Colectivo feminista insistió en que ‘Epa Colombia’ debería estar en casa por cárcel cuidando a su hija: “Como exagerada esa sentencia, no?”

La situación jurídica de Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió al centro de la discusión pública después de que la empresaria e influencer presentó una tutela a finales de septiembre de 2025.

El documento argumentó que su acuerdo de reparación y su papel como madre deberían incidir en la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre su permanencia en prisión.

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El caso generó reacciones en diferentes sectores y motivó una respuesta por parte de Carolina Benítez Mendoza, subdirectora de la organización Somos Jacarandas, dedicada al activismo digital y la movilización social.

En un video difundido desde la cuenta del colectivo feminista en redes sociales, Benítez abordó la evolución pública y judicial del caso de Epa Colombia, trazando una narrativa desde el ascenso inusual de la influencer hasta el tratamiento penal que ha recibido.

“Oigan, ¿qué pasó con Epa Colombia? Epa Colombia es una persona que parece que se volvió famosa de la noche a la mañana y su popularidad fue algo sin precedentes porque una mujer de clase trabajadora, lesbiana, normalmente en Colombia no se vuelve famosa”, inicia diciendo la integrante del colectivo.

Asimismo, la subdirectora resaltó que la historia de Barrera no solo se explica como un caso de mediático viral, sino como la irrupción de perfiles históricos poco habituales en el escenario público colombiano.

Benítez Mendoza hizo hincapié en el carácter polémico que fue adquiriendo la imagen pública de Barrera Rojas, sobre todo después de las imágenes virales en medio del estallido social de 2019 y sus consecuencias penales.

“El clímax de sus controversias fue cuando, durante el estallido social, ella hizo unos daños a una estación del Transmilenio. ‘Epa’ reconoció públicamente su responsabilidad y, de hecho, pagó una multa por los daños”, relató la activista.

A partir de ese momento, el proceso judicial cobró especial notoriedad en la opinión pública, incrementada por la posterior formulación de cargos por terrorismo que derivaron en su reclusión y condena, que es de 63 meses y 15 días, y que purga en la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá (ubicada en el centro de la capital) luego de su traslado desde la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor (ubicada en la localidad de Barrios Unidos) el 21 de agosto de 2025.

De acuerdo con las declaraciones de Benítez, la condena y privación de libertad para “Epa Colombia” sorprendió a un amplio sector de la sociedad colombiana.

“Por eso todo el mundo quedó en shock cuando, de un momento a otro, le metieron un cargo por terrorismo y la metieron a la cárcel. Porque, vean, digan lo que ustedes digan de ‘Epa’, les caiga bien o les caiga mal, prácticamente todo Colombia estaba de acuerdo en que esto era una exageración”, afirmó Benítez Mendoza, aludiendo que en otros casos y/o sectores de mayor poder económico o político suelen obtener penas alternativas o beneficios procesales.

El argumento se centró también en las condiciones estructurales del sistema penitenciario colombiano, caracterizado por el hacinamiento, la sobrepoblación y la impunidad, así como en la aplicación desigual de la ley dependiendo del perfil del condenado.

“Especialmente en el contexto colombiano, en el que tenemos tanto hacinamiento en las cárceles, en el que hay tanta impunidad y en el que hombres ricos y poderosos con cargos muchísimo más graves pueden pagar casa por cárcel, pero Daneidy Rojas, que tiene una hija, que es una mujer lesbiana de un contexto de clase trabajadora, de repente queda privada de la libertad y no puede ejercer su maternidad”.

Benítez Mendoza profundizó en el concepto de “populismo punitivo” para describir el caso de Epa Colombia.

Según sus palabras, este fenómeno aparece “cuando agarran a una persona y la castigan de manera excesiva para ponerla de ejemplo. Y en un caso como el de Daneidy, pues sin tener en cuenta la perspectiva de género o ninguna de las interseccionalidades que la atraviesan”.

Esta valoración, compartida por distintos sectores de la sociedad civil, sostiene que la severidad de la pena se usó como un mecanismo ejemplarizante más que como resultado de un análisis individualizado del caso.

La subdirectora de Somos Jacarandas expuso que la tutela busca que la Corte Constitucional seleccione y revise el caso bajo una perspectiva de género, y permita a Barrera cumplir el resto de su condena al lado de su hija.

En el video, la activista pidió atención a los efectos de este precedente: “Porque no puede ser que en Colombia hay unos políticos por ahí que han hecho hasta pa’ vender y que están en la calle o están en sus casas y Daneidy no puede ver a su hija crecer. Porque independientemente de lo que ustedes piensen de Daneidy como persona, este precedente es muy peligroso para todas las personas que alguna vez hemos marchado por una injusticia”.

Al final, Benítez Mendoza llamó a la movilización social y digital para que el caso alcance la instancia de la revisión constitucional, insistiendo en la urgencia de garantizar el análisis bajo parámetros de equidad.

“Así que por favor, ayúdennos a compartir este video para que ojalá seleccionen el caso, lo revisen, ojalá con perspectiva de género”, concluyó la activista.