La controversia en torno a los disturbios ocurridos en la Universidad Nacional de Bogotá el 16 y 17 de octubre de 2025 escaló a instancias judiciales y disciplinarias tras la decisión de la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja contra el rector del claustro universitario, Leopoldo Múnera, ante la Procuraduría.
La legisladora hizo pública esta acción a través de su cuenta en X, en la que compartió los documentos que respaldan sus acusaciones y detalló los hechos que motivaron su intervención.
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En su comunicación, la congresista expuso que los días 16 y 17 de octubre se registraron incidentes en los alrededores de la Universidad Nacional, en los que resultaron heridos varios miembros de la fuerza pública.
Según la senadora, los responsables fueron manifestantes, entre los que identificó a comunidades indígenas vinculadas al Congreso de los Pueblos y otros colectivos, que habrían ingresado de manera ilegal al campus universitario y bloqueado vías públicas.
La congresista denunció que estos grupos emplearon “flechas letales” para agredir a los agentes, lo que, a su juicio, comprometió la seguridad y el orden en la ciudad.
Así mismo, agregó: “Además, interpuse una queja disciplinaria contra el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera Ruiz, por posibles omisiones y negligencias en el manejo de esta situación, que pusieron en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y ciudadanos. Aquí haremos que impere la Ley. No más abusos de supuestas minorías que solo vienen a destruir a Bogotá”, expresó la congresista en su cuenta en X.
La denuncia penal presentada por la precandidata presidencial ante la Fiscalía se fundamenta en varios delitos tipificados en el Código Penal colombiano.
En el documento, la senadora solicita que se investigue a los responsables por perturbación en servicio de transporte público, colectivo y oficial (artículo 353), obstaculización a vías públicas que afecten el orden público (artículo 353A), violencia contra servidor público (artículo 429) y daño en bien ajeno (artículo 265).
El texto detalla que el 27 de octubre de 2025, alrededor de las 8:00 a. m., en la avenida El Dorado con carrera 68, un grupo de personas bloqueó la vía, impidiendo el paso de buses del sistema TransMilenio y de vehículos particulares, lo que generó un caos vehicular que afectó a miles de ciudadanos en sus desplazamientos diarios.
El documento denuncia que los manifestantes recurrieron a llantas, palos y otros objetos para bloquear el tránsito, y que algunos integrantes del grupo agredieron tanto verbal como físicamente a conductores y funcionarios de la Policía Nacional que intentaban restablecer el orden.
Como resultado, varios buses sufrieron daños materiales, incluyendo vidrios rotos, y se produjo una alteración significativa del servicio público de transporte y del orden público en la ciudad.
En la denuncia, la senadora solicita: “Por lo anterior, solicito se adelanten las investigaciones correspondientes para identificar y judicializar a los responsables de los hechos descritos”, según el documento publicado por María Fernanda Cabal.
Paralelamente, la congresista formalizó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera Ruiz.
En este escrito, la senadora argumenta que el rector incurrió en “presuntas omisiones” y “presuntas actuaciones irregulares” durante los hechos del 17 de octubre.
El documento dirigido al procurador Gregorio Eljach señala: “Queja disciplinaria en contra de LEOPOLDO MUNERA RUIZ, en su calidad de Rector de la Universidad Nacional, por presuntas omisiones y actuaciones irregulares en los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2025 en la sede Bogotá”.
La queja disciplinaria describe que el 17 de octubre de 2025 se produjeron graves hechos de violencia pública dentro de la Universidad Nacional, con afectaciones a bienes públicos y riesgos para la integridad de estudiantes, profesores, trabajadores, directivos y personal externo.
Según la denuncia, la autoridad universitaria no adoptó medidas oportunas y eficaces para prevenir los incidentes ni para garantizar el cumplimiento de la ley y el reglamento institucional. El documento subraya que estos hechos han sido ampliamente reportados en medios de comunicación y redes sociales, generando preocupación en la opinión pública por el ambiente de inseguridad y violencia en el campus.
En la solicitud dirigida a la Procuraduría, la senadora pide: “Solicito se adelante la respectiva investigación disciplinaria y se impongan las sanciones a que haya lugar, para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales afectados y prevenir la repetición de hechos similares en el futuro”, según consta en el documento presentado por María Fernanda Cabal.
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