El saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció este lunes 27 de octubre de 2025 una propuesta legislativa que busca transformar el enfoque del Estado colombiano frente al crimen organizado.
Montealegre confirmó que presentará ante el Congreso el proyecto de ley estatutaria “por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado”, como su último acto oficial al frente del Ministerio.
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La Comisión Asesora de Política Criminal será la instancia encargada de realizar el análisis técnico y jurídico de la iniciativa antes de su tránsito legislativo, con el propósito de garantizar su viabilidad y coherencia con el ordenamiento colombiano.
El Ministerio de Justicia detalló que esta nueva Guardia de Inteligencia, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, estará orientada a “fortalecer las capacidades del Estado colombiano en la lucha contra el crimen organizado” y operará mediante funciones investigativas con enfoque estratégico y preventivo.
Las labores de la Guardia estarán dirigidas a anticipar y obstaculizar acciones criminales a lo largo del país, bajo “criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado”.
Eduardo Montealegre explicó que, con la creación de esta dependencia, “la Fiscalía General de la Nación contará con la más poderosa herramienta institucional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, avanzando en la desarticulación de estructuras criminales mediante competencias innovadoras con enfoque preventivo”.
Montealegre detalló que la nueva entidad estaría facultada para interceptar comunicaciones electrónicas, como correos, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas. Además, la Guardia de Inteligencia tendría acceso a todas las bases de datos del país y realizaría inteligencia financiera para ubicar y decomisar bienes pertenecientes a organizaciones criminales.
De acuerdo con la propuesta legislativa, la iniciativa contemplaría mecanismos adicionales de control y supervisión democrática, en concordancia con exigencias de transparencia y estándares internacionales.
De forma específica, la propuesta responde al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cajar, que requiere a Colombia fortalecer la regulación y el control civil de los organismos de inteligencia, asegurando su “sujeción estricta a los principios de legalidad y proporcionalidad”.
El modelo toma experiencias de Inglaterra, Italia y Portugal, países que implementaron sistemas especializados para combatir grandes redes criminales, según expuso el ministro en la Comisión.
La propuesta incluye la capacidad de tener interlocución con agencias de inteligencia del mundo entero, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra redes de narcotráfico y otras estructuras delictivas transfronterizas.
Eduardo Montealegre presentó su renuncia como Ministro de Justicia con polémica carta donde le tiró al expresidente Uribe
Eduardo Montealegre Lynett formalizó su renuncia como ministro de Justicia la mañana del viernes 24 de octubre de 2025, un día después de dar a conocer su proyecto de ley dirigido a convocar una asamblea constituyente.
Minutos tras la novedad, Montealegre distribuyó públicamente la carta de dimisión, en la que no solo expuso argumentos para justificar su salida, sino que incriminó directamente a figuras del ámbito político y judicial colombiano.
El documento menciona como responsables de impunidad y favorecimiento de delitos de lesa humanidad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el procurador general.
En palabras de Montealegre afirmó que siente, “profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez”.
El abogado penalista Iván Cancino publicó su reacción en la red X al considerar que la misiva debe entenderse como un acto oficial y no como simple punto de vista personal, en tanto “la carta que presenta el ministro de justicia la hace aún como servidor público! Debe tener consecuencias . Contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias”.
Montealegre añade en su texto: “Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”.
El exministro notificó que buscará respaldo en tribunales internacionales, mientras acusa a otras instancias como la Fiscalía y la Procuraduría de no actuar sobre hechos que considera probados.
El contenido de la carta mantiene repercusión en distintos sectores, en especial por las implicaciones legales que podría conllevar para Montealegre.
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