La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 exintegrantes del Ejército Nacional vinculados a 49 casos de ‘falsos positivos’ en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
La decisión otorga a los exmilitares el beneficio de renuncia a la persecución penal, condicionado al cumplimiento de estrictos requisitos de verdad, reparación y garantías de no repetición.
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La resolución se dirige a exmiembros de la fuerza pública que no fueron seleccionados como máximos responsables en asesinatos y desapariciones forzadas registradas falsamente como bajas en combate, hechos reportados entre 1999 y 2008.
El beneficio judicial implica la eliminación de antecedentes judiciales y disciplinarios relacionados con estos procesos, los cuales serán archivados, siempre que los beneficiarios hayan cumplido con los requisitos establecidos por el régimen de condicionalidad de la jurisdicción transicional.
Para acceder a este beneficio, los exmilitares debieron aportar una verdad plena, exhaustiva y detallada que superara lo conocido por la justicia ordinaria.
Además, los exuniformados reconocieron su responsabilidad en los hechos en los que participaron, concertaron medidas de contribución a la reparación con las víctimas y asumieron compromisos formales de no repetición.
Estas condiciones buscan que la justicia transicional no solo cierre expedientes, sino que también contribuya a la memoria histórica y a la reparación de las comunidades afectadas.
Y es que en el Catatumbo, la JEP identificó dos modalidades dentro del patrón macrocriminal de los falsos positivos.
Por un lado, se documentaron señalamientos falsos contra habitantes de la región, acusados de colaborar con la guerrilla a partir de información fabricada.
Por otro, se registraron asesinatos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, quienes fueron trasladados con engaños desde zonas apartadas como Soacha, Cundinamarca, hasta Norte de Santander, para luego ser presentados como supuestos guerrilleros abatidos en combate.
Los 133 exmilitares deberán cumplir medidas de reparación en favor de las víctimas en un plazo máximo de dos meses y mantener su compromiso con la no repetición, lo que representa un paso relevante en el proceso de reconciliación en Colombia.
Catatumbo, una de las regiones más afectadas por los ‘falsos positivos’ en el país
Y es que las investigaciones apuntan a que entre fines de los años 90 y los primeros años del milenio, se estableció un patrón sistemático en el Catatumbo: jóvenes campesinos o trabajadores informales eran engañados o reclutados bajo falsas promesas, trasladados a la zona, asesinados y luego reportados como guerrilleros muertos en combate por parte de agentes del Estado.
Esta práctica respondía a una lógica institucional de “resultados” en la guerra —como bajas logradas— que incentivaba ascensos, bonificaciones o reputación dentro de la fuerza militar.
Uno de los elementos distintivos en esta zona fue que las víctimas no necesariamente eran de la región, sino que muchas provenían de otros municipios como Soacha, Bogotá, o el departamento de Santander, para que su identidad no fuera reconocida fácilmente por las comunidades locales del Catatumbo.
Así las cosas, es importante mencionar que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en todo el país hubo al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
Solo en Norte de Santander, se registraron al menos 420 víctimas en el período 1985-2016; de ese grupo, el 82% se concentra entre 1999 y 2008, y la mayor cantidad de víctimas se encuentra en la zona del Catatumbo.
Aunque no se proporciona una cifra exacta específica para el Catatumbo en los años 90-00 diferenciada, la JEP señala que esa subregión tiene “la mayor cantidad de víctimas reportadas” del departamento.
Adicionalmente, se identifica que las divisiones del ejército involucradas en esa zona —como la Segunda División con jurisdicción en Norte de Santander-Boyacá— están entre las cuatro divisiones que concentran cerca del 60% de los casos de falsos positivos en esas zonas priorizadas.
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