La Fiscalía General de la Nación reafirmó la continuidad de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt en las investigaciones relacionadas con Nicolás Fernando Petro Burgos, luego de desestimar la recusación presentada por el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda.
En la resolución, la directora (e) de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, sostuvo que “no se configura ninguna de las causales previstas en la Ley” para apartar a la fiscal del caso, y enfatizó que “la Fiscal Delegada continuará con el conocimiento de las investigaciones referidas”.
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El análisis del ente investigativo se centró en la supuesta afectación de garantías procesales y la posible interferencia derivada de la filtración mediática de información reservada.
Al respecto, la entidad determinó que “no se ha demostrado que la supuesta filtración mediática haya sido atribuida a la fiscal ni ha comprometido el debido proceso”, según consta en el documento oficial.
Además, se subrayó que “la nulidad no puede declararse por presunciones ni por hechos externos no vinculados directamente con la actuación procesal”.
En cuanto a la solicitud de compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación por presunta violación del principio de imparcialidad, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos concluyó que “no existen elementos objetivos que justifiquen la remisión de copias para investigación disciplinaria”.
La resolución precisa que en el proceso de investigación que se lleva en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, “no se ha acreditado la existencia de conflicto funcional ni de interés procesal”, y que la fiscal ha actuado “conforme al principio de legalidad”.
Sobre la posible infracción de los artículos 413 y 418 del Código Penal, que tipifican el prevaricato por acción y el abuso de autoridad por omisión, la Fiscalía fue contundente al mencionar que: “no se ha demostrado que haya dictado resolución contraria a derecho ni omitido actos propios de su función. No procede remitir antecedentes por ausencia de tipicidad penal”.
En materia de protección de la información reservada, la institución reiteró su compromiso institucional y señaló que “la Fiscalía General de la Nación cuenta con protocolos vigentes para la custodia de documentos físicos y digitales, y la gestión de la información reservada”. No obstante, se anunció que “se continuará con la vigilancia interna correspondiente”.
Finalmente, la resolución destaca que la asignación de casos dentro de la Fiscalía se realiza “conforme a criterios de especialidad, competencia territorial y carga procesal”, y que “la existencia de testigos comunes no impide la actuación de un fiscal, siempre que se mantenga la objetividad y separación procesal”. La imparcialidad, según el documento, “se vulnera cuando hay roles contradictorios, lo cual no se configura en este caso”.
La decisión, firmada por Sandra Liliana Mesa Agudelo el 28 de octubre de 2025, concluye: “DECLARAR infundada la causal de recusación propuesta por el doctor Pedro Alejandro Carranza Cepeda, en calidad de apoderado judicial de confianza del ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos, conforme a las razones expuestas”.
Fiscal de apoyo en el proceso de Nicolás Petro fue retirada del caso
La fiscal de apoyo asignada al proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue retirada del caso por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo.
La decisión se tomó tras las denuncias de presiones y objeciones presentadas por la fiscal principal, Lucy Laborde, quien había manifestado su desacuerdo con la designación de apoyo a través de una carta enviada el 22 de septiembre.
En el documento, Laborde expuso que la incorporación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo, formalizada mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, se realizó sin solicitud de su despacho y, a su juicio, “carece de sustento legal y administrativo”.
Además, la fiscal principal señaló que la justificación oficial —la supuesta alta carga laboral y la necesidad de garantizar celeridad y eficacia— no corresponde con la realidad de su oficina, que no enfrenta sobrecarga ni situaciones administrativas que ameriten tal medida.
La fiscal también denunció que la defensa de Petro Burgos ha solicitado diez aplazamientos en el proceso, mientras que la Fiscalía no ha pedido ninguno. Laborde subrayó que ha liderado la investigación durante más de un año sin requerir apoyo adicional y que la asignación de una fiscal de apoyo y la convocatoria a reuniones internas afectan su autonomía funcional como fiscal natural del caso. “Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, afirmó en la misiva.
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