Registrador aclaró si convocatoria a la asamblea constituyente podría afectar las elecciones del 2026: “Puede que el Congreso la tramite”

La certeza sobre la realización de las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia en 2026 se ha consolidado en el discurso institucional más relevante, incluso, ante escenarios de debate político como la eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Hernán Penagos, registrador nacional, afirmó en entrevista con Portafolio que no existe ningún mecanismo legal que permita suspender o cancelar los comicios previstos para el próximo año, ni siquiera si se presentara un proyecto de ley o se iniciara el trámite de una Constituyente.

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A menos de un año de la cita electoral en la que los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro y renovarán el Congreso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha desplegado una serie de acciones para asegurar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada.

Penagos explicó que los recursos logísticos y financieros están garantizados, y que la entidad avanza en la ampliación de puestos de votación, así como en la implementación de tecnologías como la biometría facial para prevenir la suplantación de identidad.

El funcionario enfatizó que la narrativa sobre una posible suspensión de las elecciones carece de fundamento jurídico.

“Esa duda ya está despejada, y cada vez más debemos disipar esa narrativa que se ha instalado en el inconsciente colectivo de la ciudadanía. Simplemente porque no hay norma, no hay disposición ni argumento alguno que se oponga a que el año entrante se elija un nuevo Congreso y un nuevo presidente”, dijo.

“Y lo digo categóricamente, ni siquiera una eventual presentación ante el Congreso de un proyecto de ley o una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede suspender o cancelar las elecciones en Colombia. Puede que se presente, y puede que el Congreso la tramite, pero ni siquiera eso da lugar a modificar el calendario electoral”, declaró Penagos en diálogo con Portafolio.

En cuanto a la logística, el registrador detalló que la Registraduría cumple un papel operativo fundamental, pero aclaró que la prevención y sanción de delitos electorales corresponde a otras entidades.

“La Registraduría cumple su papel operativo, pero cuando se presentan delitos, faltas, corrupción al elector o compra de votos, son circunstancias que escapan a su competencia. Nosotros no tenemos responsabilidades policivas, mucho menos disciplinarias, fiscales o penales. Sin embargo, el mensaje debe ser claro y es que las elecciones se van a llevar a cabo sin contratiempos el año entrante, y todo está dispuesto para que sean elecciones absolutamente íntegras”, sostuvo el funcionario.

La coordinación interinstitucional es otro eje central del proceso. Penagos subrayó que la responsabilidad de unas elecciones libres y transparentes recae en todas las entidades del Estado.

“Un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades del Estado. Todas ellas deben contribuir al buen desarrollo de ese proceso. Así ha sido y debe ser siempre en cualquier Estado democrático. Todas las instituciones tienen la obligación de aportar para que las elecciones sean libres, transparentes y justas”, afirmó el registrador a Portafolio.

En este sentido, la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa se encargan de la seguridad en los aproximadamente 125.000 puntos de votación, mientras que los órganos de control deben vigilar la conducta de los servidores públicos y la financiación de las campañas.

El calendario electoral ya está en marcha, y la ciudadanía puede actualizar su domicilio electoral o inscribirse si nunca ha votado o si ha cambiado de residencia. Además, la Registraduría está implementando nuevas medidas para fortalecer la integridad del proceso, como la publicación de las actas de cada mesa de votación.

“Vamos a publicar todas las actas electorales de cada una de las mesas, las 125.000 mesas que aproximadamente se instalan en las elecciones del año entrante, para que la ciudadanía, a medida que observe los resultados que divulgue la Registraduría, pueda también verificar cómo fue el conteo en cada mesa de votación en Colombia”, precisó Penagos.

La observación internacional está confirmada para los comicios, y se han dispuesto mesas para la atención de delitos electorales, así como auditorías a los sistemas de información y al sistema electoral en general.

En cuanto al financiamiento, el registrador detalló que el presupuesto para las elecciones, incluyendo las de juventudes realizadas recientemente, asciende a $1,9 billones de pesos. “El presupuesto de la Registraduría está en ejecución y acá debemos decir que las elecciones del próximo año, incluyendo las de juventudes, que se llevaron a cabo hace ocho días, cuestan aproximadamente $1,9 billones de pesos”, indicó el funcionario.

Los recursos provienen tanto del presupuesto de 2025 como de vigencias futuras de 2026, lo que ha permitido contratar los servicios necesarios para la organización de los comicios. Los pagos se realizan conforme al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), en función del avance de las tareas.

“Los pagos se efectúan conforme al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC); es decir, en la medida en que se van ejecutando las distintas tareas, la Registraduría va girando los recursos. Entiendo que, para este año, era necesario girar alrededor de $600.000 millones, pero esos recursos se han girado sin mayores dificultades”, explicó Penagos.

El proceso de inscripción de ciudadanos, la puesta a punto de los kits electorales y la construcción de sistemas de información para la publicación de los formularios E-14 también están en curso.

El registrador concluyó que, aunque los $1,9 billones de pesos no se encuentran físicamente en la caja de la entidad, los recursos están asegurados y se desembolsan desde el Ministerio de Hacienda conforme se cumplen las etapas del plan de trabajo.