Los riesgos que enfrentan los bancos por transacciones con sancionados en la Lista Clinton

Por primera vez, un presidente colombiano figura en la llamada Lista Clinton, instrumento creado hace más de tres décadas por Estados Unidos para restringir los flujos financieros del narcotráfico y de organizaciones señaladas de tener vínculos con el terrorismo.

El presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incorporados a este listado, que ya incluye a Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

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El abogado y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, analizó en diálogo con El Tiempo los efectos que esta decisión puede tener para el país y los riesgos que representa para las entidades financieras nacionales.

Según explicó, “el Departamento del Tesoro, equivalente al Ministerio de Hacienda en Colombia, administra el programa de sanciones económicas y financieras de Estados Unidos, y la oficina que hace eso es Ofac”. Detalló que actualmente existen 37 programas de sanciones que abarcan casos como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y las organizaciones relacionadas con el narcotráfico.

Jiménez recordó que la Lista Clinton nació en 1995 mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Bill Clinton, con el propósito de bloquear los activos de personas o entidades vinculadas con el narcotráfico. Más tarde, en 2021, el presidente Joe Biden actualizó esa orden para incluir a las organizaciones criminales transnacionales, y este año el presidente Donald Trump amplió las sanciones a carteles designados como grupos terroristas.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, la inclusión del mandatario colombiano se fundamenta en la orden ejecutiva 14.059, “por haber participado o intentando participar en actividades o transacciones que han contribuido de manera material, o que representan un riesgo de contribuir a la proliferación internacional de drogas”.

Respecto a las consecuencias inmediatas, Jiménez explicó que implican el “bloqueo de activos en bancos de los Estados Unidos, incluso en sus filiales fuera del país, y la prohibición de transacciones financieras con jurisdicción norteamericana”. Aunque las sanciones recaen sobre las personas incluidas en la lista, advirtió que la medida eleva el riesgo reputacional del Estado colombiano ante la comunidad internacional.

El jurista indicó que la cooperación bilateral podría verse afectada, recordando que ya se habían registrado reducciones en programas conjuntos tras la descertificación antidrogas. Añadió que si llegaran a incluirse empresas estatales o más funcionarios en la lista, las repercusiones podrían ser mayores, especialmente en materia de financiamiento.

Sobre las obligaciones de las entidades financieras nacionales, señaló que “deben aplicar de manera inmediata las sanciones de Ofac, bloquear los activos de las personas incluidas y abstenerse de procesar pagos o transacciones”. Explicó que, debido a su relación con el sistema financiero estadounidense, los bancos colombianos están obligados a cumplir las normas de esa jurisdicción.

Como antecedente, recordó el caso del Commerzbank de Alemania, sancionado en 2015 con una multa de 1.400 millones de dólares por violar programas de sanciones, incluido el de Irán. Este precedente, afirmó, demuestra la severidad de Ofac frente a incumplimientos.

El abogado señaló que la inclusión del presidente colombiano envía “un mensaje negativo” a la comunidad financiera global, lo que podría traducirse en controles más estrictos a las empresas nacionales que operan en dólares o con bancos norteamericanos. No obstante, aclaró que si las operaciones no involucran a las personas sancionadas, no deberían verse afectadas.

Sobre la posibilidad de que se amplíen las sanciones, mencionó el caso de Nicaragua, donde Estados Unidos sancionó al Gobierno en 2018 tras denuncias de violaciones de derechos humanos y represión a la población. En su opinión, “no creo que estemos en ese escenario, pero es una muestra de que el ingreso a Ofac no es solo por temas vinculados al narcotráfico”.

En cuanto a los mecanismos de respuesta, explicó que Colombia podría actuar por vías diplomáticas o legales. Recordó el caso de Siria, donde Estados Unidos levantó sanciones y retiró más de 500 nombres del listado. Sin embargo, los procesos legales ante Ofac pueden extenderse durante años.

Finalmente, Jiménez recomendó en esta entrevista con El Tiempo a las empresas colombianas revisar sus procedimientos internos y fortalecer los controles para prevenir sanciones indirectas. Sugirió “entender cómo opera el régimen de sanciones y documentar la debida diligencia” para demostrar cumplimiento en caso de auditorías.

Recordó un caso reciente en el que una compañía con filial en Colombia fue multada con más de 600.000 dólares por violar las disposiciones de Ofac.

El especialista concluyó que, aunque el ingreso de un jefe de Estado en ejercicio es un hecho sin precedentes para Colombia, la salida de ese listado dependerá del curso diplomático y de los esfuerzos institucionales para restablecer la confianza internacional.