de alianzas del gobierno de los Estados Unidos”.
A pesar de estos cambios, la ONU confirmó que la Misión de Verificación continuará supervisando las disposiciones que permanecen dentro de su mandato y mantendrá su presencia en los territorios, así como la colaboración con autoridades nacionales y comunidades.
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