Petro envió contundente mensaje a la fiscal Luz Adriana Camargo por investigación de irregularidades en su campaña: “No encontrará nada”

La Fiscalía General de la Nación en Colombia intensificó las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, centrándose en dos frentes principales: la posible superación de los topes electorales permitidos y la presunta financiación ilegal de la candidatura. Luz Adriana Camargo, fiscal general, explicó que ambos aspectos están siendo objeto de un escrutinio detallado por parte de las autoridades.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, Luz Adriana Camargo precisó que los investigadores siguen dos líneas de trabajo. Por un lado, se examina si la campaña de Petro Presidente excedió los límites de gasto establecidos por la ley electoral. Por otro, se indaga si hubo ingresos de origen ilícito, con especial atención a las actividades de Ricardo Roa, uno de los responsables de la campaña. “Tenemos dos líneas investigativas, una que tiene que ver con la superación de topes electorales, que es un tema muy conocido; y la otra que tiene que ver con si hubo o no dineros de origen ilícito; lo que tiene que ver con el señor Ricardo Roa”, afirmó la fiscal general a los medios de comunicación.

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La investigación cobró nuevo impulso tras la inspección realizada el miércoles 29 de octubre de 2025 en la sede de Colombia Humana, movimiento político que respaldó la candidatura de Petro. El objetivo de esta diligencia fue recolectar información que permita determinar si se cometieron delitos durante la campaña. Este proceso está bajo la responsabilidad del fiscal anticorrupción Elkin Ardila.

Camargo subrayó que “la diligencia hace parte del programa metodológico que se desarrolla en la Dirección Especializada contra la Corrupción, que tiene que ver con las irregularidades que han sido denunciadas en la campaña de Colombia Humana”.

Hasta el momento, ninguna de las fiscalías encargadas ha emitido llamados a imputación de cargos. No obstante, la fiscal general enfatizó el compromiso institucional de avanzar en todas las pesquisas. “En el 100 por ciento de las investigaciones, el deber de la Fiscalía es llegar hasta las últimas consecuencias”, destacó Luz Adriana Camargo.

En reacción a las declaraciones de la alta funcionaria, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje. En su opinión, “no encontrará nada” relacionado con presuntas irregularidades de su campaña presidencial.

Mientras se adelantan las investigaciones por parte del ente acusador, el próximo 13 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se prepara para tomar una resolución determinante en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La sala plena del organismo evaluará la ponencia elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes concluyeron que la campaña habría superado los topes de gasto permitidos y recibido aportes de origen no autorizado.

El proceso ha atravesado diversas etapas, incluyendo la resolución de recusaciones contra el magistrado Prada, que fue cuestionado por sus posturas críticas hacia el Gobierno nacional y por publicaciones en redes sociales. Tras el rechazo de estas recusaciones, la ponencia fue rotada entre los despachos de los magistrados durante dos semanas, lo que permitió cerrar la fase de análisis previo y fijar la fecha definitiva para la decisión.

Uno de los elementos centrales de la ponencia es un antecedente señalado por la Corte Suprema de Justicia, que determinó que la campaña de Petro habría omitido reportar la totalidad de sus gastos con el fin de no exceder los límites legales. Entre los casos analizados destaca el contrato de transporte con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), considerado un ejemplo de gasto no reportado en su totalidad ante las autoridades electorales.

En el seno del CNE, compuesto por nueve magistrados, se anticipa una votación dividida. De acuerdo con recuentos preliminares, la ponencia contaría con el respaldo de cuatro votos: los de Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez (Partido de la U) y Alfonso Campo (Partido Conservador). Por el contrario, las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanas al Pacto Histórico, se proyectan en contra. Si se produce un empate o no se alcanza la mayoría necesaria, la decisión podría requerir la intervención de conjueces.