La controversia en torno a la notaría 37 de Bogotá ha cobrado fuerza tras la aparición de documentos que sugieren que su titular, Álvaro Rojas Charry, habría manipulado su edad oficial para mantenerse en el cargo más allá del límite legal.
Según información obtenida por La Nueva Prensa, existen registros contradictorios sobre la fecha de nacimiento del notario, lo que ha motivado la apertura de investigaciones oficiales y ha puesto en entredicho la transparencia en el sistema notarial colombiano.
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De acuerdo con La Nueva Prensa, el registro civil y la cédula de ciudadanía de Rojas Charry indican que nació en Neiva (Huila) y que cumplirá 70 años el 8 de noviembre de 2025, edad máxima permitida para ejercer cargos públicos en Colombia.
Sin embargo, una partida de bautismo expedida en julio de 2025 por la Parroquia San Antonio de Padua de Gigante (Huila) señala que su nacimiento ocurrió el 11 de julio de 1950, lo que implicaría que ya superó el límite de edad y tendría actualmente 75 años.
Este hallazgo, surgido tras la revisión de registros parroquiales, ha generado sospechas de que el funcionario habría reducido su edad en documentos oficiales, lo que le habría permitido prolongar su permanencia en la notaría y beneficiarse de poder y prestigio.
Rojas Charry fue nombrado notario 37 de Bogotá en 1985, cuando solo contaba con cuatro años de experiencia profesional como abogado, según una certificación del Registro Nacional de Abogados.
El Decreto Ley 960 de 1970 exige al menos diez años de ejercicio profesional para acceder a una notaría de primera categoría, como la número 37 de la capital, lo que pone en duda la legalidad de su nombramiento.
Además, el denunciante anónimo que entregó los documentos a La Nueva Prensa sostiene que el caso podría estar vinculado a una cadena de irregularidades y favores políticos dentro del sistema notarial.
La Superintendencia de Notariado y Registro abrió en 2019 una investigación disciplinaria para determinar si existía falsedad o modificación en los documentos presentados por Rojas Charry al asumir el cargo, según logró identificar El Tiempo.
Aunque se practicaron pruebas, la indagación prescribió en octubre de 2021 sin una decisión de fondo. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación recibió el caso y solicitó verificar si la fecha de nacimiento del notario era el 8 de noviembre de 1955, lo que habría significado que no cumplía con la edad mínima para posesionarse en 1985, según la normativa vigente.
El expediente judicial indica que el 2 de agosto de 1985, una jueza autorizó la corrección del registro civil de Rojas Charry, cambiando la fecha de nacimiento de 1955 a 1954. Dos días después de esta modificación, el notario tomó posesión del cargo.
Posteriormente, en 1998, se realizó una segunda corrección para adicionar el apellido Charry y ajustar nuevamente la fecha de nacimiento, esta vez a 1955. La Fiscalía concluyó que Rojas Charry asumió el cargo sin cumplir todos los requisitos, pero archivó el caso por falta de competencia, ya que los hechos ocurrieron bajo la vigencia de la Ley 600.
El caso adquiere una nueva dimensión con la designación de Diego Mauricio Rojas Peña, hijo del notario, como interino en la misma notaría.
Esta decisión busca asegurar la sucesión familiar en el cargo cuando Rojas Charry alcance la edad de retiro forzoso según su edad “oficial”.
El denunciante, cuya identidad permanece reservada, advierte sobre posibles prácticas de nepotismo y tráfico de influencias, al tiempo que denuncia una estructura de favores políticos en la asignación de notarías.
Consultado por El Tiempo, Álvaro Rojas Charry rechazó las acusaciones y atribuyó la denuncia a una campaña de desprestigio.
Su abogado, Mario Iguarán, desestimó la seriedad de la denuncia por tratarse de un anónimo y cuestionó la autenticidad de la partida de bautismo presentada, sugiriendo que podría pertenecer a un homónimo o ser un documento falso.
Iguarán también argumentó que durante los años 70 y 80 no se exigía tener más de 30 años para posesionarse como notario, y que las pruebas aportadas buscan dañar la reputación de su defendido. Rojas Charry, por su parte, negó cualquier irregularidad y aseguró que su hijo no será designado automáticamente como notario titular, ya que deberá participar y superar el concurso correspondiente, el cual actualmente se encuentra suspendido.
El contexto de este caso se enmarca en un momento de escrutinio nacional sobre el sistema notarial colombiano, tras denuncias de presuntos pagos de sobornos y favores políticos en la asignación de notarías, según El Tiempo.
El concurso para la asignación de estos cargos permanece congelado, mientras el gremio enfrenta una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de sus procesos.
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