El proceso judicial entre la senadora Isabel Cristina Zuleta y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo un nuevo capítulo tras conocerse el fallo de segunda instancia que confirmó la improcedencia de la tutela presentada por la congresista.
La decisión, emitida por el Juzgado 62 del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, desestimó nuevamente los reclamos de Zuleta, quien sostenía que el mandatario había lesionado su honra, buen nombre y dignidad con afirmaciones publicadas en redes sociales.
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Según informó la revista Semana, la senadora interpuso la tutela al considerar que Gutiérrez difundió mensajes “estigmatizantes” al señalar que ella “habría intercedido para impedir la captura de Juan Pablo Taborda, alias Yordi, cabecilla de La Terraza, argumentando que su detención frustraría el proceso de paz en Itagüí”. Para Zuleta, ese pronunciamiento afectó su reputación al asociarla con conductas delictivas como el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia y el abuso de funciones públicas.
El fallo ratificado este 31 de octubre coincide con la decisión de primera instancia adoptada por el Juzgado Treinta Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá, que ya había declarado improcedente el recurso. El juez Andrés Felipe Ramírez Aguilar, encargado de ese despacho, precisó que las expresiones cuestionadas forman parte de un debate político, por lo que deben resolverse mediante los mecanismos ordinarios del sistema judicial.
El documento judicial señala que “la controversia planteada se circunscribe a un debate político suscitado por expresiones públicas del accionado, cuyo eventual carácter lesivo se enmarca en conductas susceptibles de ser tramitadas mediante los mecanismos judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico”. De esta manera, el juez recordó a la senadora que dispone de alternativas legales como la denuncia penal o la acción civil.
La determinación judicial deja abierta la posibilidad de que Zuleta interponga una denuncia por injuria y calumnia o promueva una acción civil por perjuicios morales ante la jurisdicción ordinaria. También se mencionó la opción de presentar una queja ante la Procuraduría General de la Nación si considera que el alcalde incurrió en abuso de funciones públicas.
Hasta el momento, no se ha conocido si la congresista acudirá a alguna de esas instancias. Zuleta coordina actualmente el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, las mismas que participaron en un acto público junto al presidente Gustavo Petro en el complejo de La Alpujarra, hecho que también generó debate político.
Por su parte, Federico Gutiérrez reaccionó a través de sus redes sociales tras conocerse la nueva decisión judicial. El mandatario expresó: “La justicia nos da la razón. Creo que esas personas que tanto daño le han hecho al país, a la ciudad, y que se aliaron con los peores criminales, en algún momento le van a tener que responder a la justicia”, escribió el alcalde en una publicación.
La controversia entre la senadora y el alcalde se remonta a los primeros meses de 2025, cuando Gutiérrez hizo declaraciones en las que cuestionó el papel de algunos sectores políticos en el diálogo con estructuras armadas de Medellín. Dichas afirmaciones motivaron la acción judicial de Zuleta, quien consideró que el alcalde excedió los límites del debate público.
En su momento, la defensa de Gutiérrez argumentó que sus palabras se emitieron dentro del marco de la libertad de expresión y que respondían a un contexto político legítimo. El fallo de segunda instancia respalda esta posición al señalar que el escenario natural para discutir posibles agravios derivados de pronunciamientos políticos son los procesos judiciales ordinarios, y no la acción de tutela.
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