La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), organismo colombiano responsable de la supervisión de operaciones financieras y la prevención de delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, comunicó que no existe ningún requerimiento formal de autoridades extranjeras para investigar al presidente Gustavo Petro.
La aclaración ocurre en medio de rumores crecientes y versiones difundidas a través de medios y redes sociales sobre supuestas investigaciones internacionales que involucrarían al jefe de Estado.
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De acuerdo con la información oficial facilitada por la Uiaf, a la fecha no se han presentado solicitudes procedentes de entidades judiciales ni de otros gobiernos en relación con investigaciones o intercambios de información vinculados con Gustavo Petro ni con su círculo familiar más cercano.
La entidad aseguró: “No se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama de la Nación o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con delitos de lavado de activos, financiación al terrorismo, y proliferación de armas de destrucción masiva”.
La Uiaf enfatizó que su labor se rige por mecanismos de cooperación internacional y estrictos protocolos de confidencialidad y cualquier requerimiento relacionado con la cooperación internacional debe canalizarse bajo los lineamientos oficiales establecidos en tratados y acuerdos multilaterales.
Además, indican que no han recibido reportes de operaciones sospechosas por parte de los bancos, en los que se relacione al presidente o a la primera dama de la Nación con actividades vinculadas a dichos delitos.
En lo que respecta a Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, la entidad aclaró que realizó una búsqueda selectiva en sus sistemas y bases de datos, sin hallar resultados que lo conecten con redes o actividades relacionadas al narcotráfico.
La situación del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue también objeto de aclaración por parte de la Uiaf. Si bien admitieron haber recibido un requerimiento específico de una autoridad judicial sobre Benedetti, el informe elaborado por la entidad “no lo vincula con los delitos mencionados anteriormente, por lo que corresponde valorarlo a la instancia judicial correspondiente”.
Frente a la controversia por la inclusión de altos funcionarios colombianos en la lista de “Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”, conocida como Ofac, por su sigla en inglés, la Uiaf fue enfática en mencionar que esta inclusión no constituye un fallo judicial, sino que corresponde a una “medida administrativa unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal”.
La Uiaf concluyó que, ante la ausencia de solicitudes, reportes o investigaciones formales que comprometan al presidente, la primera dama, su hijo o el ministro Benedetti en delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o actividades relacionadas con el narcotráfico, no existen argumentos basados en pruebas o requerimientos judiciales que justifiquen acciones en su contra.
La entidad reiteró que, ante la eventualidad de recibir un requerimiento que cumpla con los protocolos internacionales y legales, actuará en concordancia con la ley y los procedimientos vigentes.
En relación con la suspensión temporal de Colombia de la Red Segura del Grupo Egmont, la Uiaf informó que mantiene su vínculo con ese grupo y dispone de un mecanismo alternativo que permite continuar el intercambio seguro de información con otras Unidades de Inteligencia Financiera.
La declaración oficial incluyó un recuento de los resultados en materia de inteligencia financiera durante el actual gobierno, poniendo de relieve que, desde el inicio de la administración Petro, se han difundido 999 informes orientados a la judicialización de delitos financieros, con un valor estimado de 169,73 billones de pesos reportados a distintas autoridades. En contraste, durante el periodo anterior, la cantidad reportada fue de 51,1 billones de pesos.
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